El Congreso aprueba el escudo social recortado con la única oposición de Vox

El Congreso aprobó este miércoles y con una amplia mayoría que abarcó casi toda la Cámara menos los diputados de Vox (315 votos a favor frente a 33 en contra y una abstención) un nuevo decreto que engloba las principales medidas del ...

El Congreso aprobó este miércoles y con una amplia mayoría que abarcó casi toda la Cámara menos los diputados de Vox (315 votos a favor frente a 33 en contra y una abstención) un nuevo decreto que engloba las principales medidas del escudo social del polémico decreto ómnibus que fracasó el pasado 22 de enero, entonces por la oposición del PP pero sobre todo con la puntual de Junts. La presión social de los afectados por aquella votación, que provocó un inesperado y grave problema para el Ejecutivo, ha hecho milagros en 22 días. El nuevo decreto contempla la revalorización de las pensiones para 12 millones de personas, la prórroga de las subvenciones al transporte público y ayudas para los damnificados por la dana y el volcán de la Palma, entre otras medidas. Además sirvió para evidenciar las piruetas argumentales de los partidos que han cambiado de posición en estas pocas semanas, y muy especialmente del PP, pero también para que varios aliados del Gobierno le reclamaran al PSOE más valentía en sus políticas de izquierdas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destinó gran parte de su intervención a justificar la necesidad de retomar con celeridad las actuaciones previstas en aquel decreto ómnibus derrotado y subrayó con mucha sorna su agradecimiento al giro dado por el PP desde que rechazó el 22 de enero la mayoría de esas medidas. El PP y Junts votaron este miércoles a favor del nuevo decreto con el PSOE y los socios habituales (315 votos), frente a los 33 en contra de Vox y la abstención, como entonces, de Unión del Pueblo Navarro. El presidente, Pedro Sánchez, que no estuvo en esa sesión, no participó en la votación ni siquiera telemáticamente porque el triunfo estaba ya más que asegurado, ausencia que recibió las críticas del PP.

El ministro lamentó “la innecesaria incertidumbre” provocada en millones de personas pendientes de sus pensiones o vulnerables. Un argumento que esgrimió con mayor pasión incluso el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, que llegó a presumir de que “dialogar y pactar con todos no es una humillación, es un triunfo de la política para la inmensa mayoría de la gente” frente a “un partido inútil” como el PP que “nadie les necesita para nada y que no es capaz de hacer amigos en tiempos de obligadas relaciones entre distintos”.

Tanto Bolaños como la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Valero, etiquetaron aquel pleno de hace 22 días que tumbó el decreto ómnibus como “fatídico” por el daño que quería provocar la “coalición negacionista de la derecha y la ultraderecha” de PP y Vox, pero también hubo entonces algunos avisos a tener en cuenta de parte de sus socios habituales.

El ministro esgrimió así la dicotomía entre el afán de “avanzar para proteger a las personas que lo necesitan” que apuntó al Ejecutivo y el “retroceso” que endilgó a PP y Vox, pero se concentró especialmente en “la evidente incoherencia en la trazabilidad” del voto de los populares y muy particularmente en una de las razones que más se argumentaron entonces para rechazar lo que este miércoles se aceptó. Los principales líderes del PP, desde Alberto Núñez Feijóo a Miguel Tellado o su responsable en Euskadi, Javier de Andrés, tacharon de “chantaje” y “regalo” que el Gobierno incluyera en aquel decreto la devolución al PNV de un palacete en el centro de París (ahora alberga una de las sedes del Instituto Cervantes), que en su día fue requisada por la Gestapo y la dictadura de Franco se negó a devolver a sus dueños. Esa reparación figura en el nuevo decreto que este miércoles apoyó el PP, como subrayó la portavoz parlamentaria del PNV, Idoia Sagastizabal, que reprochó a los populares que se tuvieran que comer esa “autoenmienda” y les emplazó a retratarse sobre si preferían estar del lado de los “nostálgicos” de la Gestapo y de Franco.

El debate sirvió, además, para que otros socios del Gobierno, habituales o circunstanciales como Junts, aprovechasen para pasar sus diferentes facturas. La secretaria general y líder de Podemos, Ione Belarra, insistió como lleva haciendo toda esta legislatura en la idea de que el Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar “no es valiente”, es “débil y fantasea con un adelanto electoral” y usa a Junts y PNV para justificar no implementar medidas más drásticas como el impuesto especial a las grandes multinacionales energéticas. Sobre el decreto del escudo social, Belarra reiteró su mensaje de que todo lo que hace este Gobierno de manera “obligada” y con ese tipo de contenidos progresistas procede de cuándo ese partido formaba parte del Gabinete.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, abundó en el mantra de criticar al Ejecutivo que en muchas ocasiones con sus formas de proceder y negociar in extremis como “en una montaña rusa” proporciona “constantes sobresaltos a la ciudadanía” y “sainetes” que generan “descréditos sobre la utilidad de la política”. Aizpurua, eso sí, fue la única de las portavoces que apoyan a este Gobierno que consideró que el Ejecutivo sale de todo este capítulo “reforzado”.

Por parte de Junts, que se desmarcó el 22 de enero del decreto ómnibus porque defiende que se les presentó en Navidades, con pocos días para estudiar sus 140 páginas y 80 medidas, volvieron a insistir en que no se fían del Gobierno central y su portavoz, Isidre Gavin, reiteró: “Sin confianza no hay votos, sin cumplimiento no hay votos y sin negociación previa no tendrán nuestros votos”. Gavin destacó que Junts ha variado su postura y ahora apoya el nuevo minidecreto porque pudo negociar y meter en el mismo avales oficiales para proteger más y mejor a los propietarios que alquilan viviendas. Desde ERC, sus rivales en Cataluña y en el Congreso, lamentaron que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté “acomodado en una gestión continuista” y les interpelaron para que hagan un mejor trabajo con la mayoría social de la que sí disponen en el Congreso, en concreto por ejemplo para proteger más a las familias vulnerables frente a los grandes tenedores y especuladores con la vivienda.

Vox, que fue el único partido que votó en contra, utilizó el turno de su portavoz, José María Figaredo, para dibujar un panorama desolador de “empobrecimiento y estancamiento” de la economía española. El diputado del PP al que correspondió razonar la nueva posición de su partido sobre este escudo social, Jaime de Olano, rebatió la tesis de que los dos decretos puedan considerarse similares, calificó el nuevo de “microbús” porque solo contiene 29 de las 81 actuaciones que figuraban en el anterior y defendió que su partido siempre ha estado a favor de las propuestas fundamentales de ese escudo social, aunque el 22 de enero las rechazasen. De Olano no quiso obviar las pullas que le había soltado la dirigente del PNV y avanzó que no descartan continuar actuando contra “el regalo de los 17 millones del palacete” de París a ese partido. El PP recalcó que el “sapo” y “la humillación” en este caso se lo ha tenido que tragar “un desgobierno que no legisla, no pisa la calle, no tiene Presupuestos, con la mayor tasa de miseria de Europa y con unos socios que miran para otro lado porque la dignidad la tienen a un precio muy bajo”.