Siete ex altos cargos del Gobierno de Murcia se sientan en el banquillo por un pelotazo urbanístico junto al Mar Menor
Dos antiguos consejeros del PP están acusados de prevaricación por planificar en terrenos protegidos 10.000 viviendas que no llegaron a construirse
La Audiencia Provincial de Murcia ha comenzado esta semana el juicio contra siete altos cargos del Gobierno murciano durante la era del popular Ramón Luis Valcárcel, entre ellos, sus consejeros de Urbanismo y de Medio Ambiente, que supuestamente ...
La Audiencia Provincial de Murcia ha comenzado esta semana el juicio contra siete altos cargos del Gobierno murciano durante la era del popular Ramón Luis Valcárcel, entre ellos, sus consejeros de Urbanismo y de Medio Ambiente, que supuestamente promovieron un pelotazo urbanístico para construir 10.000 viviendas y dos campos de golf junto al Mar Menor, en terrenos protegidos medioambientalmente. El caso Novo Carthago llega a los tribunales casi 20 años después de que se modificaran planes de ordenación para dar luz verde a ese proyecto, que nunca llegó a iniciarse debido a la presión social y al estallido de la burbuja inmobiliaria.
El caso se remonta a 2002, cuando la promotora inmobiliaria Hansa Urbana compró unas 567 hectáreas de suelo en el área conocida como Saladar de Lo Poyo, en el término municipal de Cartagena, junto al Mar Menor. Eran terrenos no urbanizables y estaban protegidos medioambientalmente, clasificados como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Paisaje Protegidos, y formaban parte de la Red Natura 2000. Aun así, la constructora presentó un proyecto para construir 10.000 viviendas, varios hoteles y dos campos de golf. La puesta de largo de la iniciativa, en 2003, contó con la asistencia del entonces presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Ambos cargos del PP estuvieron investigados durante la fase de instrucción de este procedimiento, aunque ninguno de ellos se sienta en el banquillo de los acusados, ya que sus causas fueron archivadas. Participarán en el juicio como testigos.
Según las conclusiones del fiscal, el proyecto de Novo Carthago “era una actuación contraria a derecho por pretender reclasificar como urbanizable un espacio natural protegido con acreditados valores naturales”. Para ello, desde el Gobierno murciano se aprobaron modificaciones del plan general de ordenación urbana de Cartagena y también del plan de ordenación de recursos naturales de la comunidad autónoma para eliminar la protección medioambiental que tenía la zona.
Tanto para el fiscal como para la acusación particular, ejercida por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), el principal responsable de ello es Antonio Cerdá, que era el consejero de Agricultura y Agua en el momento en que se proyectó la urbanización. Afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación por un supuesto delito de falsedad en documento público y otro continuado de prevaricación por haber promovido la supuesta recalificación ilegal de los terrenos. Será el último de los siete imputados y 36 testigos en pasar ante el juez de la Audiencia Provincial.
Junto a él, el fiscal responsabiliza a Joaquín Bascuñana que, en el momento en que se proyectó la urbanización, era el consejero de Obras Públicas de la comunidad autónoma, y posteriormente llegó a ser delegado en Murcia del Gobierno de Mariano Rajoy. Está acusado de un delito de prevaricación, por ser el responsable último de la aprobación del proyecto, y le solicitan penas de seis años y medio de inhabilitación.
Ante el juez, Bascuñana ha defendido este martes que su “obligación y responsabilidad” era la de dar el visto bueno al expediente de recalificación de los terrenos, porque el mismo contaba con todos los informes preceptivos para ser aprobado. “Yo no era técnico. Mi responsabilidad era política y mis decisiones, políticas. Un expediente con todos los informes favorables, mi obligación era la de firmarlo”, ha reiterado, trasladando así las responsabilidades a los funcionarios de la Dirección General de Urbanismo.
El responsable de ese departamento en aquellos años, Manuel Alfonso Guerrero, ha reconocido que participó en una reunión en la sede de la presidencia de la comunidad autónoma para conocer el proyecto, y de la que ha asegurado que apenas recordaba nada. Todos los trámites administrativos, ha dicho, fueron desarrollados por su número dos, el subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas. Él ha defendido ante el tribunal que las modificaciones que se llevaron a cabo en el plan de urbanismo de Cartagena y en el plan de ordenación de recursos naturales eran acordes a la legalidad y se habían hecho con frecuencia modificaciones similares en la misma línea, aceptando que espacios naturales protegidos formaran parte de planes urbanísticos para un uso de “espacios libres”. A principios de los 2000, ha dicho, “la apuesta por este tipo de actuaciones urbanísticas era una política general del Gobierno [murciano]. Hacían falta desarrollos y actuaciones que movilicen al sector, y nosotros los ajustábamos a la legalidad”, ha explicado. Y ha insistido en que las leyes del suelo de la época no tenían “nada que ver con las actuales”, sino que tenían un carácter liberalizador.
Para la Fiscalía, la constructora Hansa Urbana planteó el proyecto y el Ayuntamiento de Cartagena lo tramitó, pero “fueron las consejerías de Medio Ambiente de Cerdá y la de Obras Públicas de Bascuñana las que lo impulsaron y aprobaron” en último término y actuando “con unas pautas uniformes y conjuntas que implicaban sortear los obstáculos y reparos de los funcionarios bajo su mando y minusvalorar los aspectos de legalidad que impedían el proyecto”.
El juicio continúa el próximo 7 de octubre y durante un total de 20 sesiones pasarán por el tribunal hasta 36 testigos, antes de que declaren el resto de acusados, para los que se piden penas de cinco años y medio de inhabilitación.