Cultura reclama el archivo histórico de la Fundación Francisco Franco

Un paso más para la extinción de la Fundación Francisco Franco. El Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun ha anunciado que reclamará el archivo histórico del que dispone dicha fundación mediante la Abogacía del Estado por considerar que los miles de documentos que obran en su poder son de patrimonio público “y deben ser restituidos al Estado”. Cultura analizó este verano 27.620 documentos disponibles en la página web de la fundación para determinar si son de carácter público o privado. El informe emitido concluye que pertenecen al pueblo, dado que proceden de la actividad de un jefe de Estado y se produjeron en su mayoría en la Casa Civil y en la Secretaría del dictador.

La procedencia no es el único criterio para determinar la propiedad de estos papeles, también los sellos oficiales, membretes o firmas que presenten; su relación con el ejercicio institucional, gubernativo y jurisdiccional, así como los informes clasificados por seguridad y defensa del Estado. Todo ello “pertenece a los españoles, a los investigadores, para que puedan documentar la represión”, ha señalado Urtasun en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. “Pertenecen al dominio público”, ha asegurado el ministro.

El fondo conserva 950 escritos de los años treinta, 8.500 de la década posterior y 9.500 de la siguiente (la mayor parte, un 34%); de los Sesenta hay 5.700 y 1.040 de los setenta, a los que hay que añadir 2.000 sin datar. “Deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público siguiendo la Ley del Patrimonio Histórico Español”, sostiene Cultura en un comunicado. El artículo 54.1 de esa norma indica que quienes hayan desempeñado cargos públicos están obligados a entregar a sus sustitutos cualquier papel generado en el ejercicio de esa función o al archivo que corresponda. Son bienes imprescriptibles y no pueden ser adquiridos por haberlos atesorado durante un tiempo.

El acervo franquista conserva expedientes sobre relaciones y visitas de jefes de Estado extranjeros, como la del estadounidense Eisenhower a Madrid en 1959 o la de Evita Perón en 1947, misivas de interés diplomático así como información de acontecimientos históricos, como la Segunda Guerra Mundial o el ingreso de España en la ONU. El archivo guarda memoria escrita también de las relaciones con las antiguas colonias, norte de África y procesos de descolonización, así que como asuntos de Gibraltar y relaciones con el Vaticano.

Las medidas para pasar este archivo a poder público llega meses después de iniciarse los trámites para anular esta fundación, para lo que se han presentado informes que documentan el choque de esta entidad con la Ley de Memoria Histórica “por su apología” de la dictadura franquista y la “humillación para la dignidad de las víctimas” de ese periodo. “Los españoles no tiene por qué pagar —a través de los beneficios fiscales— estas actividades antidemocráticas”, sostiene el Gobierno.

Para conseguir los papeles del archivo franquista, Cultura confía en que la justicia actúe en el mismo sentido que lo hizo con el Pazo de Meirás, residencia de recreo de la familia del dictador en Galicia. Una sentencia del año pasado consideró que algunos de los bienes recogidos en el palacio pertenecían a la Administración porque “reflejan el devenir de la historia política, económica y social de España entre 1938 y 1975”. La sentencia, en todo caso, está recurrida.

En estos días en los que se cumplen 50 años de la agonía y muerte del dictador, Cultura ha iniciado también un proceso paralelo para extinguir otras cuatro fundaciones dedicadas al falangista José Antonio Primo de Rivera, al político Blas Piñar, la que lleva el nombre del cuñado del dictador, Ramón Serrano Suñer, y la fundación para la infancia Queipo de Llano, militar al que los historiadores califican sin ambages como criminal de guerra.