Detenido un empresario de Gijón acusado de pagar sobornos a altos cargos de Obiang
La Policía ha bloqueado al arrestado inmuebles valorados en 4,5 millones de euros y cuentas bancarias con otros dos millones
El Gobierno de Guinea Ecuatorial, de nuevo salpicado en una investigación judicial en España. La Policía Nacional ha detenido en Gijón al empresario y abogado A. R. N. acusado de haber pagado presuntamente sobornos a altos cargos del ...
El Gobierno de Guinea Ecuatorial, de nuevo salpicado en una investigación judicial en España. La Policía Nacional ha detenido en Gijón al empresario y abogado A. R. N. acusado de haber pagado presuntamente sobornos a altos cargos del régimen de Teodoro Obiang Nguema para hacerse, en 2019, con la adjudicación del millonario proyecto para levantar en este país africano unas instalaciones de procesamiento de atún que hasta la fecha no se han materializado.
Según la investigación del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, A. R. N. recibió entre 2020 y 2022 dos ingresos por un importe total superior a los 4,5 millones de euros por aquel contrato. Parte de este dinero fue posteriormente transferido a “personas relacionadas con el gobierno de dicho país”, según detalla el Ministerio del Interior este viernes en una nota de prensa. La antigua colonia española ocupa el puesto 172 de los 180 estados analizados ―y, por tanto, es de los más corruptos del mundo― en el último anual de la ONG Transparencia Internacional.
En el momento del arresto, el pasado 2 de julio, los agentes intervinieron en los dos registros realizados en Gijón 30.000 euros en efectivo que A. R. N. tenía en una caja fuerte y abundante documentación, además de bloquearle cinco inmuebles valorados en más de 4,5 millones de euros y 21 activos financieros con otros 2 millones. Tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acusado de los delitos de cohecho internacional, blanqueo de capitales y falsedad documental, el empresario ―con negocios en el país africano desde hace más de una década― quedó en libertad con medidas cautelares tras haber mostrado su disposición a colaborar con la justicia, según destacan fuentes cercanas a las pesquisas.
La bautizada como Operación Akami se inició en enero, después de que una entidad bancaria alertase de sospechosos movimientos de fondos en cuentas relacionadas con el ahora detenido, que figura con cargos en una decena de mercantiles domiciliadas en Asturias o Madrid. La investigación puso el foco en una de estas sociedades cuyo objeto social es “la explotación industrial de todas las actividades relacionadas con productos destinados al consumo humano o animal”, pero que desde su constitución, en 2016, no había realizado ningún proyecto ni en España ni en ningún otro país ni contaba con empleados.
La primera actividad la registró en 2020, coincidiendo con la adjudicación un año antes supuestamente de modo irregular del proyecto del Ministerio de Pesca ecuatoguineano para poner en marcha en una isla del país una granja de atún rojo y una fábrica para procesar la producción de aquella. El proyecto, que inicialmente había sido encargado a otras dos empresas españolas, estaba presupuestado en cerca de 19 millones de euros que iban a ser financiados entre el régimen de Obiang y el Banco de Desarrollo de los Estados del África Central.
El contrato entre el gobierno ecuatoguineano y la sociedad del empresario asturiano fijaba como plazo máximo para la ejecución del proyecto dos años, pese a lo cual el mismo no empezó a desarrollarse hasta este año, cinco años después de la adjudicación y coincidiendo con una inspección de la Agencia Tributaria al ahora detenido, según destaca la nota de Interior.
En la investigación ha participado la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), dos de cuyos analistas del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC en sus siglas en inglés) cotejaron el día de la detención con las bases de datos comunitarias la información intervenida durante los registros, según ha destacado el propio organismo comunitario en otra nota.