El ex concejal de CiU Antoni Vives acepta dos años de cárcel por un contrato simulado
Los comunes recuerdan que denunciaron ante la Fiscalía al ex responsable de Urbanismo cuando llegaron al Ayuntamiento de Barcelona
Antoni Vives, que fue concejal de CiU de Urbanismo y mano derecha del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, ha aceptado una condena de dos años de cárcel por un contrato ilegal. Vives ha admitido que simuló la contratación de un exalcalde de Convergència i Unió (CiU) que se embolsó 155.067 euros sin llevar a cabo, en realidad, ninguna tarea.
El exedil, que se pasó al sector privado tras la derrota de Trias ante Ada Colau, af...
Antoni Vives, que fue concejal de CiU de Urbanismo y mano derecha del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, ha aceptado una condena de dos años de cárcel por un contrato ilegal. Vives ha admitido que simuló la contratación de un exalcalde de Convergència i Unió (CiU) que se embolsó 155.067 euros sin llevar a cabo, en realidad, ninguna tarea.
El exedil, que se pasó al sector privado tras la derrota de Trias ante Ada Colau, afrontaba una petición de cinco años de cárcel. Pero ha logrado que la Fiscalía rebaje la pena a cambio de asumir los hechos. Tendrá que hacer seis meses de trabajos en beneficios de la comunidad —seguirá un curso de ética pública—, pero no ingresará en prisión por esta causa. El horizonte judicial que se cierne sobre Vives no es muy alentador: ha sido procesado por varios delitos de corrupción en el caso 3%, que investiga el pago de comisiones ilegales a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública.
El juicio se celebró ayer en la Audiencia de Barcelona. Además de vives, estaban acusados Jesús Arévalo —exalcalde de Cervelló que se benefició del contrato ilegal— y Guillermo Müller, exdirector general de Barcelona Regional, el ente que contrató a Arévalo. Vives fue el presidente del consejo de administración de ese organismo durante el mandato de Trias (2011-2015). Los tres acusados aceptaron dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación.
La actual teniente de alcalde de Urbanismo del consistorio, Janet Sanz, recordó en Twitter que fue su partido, Barcelona en Comú, el que denunció ante la Fiscalía a Vives en 2016, tras llegar al gobierno de la ciudad en las elecciones del año anterior y apartar a la cúpula directiva de la agencia de desarrollo urbano.
El alcalde fue contratado desde el 9 de enero de 2012 hasta fin de obra para realizar funciones de “asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes”, con una jornada laboral a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario de 34.000 euros brutos anuales. Sin embargo, Arévalo “ni participó en el proyecto indicado en su contrato laboral (que fue desarrollado por otros técnicos de la compañía) ni en ningún otro ejecutado por la entidad”, en cuya sede no tenía despacho propio ni tampoco consta que acudiera siquiera a la oficina.
“Los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo”, sostiene el ministerio público, que impulsó la querella que dio pie a la investigación.
Arévalo figuró como trabajador de Barcelona Regional hasta el 31 de mayo de 2015, antes de que Ada Colau fuese elegida alcaldesa de la capital catalana, período en el que llegó a embolsarse sin haber llevado a cabo ninguna labor 155.067 euros, cantidad que la Audiencia ha ordenado a los condenados devolver a la empresa municipal en concepto de indemnización conjunta y solidaria.
Inicialmente, la Fiscalía se querelló también contra Antoni Miquel, “Leslie”, cantante de Los Sírex y militante de CDC, por haber estado contratado por Barcelona Regional sin haber desempeñado trabajos para la entidad municipal. Sin embargo, el ministerio público decidió no acusar a Miquel tras revisar la documentación aportada por su defensa y el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación particular en la causa, acabó retirando su petición de pena. La Fiscalía también terminó archivando la investigación sobre la gestión de Barcelona Regional, mientras que el Tribunal de Cuentas desestimó la demanda presentada por el consistorio barcelonés para indagar al respecto.