La Generalitat da luz verde a la reapertura de la fábrica que explotó en Tarragona, sin saber aún qué falló
El departamento de Empresa asegura que la química Iqoxe ha superado las exigencias de seguridad y la autoriza a retomar la producción
La fábrica de la empresa Iqoxe, en La Canonja, vuelve a producir, cuatro meses después del accidente químico que mató a tres personas y dejó heridas a otras siete. Pese a que las causas que provocaron la explosión siguen sin aclararse, el departamento de Empresa de la Generalitat ha levantado la suspensión de actividad que afectaba a la planta de óxido de etileno y glicoles alegando que no observa riesgos en su puesta en marcha y valorando que la compañía ha aprobado todos los controles de seguridad...
La fábrica de la empresa Iqoxe, en La Canonja, vuelve a producir, cuatro meses después del accidente químico que mató a tres personas y dejó heridas a otras siete. Pese a que las causas que provocaron la explosión siguen sin aclararse, el departamento de Empresa de la Generalitat ha levantado la suspensión de actividad que afectaba a la planta de óxido de etileno y glicoles alegando que no observa riesgos en su puesta en marcha y valorando que la compañía ha aprobado todos los controles de seguridad que se le han exigido.
Iqoxe tenía prisa por reactivar su instalación de óxido de etileno dada la fuerte demanda de este producto que realizan las otras empresas del polígono petroquímico de Tarragona, que lo consideran imprescindible para fabricar espumas y anticongelantes, y que se añade a todo tipo de productos, en especial textiles y detergentes. Iqoxe tiene la exclusiva en la producción de óxido de etileno y, con su planta paralizada, al sector le hizo falta buscar alternativas a kilómetros de distancia y asumir el sobrecoste. Repsol tuvo que proveerse en el sur de Francia, y semanalmente ha movilizado varios camiones cisterna que trasladaban el producto desde Marsella a Tarragona.
Para dar luz verde a la reactivación de la fábrica siniestrada, el departamento de Empresa avala la teoría de Iqoxe, que siempre apuntó que parte de sus instalaciones apenas quedaron dañadas por la explosión del reactor. La Generalitat señala que el visto bueno es parcial y que la autorización para volver al trabajo “no se extiende a las plantas de derivados del óxido de etileno y óxido de propileno que la empresa tiene en el mismo establecimiento, que tendrán que seguir cada una su proceso de autorización para poder volver a la actividad”.
Fuentes de la Generalitat apuntan que “en materia de seguridad industrial, la tramitación ha exigido los mismos requisitos como si se tratara de una planta que empieza desde cero”. Se le requirió a la compañía la elaboración de un informe de seguridad, un documento que analiza las características de la instalación y de su actividad productiva y que detecta los posibles riesgos que presenta. Atendiendo a lo que manda la normativa europea, también se exigió un Dictamen de Seguridad, que consta de un inventario de las instalaciones y de una posterior inspección completa. La explosión de Iqoxe, la tarde del 14 de enero, provocó un estrépito que se percibió desde varios kilómetros a la redonda y desencadenó una inmensa bola de fuego y una lluvia de piezas metálicas. Una de las víctimas mortales fue un vecino del barrio de Torreforta que quedó sepultado dentro de su casa tras un derribo provocado por una pieza metálica, de una tonelada de peso, que salió disparada a tres kilómetros de distancia. Sigue sin aclararse qué fue lo que hizo estallar al reactor, hay una investigación judicial abierta bajo secreto de sumario, pero una de las hipótesis más sólidas es que un aumento de presión descontrolado hizo saltar por los aires toda la instalación.
La Generalitat manifiesta que, antes de aprobar la puesta en marcha de la fábrica, se ha realizado "una nueva inspección de todos los equipos de presión de la planta".
Plazos de investigación sujetos a congelación
El Govern trata de avanzar con el expediente informativo que debe determinar las causas del accidente. La Generalitat encargó una investigación a la consultora noruega DNV GL, unas pesquisas que corren en paralelo a las diligencias que tramita el juzgado de Tarragona y al informe independiente que Iqoxe encomendó al Institut Químic de Sarrià. En lo que refiere a DNV GL, una compañía experta en certificación de procesos de seguridad industrial, la Generalitat le concedió, a principios de abril, un plazo máximo de dos meses para emitir conclusiones. Un portavoz del departamento de Empresa ha apuntado que, dadas las trabas que implica la situación actual por la covid-19, el vencimiento se puede alargar.