El PSOE aprovecha la ley de multirreincidencia para recomponer relaciones con Junts pese al rechazo de los socios progresistas

El Congreso se dispone a aprobar el jueves, con una ratificación bastante holgada y simbólica, el dictamen del primer proyecto legal de este periodo de sesiones en 2026 con el respaldo a la llamada ley de multirreincidencia, que supone relevantes modificaciones del Código Penal para endurecer las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes que comentan delitos de manera continuada. Ha sido un instrumento del Gobierno para recomponer las relaciones rotas con Junts, pero ahora reflejará las diferencias en esa materia con los socios progresistas, que la rechazan. El proyecto pasará así al Senado y si las enmiendas allí anunciadas por Vox no son aceptadas entrará después en vigor. La Cámara baja, por otro lado, respaldó, este martes de manera casi unánime tomar en consideración una inminente reforma constitucional para otorgar a la isla de Formentera un senador, la única isla que no tenía esa representación.

La ley de multirreincidencia, que se debatirá y aprobará en el Congreso en principio en su último paso este jueves, fue registrada por Junts en abril de 2024, admitida a trámite en septiembre de ese año y validada en la comisión de Justicia con el visto bueno del PP, PSOE, Vox, Junts y PNV a finales de diciembre. Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG ya se opusieron entonces y siguen en esa posición. Vox ratificó este martes que presentará, cuando a partir de esta semana sea enviada al Senado, algunas enmiendas para endurecer “la posibilidad de que los extranjeros multirreincidentes sean repatriados y cumplan sus penas en sus países de origen”, como anunció su portavoz en la Cámara baja, Pepa Millán.

Ese paso no cambiará nada en el Senado y la ley prosperará según lo pactado, pese a las pegas que han incrementado socios del Ejecutivo como Sumar o Podemos, que consideran que el PSOE ha cedido en este caso a las posiciones más derechizadas de Junts, algo que ha llevado a ERC a posicionarse cerca de la abstención por el uso político y electoral que se ha hecho del problema de la reincidencia de delitos muy particularmente en Cataluña. El Gobierno cuenta con que esa votación prosperará sin excesivos problemas y el PP en este caso la secundará porque entiende que acepta gran parte de sus posiciones.

La norma persigue endurecer penas por hurto cuando este sea repetitivo y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. Junts ha apostado incluso por modificar el Código Penal para que se aplique una condena de hasta tres años de cárcel a quienes cometan esos delitos repetidos, aunque el monto total de lo robado no sume 400 euros. El portavoz socialista, Patxi López, anticipó este martes que la ley recogerá un “amplio consenso” porque su redacción “ha perimetrado” mejor las necesidades, las medidas y los delitos contemplados y también que se ha pactado con la derecha parlamentaria una pena de uno a cinco años para el denominado petaqueo, que es el apoyo logístico que se presta en determinadas zonas de España a las narcolanchas mediante el transporte o suministro de combustible.

El Congreso también apoyó este martes de manera casi unánime la toma en consideración para llevar a un próximo pleno de manera más bien urgente la reforma del artículo 63.9 de la Constitución para facilitar que la isla de Formentera pueda elegir un senador propio, con independencia del que ya elige la isla de Ibiza. No hubo un gran debate al respecto. Casi todos los portavoces subrayaron que esa demanda histórica, que ya recabó gran consenso en 2004 y luego en 2007, permitirá una representación individual, directa y democrática para Formentera y sus ciudadanos, como tienen ya ahora la mayoría de islas de España.

Las reformas constitucionales no son habituales y requieren de un apoyo casi general para prosperar, lo que evidencia el frenazo que sí está sufriendo otra pendiente, la que pretende recuperar en la Comunidad Valenciana el histórico Derecho Civil Valenciano, un derecho foral que figura en el estatuto de esa autonomía y que han apoyado 539 de los 542 municipios valencianos, una gran mayoría de la sociedad civil, universidades, sindicatos, empresarios, colegios profesionales o asociaciones culturales. Las Cortes valencianas abordaron esa propuesta en 2020, el gobierno del Botànic lo refrescó en 2022 con respaldo del PP y el rechazo de Vox y Ciudadanos, pero desde entonces apenas se ha avanzado nada, sin que aprieten con esa demanda ni desde el gobierno autonómico actual, ni de sus Cortes ni los grandes partidos, PP y PSOE.

El presidente de la Asociación de Juristas Valencianos, José Ramón Chirivella, constata que ni PP, ni PSOE ni Vox quieren mover esta reivindicación como se ha comprobado en estos últimos años, y pone deberes al nuevo presidente, el popular Juan Francisco Pérez Lorca, elegido para relevar al cuestionado Carlos Mazón: “Su primera actuación debería haber sido para reiterar lo que promovió como alcalde de Finestrat: denunciar el bloqueo que desde hace casi seis años padecemos los valencianos y recuperar nuestro autogobierno en materias como el derecho de familia, sucesorio, de aplicación para la pervivencia de las empresas familiares o las explotaciones agrarias”.