El juez pide al Tribunal del Justicia de Cataluña que investigue al diputado Dalmases (Junts) por el desvío de subvenciones

Un juez ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al diputado de JxCat Francesc de Dalmases para que lo investigue por lucrarse presuntamente con más de 224.000 euros procedentes de subvenciones para cooperación de la Diputación, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. En la exposición razonada que ha remitido al TSJC, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, pide investigar a Dalmases po...

Un juez ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al diputado de JxCat Francesc de Dalmases para que lo investigue por lucrarse presuntamente con más de 224.000 euros procedentes de subvenciones para cooperación de la Diputación, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. En la exposición razonada que ha remitido al TSJC, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, pide investigar a Dalmases por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ante los indicios de que obtuvo fondos públicos con ánimo de lucro a través las entidades Igman y Catmon, afines a CDC, entre los años 2014 y 2017, han informado fuentes jurídicas.

La investigación contra Dalmases deriva de la causa por presunto desvío de fondos públicos para cooperación de la Diputación de Barcelona, que suma 50 imputados y que el pasado mes de octubre dio pie a la operación policial en la que fueron detenidos empresarios y miembros del “estado mayor” del 1-O, acusados de aprovechar sus contactos políticos para favorecer sus negocios.

Concretamente, el juez vincula al diputado de JxCat con el desvio de casi 1,3 millones de euros en subvenciones irregulares que las entidades Catmon e Igman -de cuya dirección formaba parte- recibieron del Departamento de Presidencia, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona cuando los gobernaba CDC.

Además de Dalmases, el juez propone al TSJC que investigue a otros seis responsables de Catmon e Igman, entre ellos a Víctor Terradellas, el ex secretario de relaciones internacionales de CDC que reveló supuestos apoyos en Rusia al procés, en una conversación con miembros del “estado mayor” que organizó el 1-O intervenida en el “caso Volhov”. Y pide al TSJC que valore la posible responsabilidad de altos cargos de la Diputación vinculados a la concesión de las subvenciones bajo sospecha: su expresidente Salvador Esteve, de CDC, y Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont que fue Comisionado de Relaciones Internacionales de la corporación provincial.

Según cree el juez, entre los años 2014 y 2017 las fundaciones Catmon e Igman recibieron más de un millón de euros de subvenciones para llevar a cabo proyectos de cooperación al desarrollo y editar las revistas Catalan International View y ONGC, donde los investigadores han hallado artículos copiados de internet.

No obstante, según el instructor, esas subvenciones tenían como objectivo desviar fondos públicos a las fundaciones Catmon e Igman y a los miembros de su dirección, entre ellos el diputado de JxCat, sin que conste que los proyectos de cooperación se llevaran a cabo.

Solo por dirigir la revista Catalunya International View, Dalmases percibió un total de 139.826 euros, a través de facturas que se utilizaron para justificar las subvenciones públicas como gastos imputados a los proyectos, según sostienen los investigadores.

El juez ha detectado numerosas irregularidades en los expedientes bajo sospecha: subvenciones directas por proyectos que se repetían anualmente, con lo que se evitaba la concurrencia pública, o facturas presentades por duplicado o triplicado para justificar ayudas ante distintes administraciones.

La Fiscalía ha pedido al juez que no remita el caso al TSJC hasta que presten declaración el resto de investigados y testigos, sin precisar cuáles, pero el magistrado considera que no puede seguir con su investigación porque ello vulneraría el derecho de defensa del aforado.

La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret ha sido designada, por reparto, ponente de la exposición razonada, por lo que estudiará los indicios detallados por el juez instructor, aunque será la sala de admisiones de la sala civil y penal la que decida si abre investigación al diputado de JxCat.