El cisma en la antigua Convergència agrava la inestabilidad en Cataluña
Un grupo de concejales y cinco senadores dejan el PDeCAT para irse con Junts, el partido de Puigdemont
La inestabilidad política que se vive en Cataluña dio este domingo una vuelta más de tuerca con lo que parece la ruptura total en el PDeCAT, el partido que creó Artur Mas para borrar la imagen de corrupción de la extinta Convergència. Hasta ahora han anunciado que entregan el carné los cinco senadores elegidos con estas siglas, los concejales de 16 poblaciones del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el exconsejero de Cultura huido a Bélgica, Lluís Puig, para sumarse al proyecto de Junts per Catalunya que impulsa Carles Puigdemont. Decenas de pactos municipales cerrados en 2019 podrían peli...
La inestabilidad política que se vive en Cataluña dio este domingo una vuelta más de tuerca con lo que parece la ruptura total en el PDeCAT, el partido que creó Artur Mas para borrar la imagen de corrupción de la extinta Convergència. Hasta ahora han anunciado que entregan el carné los cinco senadores elegidos con estas siglas, los concejales de 16 poblaciones del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el exconsejero de Cultura huido a Bélgica, Lluís Puig, para sumarse al proyecto de Junts per Catalunya que impulsa Carles Puigdemont. Decenas de pactos municipales cerrados en 2019 podrían peligrar ahora.
Junts per Catalunya es un partido nacido el 25 de julio a medida de Carles Puigdemont, que tiene la misma denominación que la marca electoral que concurrió a las elecciones catalanas de 2017 y cuyo cabeza de cartel fue precisamente el expresidente de la Generalitat, entonces ya fugado. Es también la misma marca electoral que se presentó a las elecciones municipales de 2019, cuyas listas estaban integradas mayoritariamente por candidatos con carné del PDeCAT.
Desde que Puigdemont anunció la creación de un nuevo partido en el que él sería el centro de gravedad, la dirección del PDeCAT no escondió sus recelos porque entendían que podrían acabar competiendo por el mismo espacio electoral, aunque entonces todo fueron buenas palabras y deseos de lograr un punto de encuentro y fusionar siglas y proyectos.
Las distancias se agravaron cuando se anunció que el nuevo partido que presidiría Carles Puigdemont y cuyo secretario general sería Jordi Sànchez, expresidente de la ANC encarcelado por el procés, se llamaría igual que la marca electoral de Junts per Catalunya, tras una maniobra legal poco clara para hacerse con el uso del nombre. Los recelos se hicieron realidad y la dirección del PDeCAT anunció hace más de un mes que ponía el caso en manos de sus abogados.
A principios de agosto, que este año ha sido hábil en los juzgados, el partido presentó una demanda en la que se reclama la propiedad de la marca y que se prohíba a los seguidores de Puigdemont que la sigan utilizando. El martes está prevista la vista en un juzgado de Barcelona. Fuentes del PDeCAT recuerdan que, en cumplimiento del acuerdo congresual de Junts per Catalunya, a partir del 1 de septiembre han de empezar a pagar cuota a este partido todos los inscritos que ocupen un cargo público, sean o no del PDeCAT.
Más allá de las batallas internas en este sector del independentismo, queda por ver el alcance que puede tener este reguero de bajas en decenas de gobiernos locales, configurados hace poco más de un año y que ahora podían peligrar según el camino que tomen los cargos públicos del PDeCAT: seguir en el partido o entregar el carné para irse con Junts, una formación que apuesta por la “confrontación inteligente”, en palabras recientes del expresidente. El caso más ilustrativo es la Diputación de Barcelona, donde el PSC gobierna con el PDeCAT tras el pacto que negoció el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ahora también ministro de Sanidad, y que Puigdemont intentó evitar.
La dimisión en bloque de los concejales de Junts per Catalunya no afectará al gobierno del Área Metropolitana de Barcelona que preside Ada Colau y del que forman parte todos los partidos que obtuvieron representación en las elecciones municipales. Entre los dimisionarios están los alcaldes de Sant Climent de Llobregat y de Begues, que son, a la vez, vicepresidente del AMB y portavoz de la formación.
Los alcaldes están con el PDeCAT en su mayoría y probablemente seguirán en ese partido, pues su visión de la política cotidiana está alejada de enfrentamientos institucionales y llamados a la desobediencia. Una de las excepciones es la de la alcaldesa de Girona y diputada de Junts en el Parlament, Marta Madrenas, que desde el primer momento se alineó con el que fue su predecesor en el consistorio.
En el Govern, solo hay una consejera del PDeCAT, que no tiene cargos en Junts, Angels Chacón, que ocupa la cartera de Empresa y Conocimiento, además de Quim Torra, que ya anunció que no se daría de alta en ese partido ni seguiría en primera línea política.
Está por ver la repercusión de estos movimientos en la formación de mayorías en el Congreso de los Diputados. Allí, Junts tiene ocho, pero por lo menos la mitad no tienen carné del PDeCAT. La diputada, Míriam Nogueras, renunció al cargo de vicepresidenta del PDeCAT hace un mes y la portavoz, Laura Borràs, siempre se ha alineado con Puigdemont.
Las dimisiones hacen imposible que ambos partidos puedan concurrir juntos a las elecciones catalanas, con lo que el independentismo se fragmentará todavía más y puede beneficiar a Esquerra Republicana. Pero ni Junts ni el PDeCAT tienen todavía candidato y no se descarta que esta última formación pacte con el Partit Nacionalista Català. Es otra marca política nacida en junio y liderada por Marta Pascal, exsecretaria general del PDeCAT hasta que lo abandonó hace dos años por el seguidismo que se hacía entonces de Puigdemont. Lo cierto es que para entender en qué ha quedado la Convergència que fundó y lideró Jordi Pujol cada vez hace más falta un manual de uso. Artur Mas, mientras tanto, no se ha posicionado ni a favor del sucesor que él nombró en la Generalitat ni con los cuadros políticos que promocionó durante tantos años en los ayuntamientos.
El proceso congresual de Junts está previsto que finalice el 3 de octubre y para entonces es muy probable que ya haya hablado la justicia sobre la utilización de esa marca electoral y sobre la inhabilitación de Quim Torra, tras la vista que se ha de celebrar el 17 de septiembre en el Tribunal Supremo.