PSOE y PP acuerdan con Junts acelerar la ley de multirreincidencia, que irá al primer pleno de febrero
Podemos y EH Bildu expresan su sorpresa por el pacto de los socialistas con todas las derechas parlamentarias
PSOE, PP y Junts han acordado este jueves con otros partidos de la derecha parlamentaria seis enmiendas para acelerar la tramitación de la ley de multirreincidencia, una de las exigencias del partido de Carles Puigdemont y que estaba sin cumplir. Podemos y EH Bildu han expresado su oposición, en línea con el rechazo de la mayoría de los demás socios de izquierdas del Gobierno. El informe de la ponencia de la ley ha sido así respaldado por mayoría y la comisión de Justicia lo validará ahora entre el 15 y el 19 de diciembre con el compromiso de que la ley pueda entrar en el orden del día del primer pleno del nuevo periodo de sesiones, ya en febrero.
La reunión de la ponencia de la comisión de Justicia que debía sentar las bases de la ley orgánica de multirreincidencia deparó en la tarde de este jueves otro momento sorpresa de esta peculiar XV legislatura. Cuando las relaciones políticas parecían más tensas en el triángulo entre PSOE, PP y Junts, y tras algo más de una hora de deliberaciones discretas y a puerta cerrada, se fraguó un acuerdo sobre una de las normas más simbólicas para Junts en este mandato, que formó parte de su acuerdo de investidura con el PSOE, luego se paró durante meses y provocó, en parte, la ruptura escenificada hace varias semanas por el partido de Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Esa ley era uno de los incumplimientos que el propio Sánchez se comprometió este martes, en sendas entrevistas a medios catalanes, en reparar para intentar recomponer su relación con Junts y estirar la legislatura. Dos días después ha llegado este pacto, que a la salida de la cita el representante de Bildu, Jon Iñarritu, ha tildado de “exótico” y la de ERC, Pilar Valluguera, de “sorprendente”.
La ley de multirreincidencia, que supone relevantes modificaciones del Código Penal, promueve un endurecimiento de las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes y que comentan delitos de manera continuada. Fue registrada por Junts en abril de 2024 y admitida a trámite en un pleno del Congreso en septiembre de ese año con el visto bueno del PP, PSOE, Vox, Junts y PNV. Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG ya se opusieron entonces y siguen en esa posición. La mayoría que podría acabar votando esa norma a favor podría superar los 300 escaños y convertirse así en una de las leyes con mayor apoyo de la legislatura.
El PP ha querido matizar tras la reunión que no han llegado “a ningún acuerdo específico a tres solo con el PSOE o Junts” sino que han presentado por su parte tres enmiendas transaccionales al texto del proyecto del partido de Puigdemont y que han sido aceptadas por mayoría, también con Vox.
La ponencia de este jueves, con la que se ha reactivado y acelerado la ley, ha estudiado algunas de las enmiendas presentadas pero, sobre todo, ha resuelto y aprobado el informe final que se someterá ahora a la consideración de la comisión de Justicia la tercera semana de diciembre previo paso al pleno, que ya será en febrero. El escenario se ha desatascado cuando PSOE, PP y Junts han cerrado seis enmiendas transaccionales y permitido la votación del informe, que ha prosperado por mayoría.
Junts ha valorado el nivel de las aportaciones efectuadas en la ponencia, con correcciones más técnicas que de fondo a su propuesta inicial, y desde el PSOE se ha destacado que la mayoría de las enmiendas cerradas van en la línea de lo que llevan defendiendo hace tiempo para atajar el problema de la multirreincidencia en los delitos menores, en concreto en Cataluña.
La norma persigue endurecer penas por hurto cuando sea repetitivo y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. Junts apostaba incluso por modificar el Código Penal para que se aplique una condena de hasta tres años de cárcel a quienes cometan esos delitos repetidos, aunque el monto total de lo robado no sume 400 euros. Uno de los flecos que queda por cuadrar ahora para la comisión de mediados de mes es si los Ayuntamientos perjudicados por la comisión de estos delitos múltiples podrán personarse en esos casos y ejercer la acción penal cuando no lo haga la Fiscalía, para lo que haría falta modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.