El malestar de los servicios sociales de Barcelona se dispara tras un año de pandemia

Los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona llevan años saturados y reclamando más medios humanos y materiales. La pandemia y la crisis económica y social han sido la puntilla, con un ...

Los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona llevan años saturados y reclamando más medios humanos y materiales. La pandemia y la crisis económica y social han sido la puntilla, con un máximo histórico de personas atendidas (casi 90.000 en 2020). En otoño pasado alertaron de que su situación era “crítica” y exigieron al gobierno de la alcaldesa Ada Colau una respuesta “valiente y contundente” al tsunami de necesidades. La gota que ha colmado el vaso han sido las ocupaciones, pintadas o pedradas a cinco centros de la ciudad, que no tuvieron condena institucional. Hablan de “menosprecio” y “falta de reconocimiento” por parte de los políticos e instituciones. Este martes han convocado una protesta.

Los 800 profesionales de primera línea arrastran malestar: les faltan medios, acumulan desgaste emocional por la convivencia con familias que lo pasan fatal (en 2020 las ayudas para comida se quintuplicaron); sobrecarga de trabajo; tensión de la atención telefónica desde casa durante la pandemia y con recursos propios (teléfonos y ordenadores)… Hay, además, la promesa (de 2018 e incumplida) de que no tendrán que estar en los desahucios (donde por un convenio con los juzgados acuden a proteger a las comitivas judiciales), algo que las familias no entienden. Y también el pago de pluses a direcciones de centros, que ha causado estupor, porque no se han explicado los criterios. Pese a ser servicios esenciales no se les ha vacunado, añaden.

A diferencia de otros equipamientos, recuerdan, ellos no han cerrado en toda la crisis sanitaria. Media plantilla ha estado en los centros y la otra teletrabajando. En octubre tuvieron un refuerzo de 30 profesionales. “Llegó tarde, es insuficiente y temporal”, dicen. La protesta de este martes la convocan juntos los sindicatos CC OO, CGT, UGT e Intersindical.

“Es un suma y sigue. Venimos de estar al pie del cañón toda la pandemia, con los centros abiertos, cuando otros [SEPE, Seguridad Social] cerraron, sin reconocimiento de la profesión, con la ambigüedad del tema de los desahucios, donde somos quienes recibimos los ataques. La gente se piensa que tenemos pisos y nos los reclaman, o nos ocupan las oficinas o tiran piedras”, denuncia Israel Ureña, de CGT.

El trabajador pregunta: “¿A alguien se le ocurre que los vecinos lanzaran piedras a un ambulatorio? Tenemos tal desprestigio que nuestro trabajo no tiene valor, cuando atendemos a familias vulnerables, víctimas de violencia, infancia en riesgo, mayores…”, defiende Ureña.

”No hay respuesta a todo”

Una de las reclamaciones que figura en la convocatoria unitaria es reveladora: “Falta de un mensaje político que explique a la ciudadanía qué hacemos y qué no hacemos los servicios sociales”. “Las demandas de los vecinos son legítimas, pero no podemos dar respuesta a todo y debe ser la administración quien lo explique”, afirma Ureña.

Una trabajadora social relata así lo que considera “estar a los pies de los caballos”: “La situación en esta crisis es tan dura que a veces no hay respuesta. Al ciudadano que no cobra el ERTE va al SEPE, y le dicen que vaya a la asistenta social. Al que pide un Ingreso mínimo y se lo deniegan, lo mandan a la asistenta. Y llega a nosotros y nosotros no damos prestaciones ni pisos, facilitamos ayudas puntuales”.

Esperança Borrull, de la Intersindical, lleva 30 años trabajando en los servicios sociales, ahora “desbordados ante una sociedad cada día más compleja por sucesivas crisis económicas, migraciones, peores condiciones laborales... y ahora la pandemia”. La paciencia se ha acabado con los ataques a los centros: “No entendemos como ante las agresiones que hemos recibido las políticas no salen a defendernos”, exclama esta veterana.

En una carta reciente de las UGA (Unidades de Gestión Administrativa), sus trabajadores denunciaban la “presión política para aumentar la eficiencia, pero sin introducir los recursos necesarios”. Otra carta del centro de servicios sociales del Clot denunciaba hace unas semanas las difíciles condiciones de trabajo, con bajas sin cubrir, sin refuerzos, teletrabajo con medios personales… y relataba qué suponen las “atenciones telefónicas de 30 minutos”: “Hay que escuchar la demanda, informar del funcionamiento del servicio (si es una primera atención), contener la angustia o indignación de la persona, explorar su situación personal, social y económica para poder valorar la ayuda a ofrecer, e intentar dar la respuesta adecuada a su situación”.

Desde CC OO, la responsable de acción sindical de la sección sindical del Ayuntamiento, Laura Urrea, recuerda promesas gobierno Colau, como un nuevo formato de centros, “pendiente de desarrollar” y denuncia que los “problemas estructurales” se han convertido en estructurales.

Con el aumento de usuarios por la pandemia (un 11%) y para no alargar las listas de espera de las primeras atenciones, se ha derivado a personas que hacen seguimiento de familias. “Si haces primeras atenciones desatiendes el seguimiento de otros; y si lo quieres hacer todo, no vives”, resume Urrea y reprocha la falta de reuniones técnicas para tratar las cuestiones pendientes.

Por parte de UGT, Miquel Rubio, lamenta todo lo anterior “cuando el Ayuntamiento lleva un año diciendo que los servicios sociales somos esenciales”. “Hay una clara falta de reconocimiento político”, dice evocando los ataques a los centros. La única respuesta que hubo fue una circular interna, apunta y apela también al desgaste de los profesionales: “Acompañamos procesos vitales complicados”.

El Consistorio “valora el esfuerzo”

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona responden al clamor de los trabajadores de los servicios sociales que “han sido y son un servicio esencial básico” durante la pandemia. El Consistorio “la está abordando cada día con multiplicación de recursos y pese a no ser la administración competente en muchas cuestiones que se atienden”, añaden. Las mismas fuentes apuntan que sus profesionales afrontan “peticiones derivadas de la desatención o retrasos de otras administraciones”, por ejemplo relacionados con la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital.

“La dirección del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) valora y agradece profundamente el esfuerzo que ha hecho la plantilla para atender estas nuevas vulnerabilidades sobrevenidas e inesperadas”, añaden.