La ley franquista de secretos no se reformará por el veto de PP y Junts a los proyectos del PSOE y PNV
Las reformas del Gobierno y los nacionalistas vascos están frenadas en la Mesa del Congreso para que no sean derrotadas con enmiendas de totalidad
La desclasificación esta pasada semana de centenares de documentos relacionados con el golpe del 23-F ha puesto sobre el tapete de los debates pendientes del Congreso la reforma de...
La desclasificación esta pasada semana de centenares de documentos relacionados con el golpe del 23-F ha puesto sobre el tapete de los debates pendientes del Congreso la reforma de la ley franquista de secretos oficiales, de 1968, con dos proyectos registrados y tramitados por el PNV y el PSOE, pero ambos parecen abocados al fracaso. De nuevo. Esos dos textos legales llevan parados meses en la Mesa del Congreso y no avanzan porque el Gobierno ha constatado, en público y en privado, que Junts y el PP no tienen ninguna intención de que prosperen en esta legislatura y los rechazarían al enmendarlos en su totalidad.
El aniversario del 23-F y el acceso facilitado discrecionalmente por el Gobierno a determinados documentos de distintos departamentos sobre el golpe han reavivado el debate sobre la vigente ley de secretos oficiales, firmada por el dictador Francisco Franco el 5 de abril de 1968. Un proyecto que dejaba y aún deja el control de los documentos secretos en manos del propio Centro Nacional de Inteligencia. Nadie entiende en el Parlamento que esa norma siga vigente y todos los partidos asumen que debería adecuarse a los tiempos y a nuestro entorno, pero no hay visos de que pueda actualizarse en lo que queda de legislatura.
La Mesa del Congreso, el órgano que decide qué asuntos o proyectos se admiten y llevan a trámite a las comisiones y al pleno, mantiene paradas desde hace meses dos leyes diferentes del PNV y del PSOE que persigue el mismo objetivo de derogar la norma franquista. Fuentes del Parlamento, del Gobierno, del PSOE, del PNV y de los distintos partidos afectados constatan que ninguna de esas leyes tiene ahora posibilidades de prosperar. Las mismas fuentes coinciden en que no hay mayoría parlamentaria suficiente por los vetos explícitos comunicados por el PP y Junts, en público y en contactos privados más discretos, y apuntan además que una regulación de esas características no tendría sentido intentar imponerla sin el apoyo de los dos grandes partidos, los que tienen más opciones de gobernar.
Hace justo dos años, el PNV, que lleva varias legislaturas empeñado en poner al día esa ley, volvió a registrar su proyecto en las Cortes, sus portavoces han preguntado repetidamente al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros, sin demasiado éxito o concreción. El diputado vasco Mikel Legarda, advirtió ante el pleno en una de esas ocasiones al Gobierno de que no tuviera “la tentación de dejar morir este asunto como en tantas ocasiones en el pasado”. La Mesa del Congreso tomó en consideración por cuarta vez ese texto del PNV, pero ahí sigue varado.
Legarda defiende que revisar la ley es imprescindible en defensa de los derechos civiles y democráticos, la transparencia y para “homologar” la legislación del Estado a la de los países del entorno en esta materia. El proyecto del PNV se limita a fijar un plazo para desclasificar esos secretos oficiales de 25 años, con una prórroga excepcional y motivada de 10 años, prevé la desclasificación de las materias calificadas como reservadas tras 10 años y establece que aquellas materias clasificadas que a la entrada en vigor de la ley hubieran cumplido ya los plazos establecidos quedarían automáticamente desclasificadas.
Al Gobierno y al PSOE esa reforma de apenas cuatro artículos de los 14 de la ley franquista le parece escasa. “Necesitamos una regulación nueva homologada al resto de los países europeos de nuestro entorno, de la OTAN, de los demás servicios de inteligencia europeos, y que sea constitucional y democrática”, exponen responsables del máximo nivel del Ejecutivo y del grupo parlamentario socialista. Y esgrimen que no es solo una cuestión de recortar plazos. “La propia clasificación de lo que es un secreto es obsoleta, los conceptos son distintos ahora en otros servicios de inteligencia europeos y hay que determinar mejor quién es la autoridad que puede clasificar y desclasificar y no cómo ahora, que no se tiene ni que argumentar y que lo hace el propio CNI, así como regular el acceso parlamentario, judicial y hasta ciudadano”, explican las mismas fuentes gubernamentales.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, trabajó con los distintos ministerios implicados, con la UE, la OTAN y otros servicios de inteligencia, un esbozo de proyecto más completo y complejo que se denominó ley de Información Clasificada y el Gobierno lo aprobó el 22 de julio de 2025. En esa redacción el propio Ministerio de Presidencia tendría la última palabra en la calificación de los asuntos, se fijaban multas desde 800.000 a 2,5 millones de euros por revelar ese tipo de información (excluyendo a los periodistas y dejando en manos de los jueces decidir si prevalece el derecho a la información o el deber de guardar secreto) y, sobre todo, establecía una desclasificación automática de los documentos tras un plazo de entre cuatro y 45 años, según el nivel de confidencialidad y con opciones de prórrogas o reclasificaciones justificadas. Esa ley también sigue parada a la espera de que la Mesa la califique, algo que no sucederá hasta que se atisbe alguna opción de mayoría.
Junts hizo saber públicamente, cuando rompió con el Gobierno en otoño ante los incumplimientos que le achacaron en distintas materias, que esa ley no entraba en el cupo de las que dejaría pasar. El partido nacionalista catalán avisó, además, de que si el Gobierno se empeñaba en impulsarla y continuar su trámite presentaría una enmienda a su totalidad, que el PP se apresuró a anunciar que apoyaría y facilitaría que fuera tumbada. Un alto cargo socialista del Ejecutivo se puso en contacto discreto con el PP para sondear si había alguna opción de que su iniciativa prosperase con el respaldo de los dos grandes partidos de la Cámara y no obtuvo ni respuesta. Otras fuentes socialistas precisaron ahí incluso que el PP les aclaró que no les apoyarían en nada. El PP no aportó su versión de esas conversaciones.