EL PSOE dice que el futuro sistema de financiación garantizará más dinero para las autonomías

El Gobierno sigue guardando prudencia y un hermético silencio ante el acuerdo del PSC con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, que considera como el próximo “punto de inflexión” de la legislatura. Mientras llega la sesión de investidura del socialista, en La Moncloa y el PSOE se arman de argumentos para contrarrestar los ataques del PP por ese pacto, a los que se han sumado varios b...

El Gobierno sigue guardando prudencia y un hermético silencio ante el acuerdo del PSC con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, que considera como el próximo “punto de inflexión” de la legislatura. Mientras llega la sesión de investidura del socialista, en La Moncloa y el PSOE se arman de argumentos para contrarrestar los ataques del PP por ese pacto, a los que se han sumado varios barones socialistas y parte de los expertos. El plan pasa por defender que con el actual Ejecutivo y con el futuro modelo de financiación autonómica habrá “más dinero” para todas las autonomías y ayuntamientos y contraponer esos datos a los recortes y votaciones recientes del PP, como el rechazo a la senda de estabilidad contra los intereses económicos de esas administraciones. La inflación, el crecimiento económico y el fuerte aumento de los ingresos impositivos han permitido a Hacienda dar más recursos a las autonomías en los últimos tiempos. El PP apela en sus últimos mensajes a que incluso los barones del PSOE se han mostrado críticos sobre el “concierto económico solidario” negociado con ERC, y les reclama que hagan algo más que ser “cómplices” y se rebelen.

Los ministros socialistas continúan con su estrategia de aparecer lo justo, hacer poco ruido hasta que pase la investidura de Illa y emitir mensajes centrados en atacar al PP. Dirigentes socialistas tildan de “hipócritas” a los populares por cuestionar el pacto fiscal con ERC, que podría permitir a la Generalitat catalana gestionar el 100% de los impuestos a partir de 2026 empezando por el IRPF. Los populares califican ese pacto como una cesión y chantaje que romperá la unidad de España. La única ministra de guardia del Ejecutivo, Pilar Alegría, que sigue en París al tanto de los pormenores del día a día de la delegación española en los Juegos Olímpicos, distribuyó este lunes unas declaraciones para presumir de que España está “en el pódium” en economía y empleo, y retrató al PP como un partido “irresponsable” utilizando incluso una metáfora olímpica: “España está en el pódium de la economía, del crecimiento y del empleo y frente a esta realidad tenemos la realidad paralela del PP. Los auténticos campeones de la nada: Oro en ruido, plata en mentira y bronce en irresponsabilidad”, en línea con las declaraciones del presidente Pedro Sánchez en su balance del curso político.

Frente a ese argumentario, los populares están insistiendo en estos días en la idea de que con ese acuerdo lo que en realidad ocurrirá es que Sánchez cederá todo lo que sea necesario para mantenerse en poder. Fueron los mensajes que repitieron tanto la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que reapareció en una entrevista en la COPE tras unos días de vacaciones. Cataluña está “okupada”, dijo, y planteó a los barones socialistas si van a continuar “ahí sentaditos, mirando para otro lado, siendo desleales a España entera, mientras el presidente del Gobierno da patadas hacia delante para esconder todo lo que tienen en La Moncloa y retorcer la Constitución”. Montserrat, asimismo, sostuvo que ese “cheque millonario” del pacto fiscal “servirá para crear un aparato de Estado catalán y no para mejorar los servicios públicos”, y concluyó que Sánchez juega de esa manera “corrupta” con “los recursos de la sanidad, la educación y las políticas sociales de todos para entregárselos al independentismo y comprar la legitimación plena del procés”. El PP apunta ya directamente contra el propio Illa. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo defiende que Illa está asumiendo la agenda independentista como paso previo al referéndum. Montserrat llegó a definirle como el futuro president con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat. La popular exhortó a los líderes socialistas que se han manifestado críticos a que “pasen a la acción y eviten este atropello a la Constitución y a la igualdad” porque entiende que “si no lo hacen, serán cómplices y responsables de la traición a la solidaridad entre españoles”.

En el PSOE, por un lado, esperan a que la investidura de Illa marque un hito en la legislatura para retomar la actividad legislativa y se rearman para contraatacar al PP, del que no están dispuestos a recibir “ninguna lección ni sobre el modelo de Estado ni sobre el sistema de financiación”. Los socialistas esgrimen que los populares son muy hipócritas al arremeter contra este singular concierto económico catalán cuando en el pasado gobiernos del PP también cedieron gestión y recaudación de impuestos estatales y del IRPF.

El Gobierno y el PSOE aseguran que con el nuevo modelo de financiación por negociar, si sale adelante en el Congreso, habrá más recursos para todos y se evidenciarán las diferencias con las políticas del PP, “un fraude a los ciudadanos y al Estado social español, porque bajan los impuestos a los ricos, recaudan menos y lo sufren la sanidad y la educación públicas, para luego pedir más recursos al Estado”. Políticamente, en el Ejecutivo prefieren subrayar lo que el acuerdo con ERC supone para la “liquidación efectiva del procés independentista” frente a “la peor crisis territorial y de ruptura” gestionada “sin una sola propuesta” por el entonces Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Ante las llamadas a la rebelión por parte del PP hacia los socialistas, el PSOE subraya que los presidentes autonómicos populares “callaron y no dijeron ni una sola palabra cuando el grupo popular en el Congreso votó hace pocas semanas contra la senda de estabilidad de los presupuestos del Estado, lo que significa unos 6.000 millones menos para la sanidad y la educación de las autonomías y 4.500 millones menos para los ayuntamientos en los próximos dos años”.