El Congreso se abre a reformar la Constitución para blindar el aborto tras salvar los vetos del PP y Vox

La mayoría de investidura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa se ha vuelto a unir para rechazar las enmiendas a la totalidad del PP y Vox que querían impedir siquiera que el Congreso pueda debatir si se blinda y garantiza más y mejor el derecho al aborto en la Constitución. ...

La mayoría de investidura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa se ha vuelto a unir para rechazar las enmiendas a la totalidad del PP y Vox que querían impedir siquiera que el Congreso pueda debatir si se blinda y garantiza más y mejor el derecho al aborto en la Constitución. Esas enmiendas de devolución de la derecha y la ultraderecha a la propuesta del PSOE y Sumar han sido derrotadas por los 177 votos del llamado bloque progresista, maltrecho en los últimos meses tras el abandono de Junts. El PNV también se sumó, pero con los recelos al procedimiento planteado para la reforma constitucional, que fue uno de los argumentos reiterados por el PP y Vox. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y las diputadas que la apoyaron subrayaron la oportunidad y necesidad de cimentar más ese derecho ante la evidencia de que los abortos siguen sin practicarse igual en todos los centros públicos y autonomías.

Tras el rechazo del pleno del Congreso de este jueves a las enmiendas del PP y Vox, la iniciativa del Gobierno continuará su tramitación parlamentaria, que requerirá de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso (210 votos) como en el Senado para ser aprobada. Los 177 escaños de la mayoría de investidura salvaron así el primer escollo en el Congreso de impedir el debate.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que la propuesta es “útil e imprescindible” para “garantizar la libertad” y el derecho constitucional de interrumpir voluntariamente el embarazo en todo el territorio “sin tutelas ni imposiciones” en “condiciones de igualdad y seguridad”. Luego ofreció una catarata de datos para sustentar que esa situación, ahora, no se produce. La ministra recordó así que el 80% de las interrupciones ahora se realizan en clínicas privadas y que, además, con un reparto muy desigual según las diferentes autonomías.

En Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra sí se practican el 75% de los abortos en centros públicos, pero en 11 regiones regidas por el PP no llegan de media al 10%. En Cataluña son el 55%, pero en Andalucía no alcanzan el 0,2% y en Madrid el 0,4%. Redondo rescató aquella frase de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando recomendó desde su púlpito en la Asamblea de Madrid a las que quisieran abortar que se fueran fuera. También apeló a los datos de una clínica en Bruselas que reflejan que el 44% de los abortos que efectúan llegan de la misma autonomía española.

La representante del Gobierno se preocupó de leer literalmente la reforma del artículo 43.4 de la Constitución para fijar bien el sentido del debate: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”. Redondo intentó en vano al final, en una apelación retórica, que el PP fuera “responsable, inteligente y generoso”, se descolgara de su propuesta y la retirara: “Sean, como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado”.

La literalidad de las enmiendas de totalidad, sin texto alternativo, del PP y Vox no era de una semejanza total, pero los argumentos de fondo y forma de sus portavoces en el debate fueron muy difíciles de diferenciar, pese a que el partido ultra sigue en contra del aborto y los populares, que han votado siempre contra las leyes y reformas al respecto, han acabado por asumir la norma vigente. El diputado de Vox, Joaquín Robles López, el único hombre que intervino entre los grandes partidos en el debate, sorprendió al apuntar que la formación ultra podría llegar a plantearse en todo caso una ley de supuestos. Pero el portavoz ultra lo que quiso destacar es que la propuesta del Gobierno era solo, en realidad, un “trampantojo propagandístico” para “ocultar la ineficacia y corrupción” del Gabinete que preside Pedro Sánchez. Unas expresiones que luego repitió y asumió la portavoz del PP, Silvia Franco.

El diputado de Vox incidió mucho en cuestionar la manera jurídica con la que el Gobierno quiere reformar la Constitución, a través del artículo 43 en el capítulo de la protección a la salud y que requiere el apoyo de tres quintos de la Cámara, y no del 168, previsto para los procedimientos agravados, que además de esa mayoría obliga a disolver las cámaras, convocar elecciones y fijar un referéndum. Tanto el diputado de Vox como la del PP no ven la necesidad, ni el consenso, ni la urgencia para afrontar ahora este retoque constitucional. Los dos entienden que el Gobierno lo saca ahora por razones electorales, como “un brindis al sol que no blinda nada” y para “rescatar a un Gobierno en caída libre”, como dijo la popular Silvia Franco, que enfatizó mucho que por ese tipo de “atajos” se podría abrir la puerta en el futuro a otros cambios que se les ocurrieran a otras mayorías parlamentarias.

La diputada socialista y presidenta del PSOE desde hace siete años, Cristina Narbona, defendió con “orgullo, convicción y emoción” la idea de “garantizar la ejecución efectiva” del derecho al aborto que se pretende y que consideró una evolución de las luchas feministas del pasado frente a “los retrocesos que añoran la España de Franco”, y le refrescó al PP todas las veces que han votado en el pasado contra este tipo de avances.

Entre los socios habituales, la mayoría respaldaron las intenciones del Ejecutivo, aunque varios portavoces, como Néstor Rego, del BNG, Ione Belarra, de Podemos, y Pilar Valluguera, de ERC, apuntaron sus dudas sobre si el método elegido por el artículo 43 protege o garantiza más que la propia sentencia del Tribunal Constitucional que desechó el recurso que interpuso en su día el PP. La que más explicitó esas reservas al “atajo interesado” fue la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. La diputada de Junts, Pilar Calvo, no mostró ningún reparo, pero sí aprovechó para subrayar en clave independentista lo “imposible” que resulta en España, en comparación con otros países de nuestro entorno, modificar la Constitución.