Y Sánchez dijo no a Puigdemont

Tras año y medio tragando sapos, arrostrando la impopularidad de la amnistía, encajando en silencio imprevistas emboscadas parlamentarias, Pedro Sánchez le ha marcado una línea roja a Carles Puigdemont. El presidente no va a pasar por el aro de someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, vista como una especie de humillación pública para Sánchez, aseguran en el Gobierno y en las dos formaciones que lo integran. Ni siquiera a...

Tras año y medio tragando sapos, arrostrando la impopularidad de la amnistía, encajando en silencio imprevistas emboscadas parlamentarias, Pedro Sánchez le ha marcado una línea roja a Carles Puigdemont. El presidente no va a pasar por el aro de someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, vista como una especie de humillación pública para Sánchez, aseguran en el Gobierno y en las dos formaciones que lo integran. Ni siquiera a través de un sucedáneo como el pretendido por Junts con una proposición no de ley para que sea la Cámara la que exija al jefe del Ejecutivo dar ese paso que, según la Constitución, solo le corresponde al presidente. Las relaciones entre el Gobierno y Junts han quedado congeladas, a la espera de una nueva reunión en Suiza cuya fecha aún no han propuesto los independentistas. El Ejecutivo se lo ha tomado con calma y resignación. Los órdagos del expresident empiezan a formar parte de la rutina.

Carles Puigdemont no suele caracterizarse por permanecer entre dos aguas. Más bien gusta de presentar sus planteamientos políticos bajo un halo de osadía. Todo o nada. Sin grises ni matices. Pero el expresident ha estrenado sus 62 años —los cumplió hace tres semanas— mostrando fidelidad al mandamiento pragmático que recomienda un pájaro en la mano antes que ciento volando. La anunciada detonación de las relaciones con el Gobierno si no facilita la tramitación de la cuestión de confianza se queda, de momento, en un disparo de fogueo: la suspensión de las negociaciones sectoriales con el PSOE, incluidas las de los Presupuestos de 2025, según anunció el viernes en Bruselas. “Vale la pena que se entienda la gravedad y la seriedad de la situación”, manifestó Puigdemont. Una advertencia que tiene poco de nuevo. Desde que, hace cinco semanas, denunció que “las cosas no van bien” con el PSOE y desafió a Sánchez a ponerse en manos del Congreso, ha aprovechado cada intervención pública para amenazar con romper definitivamente. El 9 de diciembre ya apareció para subrayar que se había alcanzado “un punto de inflexión” que obligaba a no “perder más el tiempo”. Mediado enero, los plazos se han vuelto a estirar.

El Congreso de los Diputados empieza a parecerse a esos partidos de baloncesto en los que todo se resuelve en el último minuto. El pasado jueves, una hora antes de la reunión de la Mesa que debía analizar si tramitaba la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza, PSOE y Sumar aún no se habían decidido. Los independentistas “estaban durísimos”, cuentan interlocutores próximos al Gobierno, y amenazaban con la ruptura total. Y Sánchez, a su vez, había resuelto que esta vez se plantaba sin remisión. Así que prosperó la vía salomónica: se decidió no decidir nada, igual que en diciembre. Para dar tiempo a la negociación, la Mesa del Congreso no volverá a reunirse en las dos próximas semanas. El asunto tendría que estar solventado antes de finales de febrero, cuando Junts dispone del turno de cada grupo parlamentario para llevar iniciativas al pleno.

¿Cómo salir de este punto muerto? Algunas fuentes del Gobierno apuntan, sin más concreción, a la búsqueda de fórmulas parlamentarias alternativas para satisfacer a Junts. Luego están los incumplimientos que denuncian los independentistas y que niegan en el PSOE. “No hemos incumplido nada, solo que algunas cosas necesitan tiempo”, insisten dirigentes socialistas. “En los acuerdos de Bruselas, por ejemplo, ya se decía que la amnistía estaría plenamente en vigor entre 2025 y 2026″.

Miembros del PSOE y de Sumar en contacto directo con Junts coinciden en que a menudo les cuesta discernir cuáles son sus exigencias específicas. Algunas escapan al ámbito directo de decisión del Gobierno, como los obstáculos judiciales a la amnistía o el uso del catalán en las instituciones europeas. Sobre lo que sí es competente el Ejecutivo, el traspaso a Cataluña de las competencias de inmigración, algunas de las demandas de los de Puigdemont se consideran inaceptables, como la cesión a los Mossos del control de aduanas. El asunto despierta además recelos entre los socios del Gobierno, especialmente en Sumar, por las posiciones sobre la materia que mantiene Junts, sometido a la nueva competencia de la xenófoba Aliança Catalana.

Más clara parece la reclamación de lo que el secretario primero de la Mesa del Congreso y miembro de los comunes catalanes, Gerardo Pisarello, definía el jueves como el “despliegue político de la amnistía”. Hablando en plata: tratar a Puigdemont como si ya estuviese amnistiado, antes de que el Tribunal Constitucional decida sobre el rechazo del Supremo a aplicarle la medida de gracia. Y más concretamente: que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúnan con él. El jefe del Ejecutivo ya se ha mostrado dispuesto. Aunque no en este momento y bajo esta presión, afirman fuentes gubernamentales. Al menos debería haber avances en algunos temas, como esa negociación presupuestaria que parece alejarse cada vez más, pero sobre la que no todos tiran la toalla en el Gobierno.

Los socialistas catalanes también han detectado que una de las cuestiones que molesta a Junts —y Puigdemont lo esbozó el viernes en Bruselas— es el relato de que Cataluña se ha “pacificado”. Dirigentes que han hablado estos días con la cúpula de la formación independentista revelan que su reciente acercamiento al PP se esgrime ya como elemento de presión. Pero una moción de censura con los populares y Vox está completamente descartada. Lo dijo Puigdemont y con más claridad aún su secretario general, Jordi Turull, al referirse así a los que serían sus hipotéticos socios: “Por la mañana piden ayuda y por la tarde te quieren preso”.

La dirección de Junts sostiene que, sin poder presentar en público logros tangibles de los acuerdos con el PSOE, se quema en el fuego de la falta de credibilidad. “Reconocer que una apuesta que has hecho no ha salido bien tiene un coste”, admite Puigdemont. Junts trata de mitigar la pérdida de fuerza negociadora que supone la inviabilidad de una alternativa al Gobierno recordando que sus siete escaños son claves para sustentar la mayoría. El expresident aprieta las tuercas, pero con cuidado de no pasarse de rosca. “La amenaza o chantaje no es nuestro estilo”, asegura. La avería tratará de repararse de nuevo en Suiza, con la presencia del verificador internacional. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, espera la llamada de Junts para fijar la cita. No debería pasar de la próxima semana.