El intrincado sudoku para cuadrar el traslado de menores migrantes

Cada vez que el presidente canario, Fernando Clavijo, se reúne con algún miembro del Gobierno, aparece con alguna tabla debajo del brazo. Tras más de un año y medio de negociación, podría decirse que Clavijo ha inventado ya casi todo para lograr sacar de Canarias a miles de menores que emigraron solos y que permanecen hacinados en centros de acogida de las islas: pacto con el Gobierno, luego con el PP, lanzamiento de órdago para delegar competencias en el Estado, negociación con todos los grupos políticos, pedido de auxilio a la UE, viajes a África, récord de llegadas, fracaso parlamentario pa...

Cada vez que el presidente canario, Fernando Clavijo, se reúne con algún miembro del Gobierno, aparece con alguna tabla debajo del brazo. Tras más de un año y medio de negociación, podría decirse que Clavijo ha inventado ya casi todo para lograr sacar de Canarias a miles de menores que emigraron solos y que permanecen hacinados en centros de acogida de las islas: pacto con el Gobierno, luego con el PP, lanzamiento de órdago para delegar competencias en el Estado, negociación con todos los grupos políticos, pedido de auxilio a la UE, viajes a África, récord de llegadas, fracaso parlamentario para cambiar la ley de la extranjería, acercamiento al PNV y vuelta a empezar… Pero más allá del encaje político y mediático, esas tablas en las que se simula cómo redistribuir a miles de menores por toda España son la clave para que la fórmula funcione. “Tenemos que seguir haciendo números”, advierten fuentes de la negociación.

Las tablas también van de mano en mano en los equipos negociadores en Madrid. Niños, desempleo, renta, población, plazas de acogida… Los criterios están más o menos claros, pero el peso que se les dé determinará el reparto definitivo. Los números son fríos y, según como se apliquen, no reflejarán la realidad de la acogida en España. Ya se ha visto en algunas proyecciones experimentales y se ha concluido que ni Melilla, que es territorio de entrada, puede recibir 500 menores, ni La Rioja debería seguir con una decena de plazas. El sudoku tiene muchas combinaciones, pero hay una opinión compartida: las comunidades que menos esfuerzo han hecho en los últimos años a la hora de acoger a menores extranjeros no acompañados son las tendrán que arrimar más el hombro.

Este jueves, en Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Fernando Clavijo celebraban, tablas en mano, el haberse puesto de acuerdo en los criterios con los que van a intentar, por fin, llevar a cabo un traslado extraordinario de 4.400 menores (4.000 desde Canarias y 400 desde Ceuta). En realidad, aún tienen que afinar el acuerdo, pero coinciden en combinar los criterios que se llevan aplicando desde 2022 en otros repartos puntuales —y que las comunidades autónomas aceptaron— con un modelo de distribución que Clavijo pactó con el PNV. Una fórmula que tendrá en cuenta la población, la renta per cápita, el desempleo y el esfuerzo de acogida, tanto reciente como histórico. Además, se contempla incluir variables que tengan en cuenta las circunstancias de los territorios frontera, como País Vasco y Andalucía. La cuenta podría ser relativamente fácil, pero es endemoniada. Uno de los principales motivos, que puede sorprender en la España de 2025, es que no hay cifras fiables.

La negociación para el traslado de los niños migrantes no solo ha evidenciado la toxicidad del debate político, sino las disfunciones (denunciadas por el Defensor del Pueblo desde hace años) de un sistema de acogida donde ni siquiera los datos son rigurosos. Los menores extranjeros se contabilizan en el llamado Registro MENA, que depende de la Policía Nacional, pero esos números nunca coinciden con los datos de las comunidades autónomas. Actualmente, ese registro arroja que hay unos 16.000 menores extranjeros sin referentes en España, pero cuando el Ministerio de Infancia cruza esas cifras con las que aportan los territorios, el número asciende a 19.000. Tampoco es del todo transparente la información de las comunidades sobre los menores que efectivamente acogen y las plazas de las que disponen.

El desafío ahora, antes incluso de sentarse con los grupos parlamentarios, es afinar el modelo. El PP ha salido en tromba a criticar que el acuerdo, para el que ya no se cuenta con su apoyo, deje fuera a Cataluña y el País Vasco, pero esto no está tan claro. A priori, a estas dos comunidades, que acogen un volumen de niños superior al que les correspondería, se les exigirá un esfuerzo menor que al resto. Esta variable puede condicionar también a Baleares, que aunque no ha hecho un esfuerzo sostenido en el tiempo, tiene sus sistemas de acogida colapsados por las llegadas desde Argelia. El reparto final dependerá de la importancia que se otorgue a cada criterio. Un mayor peso del desempleo, con el que se evitaría sobrecargar territorios con menos oportunidades laborales, exigiría más solidaridad al País Vasco y lo mismo ocurriría con Cataluña (pero también con Madrid) si se da más consideración a la población.

En Canarias no niegan la conveniencia de que estos dos territorios hagan un despliegue menor porque el acuerdo necesitará el apoyo del PNV, que gobierna, y de Junts, que negocia en su propio interés político y no en nombre de la Generalitat. Es el mismo cálculo que hacen en Madrid. Pero, en cualquier caso, en simulaciones anteriores y con criterios similares, tanto el País Vasco como Cataluña ya salían beneficiadas por el esfuerzo de acogida que llevan años haciendo. Según los cálculos reflejados en un informe del Ministerio de Infancia al que tuvo acceso EL PAÍS en octubre del año pasado, País Vasco cuenta con un millar de plazas exclusivas para menores migrantes de un total de 1.500 aproximadamente, mientras que Cataluña suma 3.500 plazas exclusivas para este colectivo en un sistema de 4.600 camas. Otros territorios, como La Rioja, con apenas 13 camas, se verán obligadas a hacer un mayor esfuerzo. Ese mismo informe apuntaba que para llegar a un número “ideal” de plazas para menores, las comunidades autónomas gobernadas por el PP tendrían que crear 4.000 camas más.

La negociación para cambiar la ley y cambiar el modelo de acogida está aparcada sine die, pero la agenda de febrero promete ser frenética para sacar adelante este reparto extraordinario. Fuentes de la negociación aspiran a resolverlo “en cuestión de semanas”, pero la experiencia apela a la contención. Una vez afinadas las tablas, hay que negociar con los grupos parlamentarios y, después, acordar con el Ministerio de Hacienda la letra pequeña de la negociación, otra clave de bóveda para el pacto. “No parece que vaya a haber problemas con la financiación”, aseguran las partes.

De momento, el PP ha tumbado el orden del día de la próxima conferencia sectorial de Infancia, prevista para la semana que viene, en la que la ministra Rego pretendía plantear a las comunidades autónomas los criterios de reparto con los que se trabajan. En esa misma reunión se iba a tratar el Plan Estratégico para la Infancia Migrantes que los populares reclaman al Gobierno.