El Gobierno se muestra satisfecho con el informe del CGPJ que muestra “dudas” sobre la reforma de la carrera judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto debatir este miércoles su informe sobre la reforma de la carrera judicial que aprobó el Consejo de Ministros en enero pasado y que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones para facilitar el acceso a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, modifica el actual modelo de oposición y contempla incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y a...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto debatir este miércoles su informe sobre la reforma de la carrera judicial que aprobó el Consejo de Ministros en enero pasado y que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones para facilitar el acceso a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, modifica el actual modelo de oposición y contempla incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos. El informe del Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, aplaude algunas de las medidas, pero critica otros aspectos clave y advierte de que el anteproyecto de ley incorpora “ciertas innovaciones de calado” que “pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas para alcanzar los objetivos perseguidos por el legislador tanto por razones de técnica legislativa, como por los objetivos que la reforma quiere alcanzar”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de enero en primera vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y la intención del Gobierno es que empiece cuanto antes su tramitación parlamentaria para que la norma reciba el visto bueno definitivo de las Cortes antes del verano. Para ello, debe recabar el informe del CGPJ, al que el Gobierno había pedido que tuviera listo su dictamen en un mes. Tras un primer documento elaborado por el gabinete técnico del CGPJ, un grupo de cuatro vocales (los conservadores Alejandro Abascal y José Luis Costa y los progresistas Lucía Avilés y José María Fernández Seijo) consensuaron el pasado viernes un texto que es el que se va a llevar a votación en el pleno de este miércoles.

Fuentes del Gobierno consideran “satisfactorio” el informe porque, aseguran, no cuestiona los aspectos nucleares del anteproyecto de ley. Y los aspectos que sí critica, según estas fuentes, son susceptibles de cambiarse para la aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros o durante la tramitación parlamentaria.

Dos de los apartados que más reprocha el Consejo se refieren a dos de las medidas que prevé la norma para incrementar el número de jueces. La primera, el acceso por el llamado cuarto turno (profesionales del derecho que acceden a la carrera judicial tras un concurso oposición), para lo que la reforma contempla que a quienes lleguen a la categoría de magistrado sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial se les reconocerá a todos los efectos cinco años de servicios prestados como juez. El informe del CGPJ sostiene que este reconocimiento de cinco años de servicios “introduce un factor que podría considerarse discriminatorio, en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado”.

El informe también cuestiona la regulación que contempla la ley para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales. Para el CGPJ, la justificación ofrecida por el Gobierno “no parece acomodarse” a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a que este tipo de procesos solo deben utilizarse ante una “situación excepcional”. En este caso, según los vocales, no se cumple esta condición, ya que la regularización de centenares de jueces sustitutos no va a suponer el fin de las situaciones de temporalidad en las carreras judicial y fiscal, ya que el propio anteproyecto incluye el mantenimiento de estas situaciones.

Sobre los jueces sustitutos, el informe también critica que se plantee una compensación económica en favor de quienes “estando en activo” como sustitutos o suplentes “no superen el proceso selectivo de estabilización y vean finalizada su relación con la Administración”. “No se considera aceptable” esta medida, señala el CGPJ, porque la compensación económica “se desvincula, por completo” del tiempo en el que esa persona haya ejercido como juez. El informe también muestra dudas sobre el tratamiento que debería recibir la situación de aquellos que, habiendo percibido la compensación económica tras finalizar su relación con la administración, volvieran a presentarse a una convocatoria de vacantes como jueces sustitutos.

El Gobierno también plantea cambios en el sistema de oposición de futuros jueces y fiscales, para lo que propone suprimir una prueba oral e introduce una prueba escrita consistente en un caso práctico. El informe del CGPJ sostiene que “esa renuncia puede debilitar la independencia del Poder Judicial, entendida como la independencia de cada uno de los jueces, juezas, magistrados y magistradas en concreto ejercicio de su función jurisdiccional”. “Sin desdeñar el indudable valor de la experiencia en el ejercicio profesional, la imprecisión en el tipo de prueba que propone el anteproyecto puede reducir la garantía de que realmente sean elegidos para desempeñar esa función los que resulten mayores conocedores del Derecho y, por tanto, los que en mejores condiciones están para hacer real la independencia de los integrantes del poder judicial”, añade el texto.

Otra de las medidas previstas en la reforma es que sea obligatorio que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas—. Uno de los efectos inmediatos que persigue el Gobierno con esta medida es acabar con el cobro en negro por parte de los preparadores, una práctica muy extendida. El informe del CGPJ reprocha esta medida y sostiene que la preparación para el acceso a la carrera judicial es una “labor inherente y consustancial al ejercicio de la función que desempeña el juez o magistrado y que constituye una manifestación más de su competencia profesional”. “Desde este punto de vista, tal actividad ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica en cuanto que una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial, sin olvidar que, en muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas”, recoge el texto del CGPJ.