El Gobierno se reivindica tras la derrota en Extremadura como garante de los servicios públicos frente a la “involución”

Pedro Sánchez cierra 2025 magullado tras el descalabro del PSOE en las elecciones extremeñas pero confiado en que las políticas públicas del Gobierno y su comparación con la “involución” de los recortes y privatización donde el PP gobierna en solitario o a expensas de Vox serán apreciadas a medio y largo plazo por los ciudadanos cuando convoque las elecciones generales. El último Consejo de Ministros del año ha aprobado un escudo social que dará cobertura a millones de españoles. Un bazuca de gasto público que abarca desde la prorroga a las ayudas al transporte durante todo 2026 y el lanzamiento de un abono único con un coste de 1.371 millones al aumento de las pensiones mínimas entre un 7% y un 11,4% y de las no contributivas un 11,4%. Lo mismo que el ingreso mínimo no vital. En La Moncloa confían que les sirva para revertir la crecida de la ultraderecha, que ha desequilibrado la igualdad entre bloques, y para encauzar la relación con los socios de coalición molestos por la reacción del PSOE tras quedarse noqueado por los casos de corrupción y acoso.

“La ciudadanía de comunidades autónomas donde se están desarrollando los pactos de PP y Vox todavía no está sufriendo ni viendo las consecuencias de la involución de los recortes que plantean dejando morir los servicios públicos o libertades como la del derecho al aborto porque el Gobierno de España está siendo una garantía para proteger esos derechos de la ciudadanía, esos servicios públicos”, ha distinguido Elma Saiz en su estreno como portavoz del Ejecutivo.

El Gobierno cree que el tiempo le dará la razón y los ciudadanos distinguirán su gestión de la del PP. Un ejemplo clarísimo lo ha dejado la decisión de mantener la financiación del 20% al transporte público sin que sea obligatoria la cofinanciación autonómica o local adicional. “Ya saben ustedes que al enemigo ni agua y este Gobierno es el enemigo de la derecha de este país. Con tal de dejar tuerto al Gobierno, algunos están dispuestos a dejar ciega a la ciudadanía”, ha observado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a la espera de constatar el respaldo de las comunidades autónomas o ayuntamientos a propuestas como la del abono único. “No es magia, son tus impuestos. De las primeras medidas que un gobierno de derecha y extrema derecha anularía serían estas”, ha recalcado.

Tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, procesado en el caso en supuesto enchufismo al hermano del presidente, el análisis del cataclismo del PSOE en Extremadura, donde fue víctima de la desmovilización de su electorado -el consuelo es que la mayoría de ese voto se fue a la abstención y el trasvase al PP que auguraban algunas casas de encuestas fue testimonial-, se centra en cómo el PP fracasó también su estrategia de adelantar los comicios para no depender de la ultraderecha. Sin embargo, el PP ganó solo un escaño y perdió 10.000 votantes, mientras Vox se disparaba de 5 a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura. “[María] Guardiola decidió esta convocatoria electoral porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es que el PP esté más atado que nunca a Vox”, ha afirmado Elma Saiz, que ha apelado a “la responsabilidad de todas las fuerzas políticas” para “preservar a las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones”, en alusión a la dependencia que la baronesa popular tendrá del partido de Santiago Abascal, del que necesita al menos su abstención.

En La Moncloa y Ferraz son tajantes y rechazan la menor posibilidad a que el PSOE pudiese facilitar la investidura de Guardiola o ir más allá y ofrecerle un pacto de estabilidad a cambio de que no dependa de Vox, como propuso el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra el lunes tras ser invitado a la reunión de ejecutiva del PSOE autonómico en la que Gallardo formalizó su renuncia. Rodríguez Ibarra no obtuvo el respaldo de nadie. Uno de los argumentos que dan fuentes del máximo nivel de la cúpula del PSOE y de La Moncloa es que el PP ya ha gobernado en cinco comunidades autónomas con Vox y que fue la ultraderecha la que se salió de esos Ejecutivos. Y apostillan que el PP sigue gobernando desde hace más de dos años en más de un centenar de ayuntamientos con la formación de Abascal, sin que Alberto Núñez Feijóo haya puesto ningún impedimento.

El Consejo de Ministros ha aprobado además la prórroga de los Presupuestos para 2026. La aprobación de unas cuentas actualizadas -las vigentes se remontan a 2023, es decir a la pasada legislatura- no parece posible tras la ruptura con Junts. Sin embargo, Puente ha defendido que unos nuevos Presupuestos no son necesarios. “Quienes viven instalados permanentemente en la ficción y en el drama injustificado, y sostienen que no se puede gobernar con unos Presupuestos prorrogados o con un Parlamento que no es una correa de transmisión del Gobierno, se olvidan de la realidad, y la realidad es que cada martes el Consejo de Ministros adopta medidas muy importantes que transforman para mejor la vida de la gente”, ha esgrimido.

Las críticas de Sumar, IU y Podemos a Sánchez tras los resultados en Extremadura y su respuesta a la catarata de escándalos protagonizados por gente que perteneció a su círculo de confianza como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Francisco Salazar tampoco parecen que hayan hecho mella en el ala socialista del Gobierno. “En un Gobierno de coalición se producen encuentros y desencuentros, pero lo más importante es el objetivo compartido, seguir haciendo crecer a nuestro país sin dar un paso atrás en derechos, siendo una de las economías que más crece desde lo macro hasta los micro, con medidas como las que hemos aprobado para las familias y el conjunto de la ciudadanía. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, ha despachado la ministra portavoz el malestar del socio minoritario, que pese a las muestras de enojo no contempla salir del Ejecutivo.