El Congreso aprueba la macroley que reorganiza la Administración de Justicia
Los juzgados unipersonales desaparecerán para dar paso a tribunales de instancia que funcionarán en cada partido judicial
Con la actividad legislativa bajo mínimos por las dificultades para tejer mayorías parlamentarias, el Gobierno logró este jueves exhibir un triunfo en el Congreso. El Ejecutivo recompuso todo el bloque político que invistió hace un año a Pedro Sánchez para aprobar una ley que supondrá “la mayor reforma de la Administración de Justicia en décadas”, en palabras del ministro responsable, Félix Bolaños. Una de la...
Con la actividad legislativa bajo mínimos por las dificultades para tejer mayorías parlamentarias, el Gobierno logró este jueves exhibir un triunfo en el Congreso. El Ejecutivo recompuso todo el bloque político que invistió hace un año a Pedro Sánchez para aprobar una ley que supondrá “la mayor reforma de la Administración de Justicia en décadas”, en palabras del ministro responsable, Félix Bolaños. Una de las principales novedades de la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia es que suprimirá los juzgados dirigidos por un solo juez para sustituirlos por tribunales de instancia.
Se trata de una auténtica macroley, con más de 300 artículos y que a su vez reforma una treintena de normas actualmente vigentes, algunas de más de un siglo de antigüedad. Su redacción ya estaba muy adelantada la pasada legislatura, pero se frustró por la convocatoria anticipada de elecciones.
La principal novedad es la supresión de los juzgados unipersonales de primera instancia, que serán sustituidos por tribunales de varios miembros constituidos en cada partido judicial. También se crearán oficinas judiciales en cada municipio, aunque el Gobierno ha desistido de su idea inicial de prescindir de los juzgados de paz, una institución cuya pervivencia en las pequeñas localidades defendieron los dos partidos independentistas catalanes.
La ley prevé crear más órganos especializados, entre ellos secciones específicas para delitos sexuales y de violencia de género. En un intento de desatascar los juzgados, se apuesta por nuevos mecanismos para la resolución pactada de conflictos. El intrincado ámbito de la ley incluye además cuestiones no relacionadas directamente con la Administración de Justicia, como la supresión de las llamadas golden visa, los visados que se concedían a extranjeros a cambio de inversiones inmobiliarias.
En los últimos meses, el Gobierno apretó a los grupos para tramitarla a la mayor velocidad posible, pese a la complejidad del texto, al que se presentaron más de un millar de enmiendas. Bruselas urgía. La ley era una exigencia de la Comisión Europea y si no se hubiese aprobado antes de final de año, España hubiese perdido 2.400 millones de euros de fondos europeos, según comentó Bolaños en un breve discurso en el hemiciclo antes de que se votase la norma.
El ministro confirió la mayor solemnidad a la aprobación. “Estamos dando un paso decisivo, esta es una ley para la justicia del siglo XXI”, proclamó. Bolaños se remontó a los siete últimos ministros de esa área para agradecerles los trabajos previos que han desembocado en esta norma, entre ellos dos del PP, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá. Pese a eso, lamentó el ministro, los populares se descolgaron de la reforma, que obtuvo los votos favorables de todo el bloque de investidura -PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria y BNG- y el rechazo de las tres formaciones de la derecha -PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro-.
La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, vaticinó que la ley será imposible de llevar a la práctica y si lo hace, “bloqueará el funcionamiento de la justicia”. Moro afirmó que la complejidad de la norma convierte su interpretación “en un jeroglífico” y criticó que incorpore cuestiones muy dispares como en “un decreto ómnibus”. Censuró también las prisas con que fue elaborada en un proceso que definió como “oscurantista”.
La diputada se topó con un inopinado reproche del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien aseguró que el PP estaba dispuesto a entrar en la negociación de la ley, pero que decidió quedarse al margen después de que se destapase su voto favorable a la norma sobre antecedentes penales que permite a presos etarras contabilizar las condenas cumplidas en otros países europeos. Los populares sostienen que el apoyo suyo a esa norma fue producto de un engaño por parte del Gobierno.
Mientras Iñarritu afeaba al PP su actitud, Moro se sonreía en su escaño y hacía gestos de negación con la mano. Fuentes parlamentarias socialistas ratificaron la versión del diputado abertzale. El texto tendrá que pasar ahora por el Senado. La previsión del Gobierno es publicarlo en el BOE a mediados de diciembre.
La mayoría de investidura volvió a funcionar en otras votaciones del pleno semanal del Congreso concluido este jueves. La conjunción de todos esos grupos permitió el rechazo de una propuesta del PP que urgía al cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de otra moción de los populares que reclamaba que Sánchez diese explicaciones ante la Cámara sobre sus relaciones con el empresario Víctor de Aldama, presunto cerebro de la trama corrupta del caso Koldo.