Ábalos niega en el Supremo las acusaciones contra él y señala a Aldama y Koldo García
El exministro, a la salida del tribunal: “No hubo ninguna comisión”
José Luis Ábalos ha intentado desmontar este jueves en el Tribunal Supremo todas las acusaciones que lo señalan como un elemento clave en la trama corrupta que, supuestamente, tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante su etapa al frente de ese departamento. El exministro y ex secretario de Organización del PSOE ha declarado ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha negado haber favorecido la adjudicación de c...
José Luis Ábalos ha intentado desmontar este jueves en el Tribunal Supremo todas las acusaciones que lo señalan como un elemento clave en la trama corrupta que, supuestamente, tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante su etapa al frente de ese departamento. El exministro y ex secretario de Organización del PSOE ha declarado ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha negado haber favorecido la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de dinero o de contraprestaciones de otro tipo. “No hubo ninguna comisión. Como ya he dicho muchas veces”. Ábalos ha puesto el foco en los dos supuestos líderes de la trama, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
El Supremo, que investiga a Ábalos por su condición de diputado (el PSOE lo suspendió de militancia y se pasó al Grupo Mixto), ha llamado al exministro a petición propia, pero en calidad de investigado por delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. Durante el interrogatorio, el exministro ha negado las acusaciones de Aldama, quien le atribuye el cobro de comisiones en efectivo y en especie. Según Ábalos, él tenía poca relación con el empresario y quien se relacionaba directamente con él era su entonces asesor. El exministro había llevado al tribunal documentación de apoyo a sus declaraciones, pero el juez y la letrada de la Administración de Justicia le han dicho que debe ir acompañada de un escrito que explique su contenido y no han recogido el documento. El exministro ha asegurado que lo presentará en los próximos días.
“Nada ha quedado en el tintero”, ha señalado el exministro tras su declaración, que se ha prolongado tres horas. “La sesión ha sido larga, se han tocado todos los extremos conocidos y publicados. Llevo mucho tiempo intentando declarar”, ha añadido. Ábalos ha contestado a las preguntas del juez y de la Fiscalía Anticorrupción, y no ha respondido a las de los representantes jurídicos del PP, que aglutina a todas las acusaciones populares. Según fuentes presentes, antes de empezar la comparecencia, el juez ha instado a los participantes a poner el modo avión del teléfono móvil y a no usarlo durante la declaración para evitar filtraciones.
Estas fuentes señalan que, durante su declaración, el exministro ha asegurado que él no tenía nada que ver con la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión S. L. durante los peores meses de la pandemia por covid 19, que dieron origen al caso. Ábalos ha defendido la labor de su departamento, que centralizó la adquisición de los cubrebocas y pruebas de detección del virus durante la emergencia sanitaria, y ha precisado que de los contratos adjudicados a esa empresa en concreto se encargó Koldo García. También ha criticado la auditoría interna que hizo Transportes tras estallar el escándalo, que fue aportada a la Audiencia Nacional y que confirmaba la existencia de irregularidades “administrativas”.
Ábalos se ha desvinculado también del contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda en el madrileño paseo de la Castellana que, según asegura Aldama, firmó Ábalos como garantía de futuras comisiones; y del alquiler de un piso en la plaza de España que la trama, supuestamente, pagó durante tres años para su expareja. Fuentes del caso señalan que el diputado ha asegurado que esa gestión la llevó directamente Koldo García. También ha negado que sea cierto el listado que Aldama entregó hace unos días al instructor del caso que recoge obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, que supuestamente fueron “preadjudicadas” de inicio a cambio de comisiones.
Fuentes jurídicas detallan que, durante el interrogatorio, se le ha preguntado igualmente al ex secretario de Organización sobre los sobreprecios detectados en algunas obras bajo sospecha una vez ya se habían adjudicado —lo que técnicamente se llaman modificados y que implican incrementos del coste—. El pasado fin de semana, Elías Bendodo, del PP, ya destacó este aspecto después de que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, pusiese en duda el listado de obras denunciado por Aldama y afirmase que no habían detectado irregularidades en las adjudicaciones: “Hablamos de los modificados que firmó Ábalos”, dijo Bendodo. Sobre ello, fuentes conocedoras de la investigación interna abierta en el Ministerio de Transportes sobre el listado de contratos denunciado por Aldama han mostrado su sorpresa ante la posibilidad de que se amañasen los modificados, pues su aprobación corren a cargo de unos técnicos distintos a los que dan luz verde a las adjudicaciones; y, además, hay modificados de la época de Íñigo de la Serna (PP) y de otros de la etapa de Raquel Sánchez (PSOE), que sustituyó a Ábalos.
De las siete acusaciones populares presentadas en la causa, solo ha podido entrar al interrogatorio el PP, al que el instructor designó el miércoles como representante de las demás. Las acusaciones han presentado escritos reclamando poder estar presentes en la declaración de Ábalos y han acudido esta mañana al Supremo sin saber si se les iba a permitir. Daban por hecho que solo el PP podría formular preguntas al exministro, pero esperaban que les dejaran entrar para escuchar el interrogatorio o, al menos, poder seguirlo mediante una pantalla en otra sala. En un principio, el tribunal solo ha dejado acceder al interior del tribunal al equipo jurídico que representa al PP y los demás han estado en el vestíbulo a la espera de que el Supremo tomara una decisión. Tras varios minutos, el juez les ha hecho pasar para comunicarles verbalmente que solo podría entrar el PP. El instructor les ha explicado que, según su criterio, la unificación de las acusaciones populares implica que todas las actuaciones deben hacerlas a través del procurador y el abogado del PP, al que el magistrado ha designado como representante por ser la primera acusación que se presentó. A partir de ahora, según les ha informado el juez, el tribunal solo notificará sus resoluciones sobre la causa de Ábalos al procurador del PP.
“Las acusaciones populares estábamos presentes para entrar en la sala, pero se nos ha negado la entrada a todas las acusaciones populares que estamos aquí, a excepción de la del PP, que es la dirección letrada. Vamos a recurrir”, ha explicado a los medios de comunicación Luis María Pardo, abogado de Iustitia Europa, a la salida del tribunal. La representante de Vox, Marta Castro, ha criticado la decisión del Supremo, que, a su juicio, “está rayando el [mal] hacer de la administración de justicia”. “Vox pide la desunificación de las acusaciones populares”, ha añadido.
“Es la primera vez que yo me encuentro la prohibición, incluso de acceso a la sala”, ha señalado Javier María Pérez Roldán, abogado del grupo ultracatólico Hazte Oír. Alexis Aneas, abogado de Liberum, considera que “no es razonable” que las acusaciones queden ahora a expensas de lo que quiera contarles el PP y cuándo quiera contarles: “Estaremos a rebufo de lo que determine el PP”.
La unificación de acusaciones populares es frecuente en procedimiento en los que se personan varias, pero hasta ahora, según fuentes jurídicas, lo habitual era que el resto pudiera estar presente en la sala para escuchar, o al menos, pudieran seguirlo a través de pantallas. Así es como se hizo hace unas semanas en la Audiencia Nacional durante la comparecencia de Aldama en el caso Koldo, aunque en este tribunal aún no se ha tomado una decisión sobre si se unifican o no. En otros casos recientes, como Lezo (la investigación sobre una trama corrupta en la Comunidad de Madrid) sí se ha dejado entrar a todas las acusaciones aunque el juez los hubiera unificado.
La declaración de Ábalos es la primera que ha convocado el magistrado Puente desde que asumió en noviembre pasado la causa contra el exministro. Al estar aforado, el instructor no puede actuar contra él sin pedir antes permiso al Congreso (mediante el llamado suplicatorio), pero el juez, como suele ser habitual en este tipo de causas, lo ha citado para que acuda voluntariamente como investigado para interrogarlo. A esta declaración se sumarán la semana que viene las de dos de los supuestos cabecillas de la trama corrupta, el empresario Aldama (16 de diciembre) y el exasesor de Ábalos Koldo García (17 de diciembre).