Los jóvenes abanderan la protesta masiva en Madrid por la vivienda

Suenan llaves agitadas en el aire. Es el ruido de la protesta por la vivienda en Madrid este domingo. Jóvenes hartos de las subidas del alquiler que sacuden sus llaveros, como símbolo de su indignación. En lugar del cacerolazo, un llaverazo. La juventud, gran perjudicada por la subida desbocada de la vivienda, ha sido este domingo la protagonista de una marcha masiva en Madrid por el derecho a la vivienda. Son afectados como Nayelhi Avilés, una universitaria de 23 años, que paga 525 euros por una pequeña habitación: “Los caseros se aprovechan mucho. Te quieren cobrar 600 euros por un zulo”.

La delegación del Gobierno ha cifrado en 22.000 personas la asistencia, y los convocantes han dado unos números muy superiores —400.000 la federación de asociaciones de vecinos y 100.000 el sindicato de inquilinas—. El respaldo multitudinario es un claro mensaje de hartazgo por un problema que está teniendo consecuencias dramáticas para una generación que ve diezmados sus planes de futuro. El 66% de las personas entre 18 y 34 años en España sigue aún en el hogar familiar, frente al 50% de 2010.

Decenas de colectivos sociales de todo tipo han impulsado esta marcha bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio, que salió de Atocha al mediodía y acabó a las puertas de la Gran Vía, bajo el edificio Metrópolis, una hora y media después. En ese momento, la cola de la marcha aún discurría por el Museo del Prado.

“Desde hace bastante tiempo, venimos constatando como este derecho fundamental para la vida se ha convertido en uno de los nichos de mercado más lucrativos para la banca, las grandes corporaciones y para empresas y rentistas dedicados a la especulación”, dice el manifiesto, que han leído bajo el edificio Metrópolis de la Gran Vía el actor Juan Diego Botto y dos vecinas afectadas por problemas singulares de Madrid. Una, Gladys Zambrana, reside en la Cañada Real, considerado el mayor asentamiento irregular de Europa, y otra, Diana Martín, en el municipio de San Fernando de Henares, donde los defectos en la línea 7B de Metro han obligado a derribar 73 viviendas.

El manifiesto es una defensa del derecho a la vivienda frente a los intereses de la banca, las grandes corporaciones y los rentistas. Han culpado de inacción a todas las administraciones y han pedido un decálogo de medidas: imponer los topes de precios de la ley de vivienda estatal, ampliar el parque público de vivienda de alquiler protegido, aprobar una ley madrileña de vivienda, el fin de los desalojos sin alternativa habitacional o la suspensión inmediata de las licencias a pisos turísticos en zonas tensionadas. Además, han hecho demandas específicas para dos zonas vulnerables de la Comunidad: el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y del Defensor del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, y una solución para el problema creado en San Fernando.

La manifestación es la más grande convocada en Madrid por este asunto desde las protagonizadas hace una década por los afectados de la crisis hipotecaria y ha seguido la estela de las celebradas en otras ciudades de España este año. Más de 57.000 personas salieron a las calles de las siete islas canarias el 20 de abril; más de 10.000 en Mallorca el 25 de mayo; 2.000 en Barcelona el 8 de junio, y unas 15.000 en Málaga el 29 de junio. Tras Madrid, continuarán las manifestaciones: Valencia sale a la calle el sábado que viene y Canarias el domingo.

La pregunta que surge tras esta demostración de fuerza es si moverá la conversación pública para que actúen los políticos. Los convocantes han exigido una respuesta inmediata a las tres administraciones implicadas: Gobierno central, Comunidad de Madrid y ayuntamientos.

En un ambiente festivo, con batucada incluida, los asistentes han coreado lemas como “¿Qué es esto que pasa? Que no tenemos casa”, “vosotros rentistas sois los terroristas”, “fuera rentistas de nuestros barrios”, “hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general”, o “vergüenza me daría desahuciar a una familia”.

Valeria Racú, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha exigido la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que recientemente despertó la ira del colectivo por sus declaraciones apelando a la solidaridad de los caseros. También ha llamado a los inquilinos a secundar una huelga de alquileres, una medida de desobediencia civil, que ven como la mejor solución ante la inacción de los políticos. “Somos tantos y tantas que si nos organizamos tenemos mucho más poder que ningún casero”, ha declarado.

Otros han puesto la mira en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La secretaria general de Comisiones Obreras-Madrid, Paloma López, ha cargado contra ella por “una absoluta dejación de funciones”. López se refería a su negativa a aplicar la ley estatal de vivienda o a lo que considera permisividad con los pisos turísticos ilegales.

La oposición de izquierdas a Ayuso y al alcalde José Luis Martínez-Almeida también ha estado presente, apoyando a los convocantes. Las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot y Rita Maestre, han dicho que esta manifestación es un éxito de las asociaciones vecinales y que será un punto de inflexión. “Basta ya de especulación y de que unos pocos esquilmen los salarios”, ha dicho Maestre. “A la señora Ayuso hay que exigirle un cambio total del camino”, ha añadido Bergerot. La portavoz socialista en el Ayuntamiento y exministra de Turismo, Reyes Maroto, ha pedido a las administraciones que garanticen el artículo 47 de la constitución, el del derecho a una vivienda digna. “Y en clave de Madrid yo le pido al Ayuntamiento que no mire para otro lado”, ha dicho, “pero sobre todo que se implemente desde ya la ley de vivienda”.

La manifestación se fraguó en julio, durante una reunión online de la Plataforma por el derecho a la vivienda de Madrid, que había nacido en octubre de 2023, y que agrupa a grandes organizaciones como CC OO, UGT, la federación de asociaciones de vecinos de Madrid (FRAVM) o Amnistía Internacional. Posteriormente se unieron otros colectivos, hasta sumar 39 grupos. La inspiración más inmediata viene de las protestas masivas por el impacto del turismo en la vivienda en Barcelona, Málaga o Santa Cruz de Tenerife, pero en el caso madrileño el foco es la situación del mercado de la vivienda en sentido más amplio.

Entre los grupos convocantes de la protesta en la capital española se encuentran la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), que reúne a 300 asociaciones vecinales, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, Amnistía Internacional, los sindicatos de inquilinas y de estudiantes, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y organizaciones medioambientales como Greenpeace o Fridays for Future.

La movilización madrileña fue ideada al tiempo que la vivienda se convertía en uno de los principales problemas para los españoles. En 2023, solía aparecer entre el puesto diez y quince de los asuntos mencionados por los encuestados, pero este año ha subido peldaños. El Barómetro del CIS de junio la situaba como el segundo problema de una lista con más de 50 asuntos. En septiembre, figuraba como la sexta preocupación.

El malestar coincide con la escalada de los precios, que mes tras mes baten récords. El índice de la plataforma Idealista indica que el alquiler está en su máximo histórico en la capital de España. El precio medio de las ofertas era en septiembre de 20,4 euros por metro cuadrado. Esto supone que un piso de tamaño medio, 75 metros cuadrados, se oferta por 1.530 euros.

Las consecuencias sociales de esta crisis habitacional son dramáticas. En todo el país, los alquileres han subido por encima de los salarios y los jóvenes no pueden emanciparse o tener hijos. El último informe anual del Banco de España, publicado en abril, reflejaba que el 40% de los hogares en alquiler hace un sobreesfuerzo para pagar el arrendamiento y un 76% tiene dificultades para comprar. La situación se podría equilibrar con mayor oferta de vivienda, pero la producción es de casi 90.000 al año, mientras que la creación de hogares asciende a 275.000.

Las protestas por la situación de la vivienda fueron comunes después de la crisis de 2008, pero se fueron diluyendo con el tiempo. Una de las últimas veces que los activistas consiguieron una protesta multitudinaria fue el 7 de octubre de 2007, cuando miles de personas, según las crónicas de aquel día, participaron en una protesta por las calles del centro que se celebró el mismo día en que decenas de miles de personas llenaron Colón para “defender la unidad de España”. Aquel día, los manifestantes por la vivienda buscaban presionar a la Asamblea de Madrid, que sostenía al Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), para que aprobara una iniciativa legislativa popular firmada por casi 77.000 personas para crear una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. “Ni entraron a debatirla, directamente se la cargaron”, dice Mercedes Revuelta, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid. En octubre de 2018 se volvió a celebrar una manifestación, a la que acudieron unas 2.000 personas que acabó con un festival en el parque de Las Vistillas, pero al año siguiente los convocantes denunciaron que el alcalde José Luis Martínez-Almeida les impidió celebrar los conciertos.

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