Interior asegura al juez Llarena que los Mossos renunciaron a su colaboración para detener a Puigdemont
El ministerio sostiene que solo activó operativos “extraordinarios” de Policía Nacional y Guardia Civil, uno de ellos “en el entorno del Parlament”, cuando se conoció la fuga del expresidente catalán
El Ministerio del Interior ha remitido este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un informe en el que se desmarca de la fallida operación para detener el pasado jueves al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y deriva toda la responsabilidad del fiasco en ...
El Ministerio del Interior ha remitido este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un informe en el que se desmarca de la fallida operación para detener el pasado jueves al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y deriva toda la responsabilidad del fiasco en los Mossos d’Esquadra. El departamento de Fernando Grande-Marlaska asegura en el documento ―de cinco páginas de extensión y al que ha tenido acceso EL PAÍS― que, una vez que Puigdemont aseguró el 27 de julio en un acto público que tenía la intención de acudir a Barcelona supuestamente para asistir al pleno de investidura del socialista Salvador Illa, “los responsables políticos y operativos” de la policía autonómica informaron al ministerio de que iban a poner en marcha “un dispositivo específico y especial” para proceder al arresto del líder de Junts una vez que este fuese localizado “y se diesen la circunstancias operativamente idóneas” para ello. El operativo diseñado por los Mossos incluía el traslado del expresident a Madrid una vez fuese detenido “si así era acordado por la Sala del Tribunal Supremo”.
Interior asegura que, tras recibir esta información, ofreció a la policía catalana “cualquier apoyo operativo que precisasen por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil para sostener y cumplimentar el logro de los objetivos del plan especial de los Mossos”. Sin embargo, detalla que, finalmente, “tales apoyos nunca fueron requeridos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia”. El departamento de Grande-Marlaska concluye que, del análisis realizado de la actuación aquel día de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no ha detectado en la “cadena de mando” de ambos cuerpos “ninguna actuación que haya afectado negativamente a la eficaz consecución del objetivo de detención del expresidente señor Puigdemont”.
En el documento remitido al juez Llarena, Interior señala que, tras conocer los planes de los Mossos, decidió no ordenar a la Policía Nacional y la Guardia Civil “la implementación ad hoc de otros servicio de seguridad ciudadana y orden público paralelo al que iban a implementar” aquellos en los alrededores del Parlament. En este sentido, el departamento de Grande-Marlaska recalca que adoptó esa decisión porque el Estatuto de Autonomía da a la policía catalana la competencia y capacidades operativas “como policía integral en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa”, el mismo mensaje que desde que se produjo la fuga han lanzado en sus declaraciones públicas varios miembros del Gobierno para desmarcarse del fallido arresto.
El ministerio añade que, pese a todo, sí dispuso que Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieran “especialmente activados antes y durante” aquel jueves los controles en fronteras, puertos y aeropuertos ―donde conservan las competencias―, así como en la ciudad y área de influencia metropolitana de la capital catalana por si se localizaba a Puigdemont. Todo ello enmarcado en los “servicios” que tenía activos “en todo el territorio nacional para detectar y detener al prófugo” ya que contra él había en vigor una orden de arresto.
El documento añade que una vez se confirmó que el expresident había eludido en un vehículo el dispositivo de los Mossos entorno al Parlament, “los servicios de Policía Nacional y Guardia Civil de información e inteligencia fueron especialmente activados”. A la vez, Interior impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil en Cataluña, a través del delegado del Gobierno, para que “se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos en Cataluña para localizar y proceder a la detención del fugitivo”. Este incluyó un “dispositivo conjunto” de ambos cuerpos policiales en los alrededores del Parlament durante la tarde del mismo jueves “ante la hipótesis” de que Puigdemont volviera e intentara acceder al mismo “para participar en la parte restante del acto de investidura y votación al candidato” en la Cámara autónoma.
En paralelo, Interior dispuso que “se intensificasen los controles policiales en Cataluña y en los entornos de todos los pasos fronterizos, incluidos puertos y aeropuertos”. También se pusieron en marcha controles en carreteras, en especial en aquellas que conducían o están próximas a la frontera con Francia. El documento detalla los lugares de las provincias de Lleida y Girona donde se instalaron estos controles, unos “fijos” y otros “aleatorios”, incluido el camino rural que da acceso a Francia por el Coll de Banyulls, en esta última provincia. Estos dispositivos “reforzados” se prolongaron desde el momento que se conoció la fuga hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto, recalca Interior.
El informe de Interior es respuesta a la petición de explicaciones que hizo el juez Llarena al día siguiente de la fuga tanto al ministerio como a los Mossos. Ante la orden de detención vigente contra el líder de Junts, cualquier cuerpo de seguridad tenía la obligación de detenerlo nada más pisar suelo español. Pero Puigdemont fue capaz de entrar en el país y dar un mitin público ante 3.500 personas sin que se lo arrestara. Por ello, el magistrado se dirigió al departamento de Grande-Marlaska —del que dependen la Policía Nacional y la Guardia Civil— para que le explicase “cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y posterior detención”; “los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial”; “así como de las órdenes que fueron cursadas para su detección en frontera y eventual detención después de su fuga”. También quería saber qué agentes “diseñaron, aprobaron y ejecutaron” este plan. La mayor parte de estas preguntas quedan sin respuestas concretas en el informe.
En su respuesta, Interior recalca que la detención de Puigdemont “ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales” dependiente del ministerio desde que se dictó la primera orden de detención contra él en noviembre de 2017 y que, de hecho, cuando la misma fue actualizada el pasado 11 de junio, procedió a dar traslado de la misma a las fuerzas de seguridad, incluidos los cuerpos autonómicos. No obstante, recuerda que España forma parte del Acuerdo Schengen ―que engloba a 23 países de la Unión Europea, entre ellos Francia, además de Suiza, Noruega e Islandia― que garantiza la libre circulación de personas con la eliminación de los controles permanentes de personas en las fronteras interiores de la UE, lo que dificulta que “cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento”.
Interior explica al juez a que, si bien el Acuerdo Schengen abre la posibilidad de restablecer de manera temporal los controles en las fronteras, la medida debe ser justificada ante la Comisión Europea y el resto de Estados miembros por la existencia de “una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior” de carácter “excepcional” como fue la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022 o la crisis sanitaria provocada por la covid-19. Una situación que Interior considera que no se daba con el anunciado regreso de Puigdemont a España, por lo que se señala al juez Llarena que no estaba “justificado” reestablecer aquellos días los controles fronterizos.