Junts invalida la solidez del resto de las alianzas de Sánchez

“El Gobierno no tiene mayoría”, repiten a cada sesión parlamentaria Alberto Núñez Feijóo y sus estiletes del PP en el Congreso. Una verdad a medias. La mayoría existe porque invistió a Pedro Sánchez y porque aún permite que el Gobierno gane muchas más votaciones que las que pierde en la Cámara baja. La confluencia del PSOE y Sumar con sus aliados más antiguos ―ERC, EH Bildu, PNV o BNG― está mostrando además una solidez que no siempre exhibió en la anterior legislatura. Pero el bloque tiene una fisura indisimulable, por momentos casi un boquete, por la parte del último en llegar: Junts per Cata...

“El Gobierno no tiene mayoría”, repiten a cada sesión parlamentaria Alberto Núñez Feijóo y sus estiletes del PP en el Congreso. Una verdad a medias. La mayoría existe porque invistió a Pedro Sánchez y porque aún permite que el Gobierno gane muchas más votaciones que las que pierde en la Cámara baja. La confluencia del PSOE y Sumar con sus aliados más antiguos ―ERC, EH Bildu, PNV o BNG― está mostrando además una solidez que no siempre exhibió en la anterior legislatura. Pero el bloque tiene una fisura indisimulable, por momentos casi un boquete, por la parte del último en llegar: Junts per Catalunya, siempre jugando al borde del abismo y dispuestos a hacer morder el polvo al Ejecutivo recordándole que sin ellos no habrá legislatura viable.

Los republicanos catalanes y los nacionalistas vascos y gallegos no han fallado a Sánchez en ninguna cita relevante en este su cuarto mandato. Algunos lo dan ahora por descontado, pero no hay más que recordar vicisitudes de la anterior legislatura para valorar la fidelidad de esas fuerzas. Las cuatro, por ejemplo, estuvieron hace dos años y medio a punto de hacer embarrancar la reforma laboral y poner contra las cuerdas al Gobierno, que se salvó gracias al despiste de un diputado del PP. Ni ERC ni EH Bildu habían respaldado en 2020 la investidura de Sánchez ―simplemente se abstuvieron― y, llegada la pandemia, también le negaron su apoyo en las votaciones de varios estados de alarma.

Ahora, cuando el Gobierno los necesita a todos todos los días, como ya había alertado el PNV al iniciarse la legislatura, la adhesión de esas formaciones no ha flaqueado. Cierto que el Ejecutivo ha reducido la producción de leyes, pero en las 25 votaciones en las que se sometieron al pleno del Congreso propuestas legislativas, decretos o planes directamente auspiciados por el Gabinete de Sánchez, ERC y los dos partidos vascos han apoyado siempre. El BNG ha fallado una sola vez y Podemos, dos, una de ellas muy relevante: el primer decreto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reformar el subsidio de desempleo, que decayó y tuvo que ser modificado meses más tarde. Junts, en cambio, se ha desmarcado en ocho de esas votaciones, el doble que Coalición Canaria, una fuerza con una sola diputada, que a menudo no se suele contar entre la base parlamentaria del Ejecutivo y que gobierna en su comunidad autónoma en alianza con el PP.

En las actitudes del partido de Carles Puigdemont parecen pesar los motivos de índole más bien táctica ―aumentar la presión sobre el Gobierno y dejar bien sentada su posición de llave de la mayoría― junto a cuestiones ideológicas de fondo. Entre las primeras se encuadrarían su voto contrario a la redacción inicial de la ley de amnistía o su falta de apoyo a decretos como el fallido sobre el subsidio de desempleo, a uno de los que prorrogaba medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, a otro que desarrollaba un plan de modernización de la justicia o, en el último pleno, al techo de gasto planteado por el Ejecutivo, paso previo imprescindible a la elaboración de los Presupuestos. Esa actitud también se ha prodigado en algunas iniciativas sin consecuencias prácticas, pero con su carga política y simbólica, al acarrear derrotas del Gobierno. Abstenciones de Junts han permitido que el Congreso aprobase declaraciones críticas con el Ejecutivo sobre asuntos como el caso Koldo y el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).

Otras tomas de posición, sobre todo en asuntos económicos, revelan claramente que Junts es un cuerpo ajeno a la índole izquierdista del Gobierno y buena parte de sus aliados, en mayor medida incluso que otra fuerza de orientación política centrista como el PNV. En este apartado se puede consignar su voto contrario, junto a la derecha, que permitió derribar en el último pleno el proyecto de ley para comprometer a las comunidades autónomas en el reparto obligatorio de menores inmigrantes. En los últimos meses, Junts también negó su apoyo a una propuesta de Sumar en favor de la reducción de la jornada laboral ―que sí fue respaldada por el PNV, pero no salió adelante― y a otra del mismo grupo para pedir un servicio de información sobre la negociación colectiva. Fuera del pleno, Junts y PNV propiciaron en comisión el rechazo a otra iniciativa de Sumar que abogaba por la incorporación de los sindicatos a los consejos de administración de las grandes empresas y a diversas propuestas de la izquierda sobre la política de vivienda.

En el pleno, las formaciones catalana y vasca resultaron decisivas para admitir a trámite una proposición de ley del PP, rechazada por el Gobierno, que contempla medidas para reducir la protección al lobo. Junts ha llegado a ser la única fuerza en oponerse a dos asuntos de menor repercusión: un convenio de defensa con Francia y un informe sobre la Cuenta General del Estado aprobada por el Tribunal de Cuentas, un organismo que ha exigido responsabilidades contables a dirigentes independentistas implicados en el procés.

Desde que comenzó la legislatura, el pleno del Congreso ha celebrado en total unas 400 votaciones, contando las de las enmiendas presentadas por cada grupo y los puntos en los que se dividen con frecuencia las mociones y las proposiciones no de ley ―meras declaraciones― para someterlos por separado al refrendo de la Cámara. Junts ha votado en sintonía con el Gobierno y el PSOE en un 70% de las ocasiones.

La actitud que tomará a partir de ahora la formación independentista, escaldada por el pacto entre PSC y ERC que ha otorgado la presidencia de la Generalitat al socialista Salvador Illa, marcará el futuro de la legislatura. Su secretario general, Jordi Turull, ha asegurado que los acuerdos con el PSOE para investir a Sánchez serán revisados y ha reclamado al Gobierno medidas contra el Tribunal Supremo por negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont. El Ejecutivo, de momento, se ha limitado a criticar por primera vez abiertamente a los magistrados del Supremo por boca del ministro de Transportes, Óscar Puente. El asunto más urgente, la negociación de los Presupuestos, coincidirá con el congreso extraordinario que Junts acaba de convocar para finales de octubre.