El informe tributario sobre el novio de Ayuso: “Facturas falsas, comportamiento mendaz y conducta defraudatoria”

La jefa de los inspectores del equipo regional de delito fiscal de Madrid, Mercedes Urbano López, ha sido citada a declarar por la juez que encausó al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, imputado ...

La jefa de los inspectores del equipo regional de delito fiscal de Madrid, Mercedes Urbano López, ha sido citada a declarar por la juez que encausó al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. La profesional de la Agencia Tributaria deberá ratificar y aclarar ante la juez el informe donde apreció indicios sólidos de fraude fiscal por González Amador tras acreditar la existencia de hasta 15 facturas falsas por 1,7 millones que usó para deducirse gastos inexistentes con el objetivo de ahorrarse el pago de 350.000 euros en impuestos. El informe denuncia el “comportamiento mendaz” de González Amador y su “conducta defraudatoria”. Lo que sigue es un resumen de la investigación tributaria dirigida por la inspectora Mercedes Urbano en la que se basa la denuncia de la Fiscalía de delitos económicos contra la pareja de la presidenta madrileña:

Ingresos cuantiosos y conducta defraudadora para pagar menos impuestos. “Las actuaciones de comprobación e investigación efectuadas cerca de MAXWELL CREMONA (...) y D. ALBERTO GONZÁLEZ AMADOR han puesto de manifiesto que MAXWELL CREMONA registra en los años 2020 y 2021 un incremento de sus ingresos de actividad con ocasión de, en 2020, la intermediación en una operación de venta de material sanitario [dos millones de euros en comisiones], y, en 2021, la percepción de unos ingresos cuantiosos [1,3 millones] facturados a su principal cliente desde hace años QUIRON PREVENCIÓN, y ha incurrido en la siguiente conducta defraudatoria con el ánimo de minorar su tributación debida en el concepto y períodos impositivos de 2020 y 2021″.

Factura falsa de 620.000 euros con una empresa mexicana. ”Un gasto de 620.000 euros [que González se dedujo para pagar menos impuestos] con origen en la factura emitida por la sociedad mexicana MKE MANUFACTURING SA DE CV, respecto de la que finalmente se reconoce por MAXWELL CREMONA SL que ha sido anulada y que nunca fue pagada. La entidad emisora de la factura, conforme los datos facilitados por las autoridades fiscales mexicanas, no habría declarado en 2020 la factura deducida por MAXWELL CREMONA SL. E incluso, la propia entidad emisora, por medio de carta datada de 6 de noviembre de 2023, reconoce que anuló la factura a finales de 2020 (...)”. Conclusión: “Se deduce gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan, conforme los indicios recabados por la Inspección actuaria, falsas puesto que, en esencia, no se han producido las operaciones comerciales referidas en los conceptos facturados”.

Gastos inexistentes de casi un millón por una comisión por venta de vacunas que nunca se hizo. “En 2021 MAXWELL CREMONA contabiliza y se deduce un gasto de 922.585 euros con origen en la factura emitida el 16 de junio de 2021 por la sociedad de Costa de Marfil GAYANI LTD, por la intermediación en la venta de vacunas COVID-19 a las autoridades sanitarias de Costa de Marfil que nunca se llevó a término y nunca se pagó, salvo en la cantidad de 27.000 euros. La contabilización del gasto se produjo el 1 de octubre de 2021 cuando MAXWELL CREMONA ya era conocedora de que la operación de venta no se iba a producir dado que se había publicitado quienes eran los adjudicatarios del contrato con las autoridades sanitarias del país”.

13 facturas sospechosas por 178.400 euros: “De forma improcedente se dedujo fiscalmente”. “Un gasto de 178.400 euros con origen en 13 facturas emitidas a lo largo de 2021 por distintas sociedades, todas ellas relacionadas entre sí a través de las personas que ostentan el control de las mismas y de las sociedades con las que declaran operaciones (se imputan operaciones entre sí y tienen clientes comunes, encuadrados en sectores de actividad que nada tienen que ver con MAXWELL CREMONA) y carentes de medios idóneos para la prestación de los servicios objeto de facturación. El contribuyente no ha acreditado la realidad de los trabajos facturados más allá de facturas, contratos y medios de pago. Todas las facturas fueron pagadas por MAXWELL CREMONA SL e ingresadas en las cuentas titularidad de las entidades emisoras, saliendo de forma casi inmediata mediante disposiciones en efectivo principalmente. De este modo se desconoce el destino final de los fondos transferidos por MAXWELL CREMONA. Lo que sí conoce la Inspección es que la propia MAXWELL CREMONA ha reconocido expresamente que en el caso de tres de las seis entidades (GINMOSUR SL, BIANCONERA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO SL y EL MANANTIAL SL) los servicios facturados (7 facturas que suman 96.700 euros) no serían deducibles por no estar correlacionados con su actividad, a pesar de lo cual de forma improcedente contabilizó el gasto y se lo dedujo fiscalmente”.

Cuotas defraudadas por encima de los 120.000 euros: delito fiscal. “Como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública Estatal cuotas impositivas por encima de 120.000 euros, superando el umbral de punibilidad previsto en el artículo 305 del Código Penal”.

“Conducta de minoración falsaria de forma consciente y voluntaria”. “En el presente caso, resulta evidente la conducta de minoración falsaria del hecho imponible por obligado tributario puesto que de forma consciente y voluntaria declara en el Impuesto sobre Sociedades de los años 2020 y 2021 gastos que se reputan falsos por no haberse prestado los servicios que se documentan en factura”.

Dolo: actuación “consciente y querida”. “El dolo o intención de defraudar se deduce claramente en este supuesto ya que, exigiendo este tipo penal un actuar consciente y querido, en el momento en que se incrementan los beneficios en MAXWELL CREMONA SL, ejercicios 2020 y 2021, esta busca la manera de reducir su tributación acudiendo, entre otras acciones, a la contabilización y deducción de facturas indiciariamente falsas o falseadas emitidas por distintas sociedades, españolas o extranjeras. Al tiempo no solo de su contabilización sino de su deducción fiscal en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 el contribuyente conocía que los servicios documentados en tales facturas nunca se habían prestado/generado, aun admitiendo que originariamente podría haber subyacido algún tipo de actuación tendente a obtener ingresos que finalmente no se produjeron. Todo ello supone que MAXWELL CREMONA SL, perceptor de ingresos sustanciales por otras operaciones realizadas, aprovechó tales facturas a pesar de saber que ni en el momento en que están datadas ni nunca le generarían un gasto real que asumir”.

Regularización contrarias a la ley. La inspectora de Hacienda aclara que González Amador intentó reparar el fraude perpetrado en sus declaraciones de 2020 y 2021 en la declaración del año siguiente, un intento de regularización fiscal prohibido expresamente por la ley. “No cabe apreciar la existencia de una regularización voluntaria en los términos que exigen los preceptos señalados toda vez que no constituye ni la reparación del desvalor de la acción (al no corresponde esta declaración con las mismas obligaciones tributarias sobre las que se han cometido los presuntos delitos) ni el desvalor del resultado (pues no se ingresa la totalidad de la deuda tributaria eludida por cada año) y porque, además, la actuación del contribuyente se ha producido una vez que por la Administración tributaria se han iniciado actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización”.

Pese a todas las pruebas recabadas durante casi dos años de investigación fiscal, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuestionó la independencia de los inspectores de la Agencia Tributaria, denunció una cacería política contra Alberto González Amador por ser pareja de la presidenta madrileña y difundió todo tipo de bulos sobre la situación tributaria del empresario, imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública. Esos bulos obligaron a la Fiscalía General del Estado a informar a la opinión pública sobre la situación real del proceso. La respuesta a las mentiras del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para proteger a un supuesto delincuente fiscal han ocasionado la apertura de una causa penal contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un supuesto delito de revelación de secretos.