El Gobierno da tres meses a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias para que creen el registro de objetores del aborto
Las cuatro comunidades incumplen la ley al no contar con las listas de médicos, según un informe de Sanidad que adelantó EL PAÍS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes de Aragón, Principado de Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid en la que les da tres meses para crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto. Se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Las cuatro comunidades autónomas incumplen la norma al seguir aún sin crear dicho registro, según un informe del Ministerio de Sanidad adelantado el pasado jueves por EL PAÍS. Los Gobiernos de Baleares, Asturias y Aragón se han comprometido este lunes a elaborar los registros tras la misiva de Pedro Sánchez, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que esa herramienta solo sirve para “estigmatizar” a los sanitarios.
“La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental”, advierten fuentes del Ejecutivo, que indican que el respeto a la objeción de conciencia “nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”.
“Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así comienza la carta enviada por Sánchez a los presidentes de estas cuatro comunidades ―Aragón, Madrid y Baleares, con Gobiernos del PP; y Asturias, cuyo Ejecutivo lidera el PSOE― a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En su misiva, el jefe del Ejecutivo hace hincapié en el retraso de un año que llevan estas autonomías en la creación del registro de objetores de conciencia que es “de obligado cumplimiento”.
“El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio”, continúa Sánchez, que advierte de que si “transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de su lugar de residencia y asegurar que puedan “ejercer ese derecho en la sanidad pública y con todas las garantías”, apuntan fuentes del Ejecutivo.
“El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías”, concluye la carta de Sánchez.
La misiva llega después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una iniciativa de Vox en la que se planteaba la obligación de informar a las mujeres de un supuesto síndrome post aborto, un diagnóstico sin base científica. El PP del consistorio de la capital votó a favor de la moción aunque fue matizada un día después por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que indicó que la información que se dará a las mujeres que pretendan abortar no será obligatoria, sino voluntaria y que “no la va a determinar Vox” sino “los profesionales del Ayuntamiento de Madrid”. Esta polémica en el consistorio madrileño supuso que el presidente del Gobierno anunciara que llevará una propuesta al Congreso de los Diputados para blindar el derecho al aborto en la Constitución ante el riesgo de que el PP y Vox pongan en cuestión el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La respuesta de las comunidades
La respuesta de las autonomías no ha tardado en llegar. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha expuesto que esta carta forma parte de “una campaña para tapar todos los escándalos que rodean al presidente” y aunque no ha aclarado qué contestará a la misiva de Sánchez sí ha dejado claro que considera que el registro sirve para “estigmatizar” al personal sanitario. El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha indicado que “respeta y respetará las leyes” y se ha comprometido a poner en marcha el registro de objetores de conciencia “sin ningún problema”. Sin embargo, ha apuntado que en su opinión “detrás de eso hay otra cosa”. Azcón ha acusado a Pedro Sánchez de querer “poner el aborto en el centro del debate” como cortina de humo para tapar los “indicios de que el PSOE se está financiando de forma ilegal”.
Por su parte, la consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha subrayado que la prestación del aborto en la sanidad pública en su región está garantizada y ha subrayado que Baleares está “cumpliendo la ley” y ha avanzado que el decreto para hacer posible el registro de objetores “está en vías de desarrollo”, pendiente de los informes del Consejo Consultivo y el Instituto de la Mujer. Desde Asturias, la única región socialista que no cuenta con el registro de objetores de conciencia, el Gobierno del Principado ha avanzado que está trabajando para aprobarlo “a la mayor brevedad” a través de un decreto. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, ha confirmado que el Servicio de Salud del Principado ya ha dictado las instrucciones a todas las áreas sanitarias para llevar a cabo este registro, aunque ha defendido que el derecho al aborto en la región está “absolutamente garantizado”.