Incógnitas que afronta Puigdemont al volver a España: detención y prisión provisional

El anuncio de la vuelta a España de Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, abre un escenario rodeado de incógnitas. Junts y otros colectivos independentistas han convocado concentraciones para “recibir” este jueves al dirigente secesionista, que ha permanecido casi siete años huido de la justicia y que insiste en que acudirá a la sesión de investidura del socialista Salvador Illa, convocada a las 10.00. De co...

El anuncio de la vuelta a España de Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, abre un escenario rodeado de incógnitas. Junts y otros colectivos independentistas han convocado concentraciones para “recibir” este jueves al dirigente secesionista, que ha permanecido casi siete años huido de la justicia y que insiste en que acudirá a la sesión de investidura del socialista Salvador Illa, convocada a las 10.00. De confirmarse su regreso, Puigdemont provocará un verdadero terremoto político, pero también jurídico. Sobre él pesa una orden de arresto nacional dictada por el Tribunal Supremo, que ha rechazado aplicarle la amnistía; y, por tanto, nadie descarta la posibilidad de que se decrete su ingreso en prisión provisional.

La posible detención. Con la orden de arresto vigente, cualquier cuerpo de seguridad de España (como los Mossos, Policía Nacional o Guardia Civil) tiene la obligación de detener a Puigdemont en el caso de detectar su presencia. Así que la primera incógnita es dónde se produciría el arresto. Según confirman fuentes policiales y de la defensa del expresident, los Mossos le ofrecieron una detención pactada y discreta, pero él la rechazó. La Policía catalana ha desplegado diversos efectivos por la frontera con Francia, aunque centra sus esfuerzos en el centro de Barcelona para impedir su acceso al Parlament, en el caso de que irrumpa en la ciudad este jueves y trate de entrar al Hemiciclo, del que forma parte como diputado electo tras las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Josep Rull, presidente del Parlament, ya subrayó este miércoles que no permitirá a los mossos o policías entrar en la Cámara para detener a Puigdemont. “Mientras yo sea presidente, haré todo lo posible para impedir que un diputado pueda ser detenido en el ejercicio de sus funciones, porque el Parlament dispone de una inmunidad que trasciende incluso el ámbito estrictamente normativo. Es un sitio sagrado. En cualquier país avanzado y democrático, la sede del Parlamento es sagrada, democráticamente sagrada, y no puede limitarse ningún derecho, en términos de privación de libertad, de ningún diputado”, dijo Rull en una entrevista en el digital Vilaweb.

El artículo 55.3 del Estatut de Cataluña establece que el Parlament es “inviolable”. “Lo garantizaremos con toda una serie de argumentos jurídicos, que son sólidos [...] [Hay] dos protocolos que ya aprobamos y están vigentes, por los que no se puede detener a ningún diputado dentro del Parlament. Y más, allá de esto, también existen más argumentos. El proceso de una actividad parlamentaria, en este caso tan solemne y tan relevante como la investidura de un presidente, no puede interferirse de ninguna manera. Por tanto, desde el momento en que se convoca el pleno formalmente, que yo firmaré la convocatoria, hasta que no se haya cerrado, no se puede detener a nadie porque alteraría la actividad parlamentaria”, añadió Rull.

El interrogante reside en si Rull puede impedir la entrada de los policías si el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés contra Puigdemont, exige que irrumpan en el Parlament, aunque se esté desarrollando el pleno. Diversas fuentes jurídicas y policiales sostienen que los agentes, con la orden de detención en la mano, podrían acceder, aunque antes debería valorarse si esa medida es proporcional. En esa línea, Rull reiteró que, si no acatan sus decisiones, tendrán que detenerle antes a él y que, si se tercia, protegerá al expresidente en su despacho. Diversas fuentes parlamentarias sostienen que, para evitar ese extremo, el escenario más probable es que la detención no se realice dentro de la Cámara.

Ante la posibilidad de que se produzcan disturbios tras el arresto, los Mossos se han coordinado con la Policía Nacional para que les dé apoyo en caso de necesitarlo, según fuentes policiales. “De todas formas, de momento, la hipótesis es que no van a ser tan graves como algunos esperan”, vaticinan estas fuentes, informa Óscar López-Fonseca.

Traslado a Madrid. En caso de detención, los agentes podrían poner a Puigdemont a disposición del juzgado de guardia de la localidad donde se haya ejecutado el arresto. Al ser el Supremo quien lo reclama, la posibilidad de que se le traslade entonces a Madrid —donde el alto tribunal tiene su sede— está sobre la mesa. Como precedente, el magistrado Llarena descartó tomar esa medida cuando se detuvo a la exconsejera Clara Ponsatí en Barcelona en 2023, que había vuelto a España tras cinco años huida. En esa ocasión, Llarena descartó enviarla a Madrid antes de ponerla en libertad, pues esta medida hubiera supuesto “una extensión de su privación de libertad en un delito para el que no están previstas penas de esta naturaleza”. Pero existe una diferencia fundamental con la situación de Puigdemont. Sobre Ponsatí solo pesaba una orden de arresto por un delito de desobediencia, que no acarreaba penas de cárcel. En cambio, el expresident se enfrenta también al de malversación, castigado por la ley con hasta ocho años de prisión.

Ingreso en prisión. Llarena tendría que decidir igualmente sobre el ingreso en prisión provisional de Puigdemont, si alguna de las partes lo pide. En Junts dan por hecho que Vox, personado como acusación popular en la causa del procés, solicitará esta medida si es detenido. Es más, ante la anunciada vuelta del político secesionista, el partido ultraderechista también ha convocado una concentración este jueves junto al Parlament bajo el lema: “¡Puigdemont a prisión!”.

En contra del expresidente juegan dos factores fundamentales. Primero, el riesgo de fuga tras siete años huido de la justicia. Y segundo, el de reiteración delictiva. Precisamente, el Supremo se pronunció el 24 de julio sobre este tema, al plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. “Los golpistas amnistiados no es que mantengan, como tienen derecho a hacerlo, la ideología que les trajo hasta aquí. No es que no pidan perdón a los demócratas catalanes y a los del resto de España por haber intentado alterar por la fuerza de los hechos el orden constitucional democrático. Es que afirman, en lo que ya es un eslogan, que ‘lo volverán hacer”, expuso el alto tribunal.

Sin embargo, los tribunales cuentan con alternativas a la prisión provisional. Por ejemplo, existen medidas menos gravosas para reducir el riesgo de fuga, como la obligación de comparecer en un juzgado periódicamente (incluso, cada día).

Intervención del Constitucional. Según fuentes del entorno de Puigdemont, su defensa lleva semanas estudiando cómo acelerar la intervención del Tribunal Constitucional, dominado actualmente por una mayoría progresista. El líder de Junts considera escasas sus posibilidades de que el Supremo lo deje libre, después de que este tribunal haya rechazado aplicarle la amnistía. Ante esta situación, las opciones pasan por agotar la vía ordinaria mediante recursos, y elevar su caso de alguna forma al Constitucional para intentar que este órgano de garantías se moje cuanto antes.