El bloque conservador del CGPJ se enroca contra una presidenta progresista “porque no es necesario que sea mujer”

El Consejo General del Poder Judicial, que fue renovado tras cinco años y medio con el mandato prorrogado por el veto del PP a perder influencia en ese órgano de gobierno de los jueces, ha celebrado sus primeras reuniones funcionando por como en el anterior mandato por bloques homogéneos. En...

El Consejo General del Poder Judicial, que fue renovado tras cinco años y medio con el mandato prorrogado por el veto del PP a perder influencia en ese órgano de gobierno de los jueces, ha celebrado sus primeras reuniones funcionando por como en el anterior mandato por bloques homogéneos. En la sesión de este martes, prevista para nominar la figura de su presidencia, que dispone de voto de calidad, los 10 vocales del bloque progresista y los 10 del sector conservador han operado al unísono. No ha habido un solo desmarque. Los progresistas se decantaron por el perfil de Pilar Teso, experimentada, no adscrita a ninguna asociación e independiente. Sería la primera mujer en presidir el Poder Judicial. El grupo conservador lo rechazó de plano. Defienden que Pablo Lucas, su aspirante, es más de consenso, hasta progresista, y varias de sus vocales niegan que sea necesaria “ninguna discriminación positiva” a favor de las mujeres.

Ninguno de los siete candidatos que optaban a la presidencia han logrado la mayoría necesaria (tres quintos de los vocales, es decir, 12 votos) para ser designado, y el pleno se ha emplazado a una segunda reunión mañana miércoles para seguir debatiendo, según han confirmado fuentes del órgano, pero sin grandes esperanzas. A la última ronda de las siete votaciones realizadas han llegado empatados a diez votos Teso y Lucas.

Las posiciones en la reunión de este martes entre los dos bloques se han demostrado tan distantes y enrocadas que para las fuentes internas consultadas se les hace muy difícil que el asunto pueda desencallarse este miércoles y ya se emplazan para nuevas discusiones en septiembre, tras el verano. En la cita de este martes el único y trascendental punto del orden del día era la nominación de la figura de la presidencia y no se ha podido avanzar nada sobre los más de 120 cargos pendientes de renovar en Tribunales Superiores de Justicia de diversas autonomías o en Audiencias Provinciales. Hasta ahora, en la historia del Consejo, la mayoría de los presidentes han sido de procedencia conservadora y todos hombres. El sector progresista entiende que ha llegado el momento de variar esa tradición en los dos sentidos.

A la primera votación habían llegado, en teoría, siete candidaturas, tres progresistas (todas mujeres) y cuatro conservadoras (dos y dos): Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Se han producido primero seis votaciones y a la séptima solo han llegado las opciones de Teso y Lucas. Los dos bandos han defendido que sus propuestas eran independientes y de consenso, y las fuentes contrastadas confirman que hasta ahora no han observado ninguna intromisión política partidista directa en sus debates. Los vocales progresistas han sostenido que ellos habían retirado la posibilidad de la magistrada Ana Ferrer, del Supremo, porque sí pertenece a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, de esa sensibilidad. Y han argumentado que Teso no está en ninguna asociación.

La discusión se ha empantanado a partir de ahí en discernir si debía ser una mujer la candidata a presidenta. Los progresistas lo han considerado una condición en estos momentos imprescindible, para lanzar además un mensaje claro de “paso al frente y cambio a la ciudadanía” con respecto a los Consejos anteriores. Los conservadores han cuestionado abiertamente ese argumento, incluso las vocales de ese sector han asegurado que no había “ninguna obligación ni necesidad” y que no tenía sentido “empeñarse en que la presidenta fuera una mujer, ni en la discriminación positiva, ni en la guerra de identidades, sino fundamentalmente en la excelencia” sino que había que optar “por la excelencia por encima de todo”, según fuentes del nuevo CGPJ.

El lado progresista respondió entonces que si todos los candidatos reúnen los requisitos de calidad exigidos, magistrados del Supremo o juristas con hasta 25 años de trayectoria reconocida, el mensaje añadido de modernidad podría ser el de la llegada de una mujer por primera vez a la cúpula de esa institución. En la carrera judicial ya son mujeres el 57%, pero apenas llegan al 14% las que están en el Supremo. Pese a esta discusión, nadie ha puesto en cuestión el currículo y trayectoria de Teso, pero los conservadores sí se han mantenido “muy enrocados” en que Pablo Lucas era “más de consenso, porque en realidad es progresista” y han avanzado, además, que esas serán sus futuras votaciones.

El magistrado Lucas es reconocido por el sector progresista por su bagaje “liberal en un sentido amplio” y por su carrera, catedrático de Derecho Constitucional y ahora al frente de la responsabilidad de la vigilancia de los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pero en los círculos progresistas judiciales se constata que ha entrado en una deriva contra el actual Gobierno y el PSOE tras no salir adelante hasta en dos ocasiones en los últimos años su candidatura para cubrir una vacante del Tribunal Constitucional. Lucas fue el ponente de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Supremo que anuló el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, acordado por este Gobierno el 31 de octubre de 2022, porque entendía que no reunía el requisito de “jurista de reconocido prestigio” exigido por el artículo 6 de la ley orgánica que regula el máximo órgano consultivo del Gobierno. Lucas fue también uno de los dos ponentes de la misma sala que anularon la designación de la exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una plaza reservada para fiscales de la máxima categoría y cuyo nombramiento corresponde al Gobierno a propuesta del jefe del ministerio público.