El Gobierno acelera varias leyes en el Congreso que han contado con el apoyo de Junts
El Ejecutivo desbloquea la proposición sobre multirreincidencia. En los cinco plenos que quedan antes de Navidad irán también movilidad sostenible, atención a la clientela, ELA, dana, economía social y función pública
La XV legislatura está bloqueada, según Junts, pero sigue funcionando igual, para el Gobierno. Y no parece que vaya a cambiar nada relevante en las próximas semanas. En los apenas cinco plenos que quedan por desarrollarse en el Congreso en este periodo de sesiones, antes del parón navideño, el Gobierno del PSOE y Sumar quiere impulsar la tramitación de media docena de proyectos que estaban parados y que habían contado hasta ahora con el apoyo de Junts. Algunos están ya a punto de llegar al pleno, para que todos los grupos se retraten en la votación, y otros se acaban de reactivar en ponencia, como la muy demandada por Junts ley de multirreincidencia.
En el Gobierno central no ven que la legislatura esté ni fulminada ni agotada, pese a la consumación esta semana por parte de Junts, quien fue socio de investidura, de la amenaza de que presentará enmiendas a la totalidad a todos los futuros proyectos de ley que se pretendan y de que no respaldarán los que no estén ya firmados. Es una amenaza que suena más contundente que aplicable en muchos casos concretos, y esa es la esperanza para los partidos de la coalición gubernamental, que además quieren ponerla a prueba en las próximas semanas.
Este jueves, a primera hora, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y los otros seis diputados de la formación de Carles Puigdemont, se plantaron en la sala Clara Campoamor y comunicaron que la legislatura quedaba bloqueada porque de las 50 leyes ya en trámite parlamentario solo tres tenían con ellos un compromiso por escrito. También advertían que no negociarán ya nada más y avisaban de que presentarían enmiendas de totalidad y rechazo a todos los proyectos pendientes. Esa tarde, sobre las seis, el Congreso reactivaba la ponencia de discusión de uno de los proyectos que Junts más ha peleado en el último año, la ley contra la multirreincidencia.
La propia Nogueras interpretó este viernes, en RNE, que tras las últimas decisiones adoptadas por Junts para desmarcarse del Ejecutivo central se habían movido cosas y citó la ley de multirreincidencia y las conversaciones y comunicados conjuntos con el Gobierno alemán para buscar un acuerdo sobre el uso de todas las lenguas oficiales de España en las instituciones europeas. La dirigente de Junts aclaró, sin embargo, que esos pasos no provocarán su “marcha atrás”, ratificó que la legislatura está rota y volvió a mostrar su malestar porque el presidente, Pedro Sánchez, no haya comparecido aún para explicar cómo piensa seguir gobernando sin apoyos. En el Ejecutivo precisan que están con la misma minoría parlamentaria de partida con la que llevan operando todas las semanas en el Parlamento desde hace dos años: los 147 escaños de PSOE y Sumar.
El PSOE pretende avanzar en la legislatura de forma similar a como lo ha hecho hasta ahora. Cuando tengan claro que un proyecto de ley puede ser beneficioso socialmente, y constaten que pueda tener interés también para Cataluña, se lo mostrarán a Junts y esperarán su pronunciamiento. Cuando concluyan que esa iniciativa no tiene visos de prosperar, porque Junts haya manifestado claramente su oposición, no continuarán su tramitación, como han hecho hasta ahora con una treintena de propuestas que están paradas en lo que el PP llama “el congelador de Armengol”, en referencia a la presidenta de la Cámara.
Al Ejecutivo no le ha venido nada mal que en la tarde de este jueves se pusiera en marcha la ponencia que debe debatir al detalle ahora la ley contra la multirreincidencia, un cambio en el Código Penal que Junts presentó en abril de 2024 y se tomó en consideración en septiembre de ese año con el apoyo de esa formación más PP, Vox, PNV, UPN y PSOE, pero que tuvo el voto en contra de los aliados de izquierdas. Esa división sigue igual. Si llega al pleno saldría con el respaldo de la derecha parlamentaria.
Fuentes gubernamentales precisan que la norma no se ha frenado sin más sin más y destacan que en este lapso de tiempo los ministerios de Interior y Justicia han evaluado su impacto, se han tomado en consideración cuestiones como la redacción de los atestados, se ha habilitado un sistema para dar instrumentos a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las policías locales, para que tengan acceso a esas bases de datos y se comunicó a Junts, en las reuniones mensuales de Suiza con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se iba a fijar la ponencia de inmediato. En estos meses se han tramitado las enmiendas de totalidad y las parciales y se ha revisado todo el articulado de la ley. La ponencia comenzará el miércoles que viene tras el pleno en el que Pedro Sánchez comparecerá para dar cuenta de varias cuestiones de actualidad.
En las siguientes semanas, en los cuatro o cinco plenos que se podrán celebrar antes de Navidad y del parón legislativo por las elecciones ya convocadas el 21 de diciembre en Extremadura, se llevarán a discusión y votación otros proyectos que pueden poner en aprietos a Junts. El calendario está muy estudiado y tasado.
El jueves 13 de noviembre se abordarán en el hemiciclo dos proyectos de ley que en principio Junts apoya: la ley de movilidad sostenible y la ley de atención a la clientela. La semana siguiente se incluirá en el orden del día la convalidación del decreto con la financiación especial de 500 millones para la ley sobre los enfermos de ELA y probablemente el de la dana. Y está previsto para los últimos plenos de este periodo la ley de Economía Social, por la que Junts mostró gran interés, y la ley de Función Pública, que ha incluido dos demandas muy requeridas por el partido catalán: la elección de los secretarios municipales de los Ayuntamientos por los propios territorios y que cualquier persona que quiera pueda y deba ser atendido por todas las administraciones, también la central, en la lengua catalana. En la recámara, el Gobierno va a acelerar la ponencia de la ley de vivienda sobre los alquileres temporales y la que pretende regular los lobbies de presión.