Puigdemont estudia cómo acelerar la intervención del Constitucional sobre la amnistía si entra en prisión provisional

El entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, actual diputado electo del Parlament, insiste en que el dirigente independentista mantiene su intención de regresar a España para la sesión de investidura que se convoque en la Cámara autonómica. Y, además, están seguros de que esta vuelta supondría la detención del líder de Junts, ya que el Tribunal Supremo mantiene la orden de arresto nacional d...

El entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, actual diputado electo del Parlament, insiste en que el dirigente independentista mantiene su intención de regresar a España para la sesión de investidura que se convoque en la Cámara autonómica. Y, además, están seguros de que esta vuelta supondría la detención del líder de Junts, ya que el Tribunal Supremo mantiene la orden de arresto nacional dictada contra él tras descartar que se le pueda aplicar la amnistía por el delito de malversación que se le atribuye. Por ello, ante tal escenario, ya se ha comenzado a estudiar el plan que seguir entonces, que baraja como posible baza el acelerar la intervención del Tribunal Constitucional (TC), dominado actualmente por una mayoría progresista. Esta iniciativa buscaría una especie de fórmula exprés para que el órgano de garantías se mojase, ante una resolución sobre la amnistía que podría dilatarse.

Fuentes muy próximas a Puigdemont recalcan que a día de hoy “todos los escenarios son posibles”. Pero, en el caso de su detención, se sopesa la opción de desplegar una doble vía de recursos para procurar que el Constitucional se pronuncie cuanto antes. Según fuentes del entorno del expresidente, a las primeras alegaciones que su defensa ya ha presentado contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía (paso previo para poder acudir después al tribunal de garantías por esta cuestión), se sumaría entonces una segunda ofensiva paralela contra el encarcelamiento preventivo del político secesionista.

En ese sentido, uno de los escenarios que se contempla es el siguiente. En Junts barajan que las fuerzas de Seguridad detengan a Puigdemont si pisa España y que, a continuación, lo pongan a disposición del magistrado Pablo Llarena, instructor del Supremo, que lo mantiene procesado por la causa del procés —que supuso en 2019 la condena a prisión de los líderes independentistas que no huyeron de la justicia, como Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat—.

El entorno del expresident piensa que, entonces, Llarena decretará su ingreso en prisión provisional ante el riesgo de fuga existente. La defensa de Puigdemont tendría que desplegar entonces su plan. Y, según fuentes cercanas al líder de Junts, la opción que se sopesa es presentar un primer recurso ante la Sala de lo Penal del Supremo contra la decisión de Llarena de encarcelar al expresidente. Al tratarse ya de una causa con preso preventivo, los magistrados de este tribunal deberían acelerar la resolución de estas alegaciones. Y, una vez que se pronuncien, la defensa de Puigdemont ya podrá acudir directamente al Constitucional —contra, en su opinión, la previsible decisión de la Sala de mantenerlo entre rejas—.

Según fuentes del entorno del exjefe del Govern catalán, al Constitucional se le plantearía que no se puede mantener en prisión a una persona a la que se le debe aplicar la amnistía, con la idea de tratar de forzar al TC a pronunciarse sobre esta nueva norma, aunque sea de soslayo. Aunque algunas fuentes del entorno del político secesionista opinan que el órgano de garantías no entrará de lleno sobre la medida de gracia, y que se irá manifestando poco a poco sobre sus distintos aspectos.

De forma paralela, según estas mismas fuentes, la defensa de Puigdemont seguiría con sus recursos contra la postura del instructor Llarena de negar la amnistía al expresident por el delito de malversación, que el magistrado rechazó el pasado 1 de julio. La defensa del expresidente ya presentó un primer recurso —conocido técnicamente como “de reforma”— ante el mismo Llarena contra esta decisión. Después podrá acudir a la Sala de lo Penal del Supremo, pero este tribunal (encabezado por el magistrado Manuel Marchena) ya ha resuelto lo mismo al pronunciarse sobre los condenados por el procés, por lo que no se espera que estas alegaciones prosperen. De esta forma, una vez se agote esta vía ante el Supremo, la idea es acudir también al Constitucional, según fuentes del entorno del exjefe del Govern.

La clave de la investidura

Fuentes de la dirección del partido se resguardan en que siguen estudiando “todos los escenarios posibles” para un retorno que ha sido tan prometido como incumplido desde que, en 2017, la campaña de Puigdemont para las elecciones catalanas girara precisamente sobre esa idea de que una victoria implicaría el billete de vuelta a España, tras instalarse en Bélgica para eludir la acción de la justicia española. Fuentes de la dirección de Junts también califican esta jugada de demasiado arriesgada por la orden de captura nacional que sigue pesando en su contra, y la incertidumbre que existe sobre el tiempo que podría pasar en prisión preventiva.

El escenario de la amnistía, sin embargo, le da una nueva dimisión a la última promesa de regreso, que, sin embargo, ha ido mutando desde las pasadas elecciones catalanas. Inicialmente, el diputado electo y aspirante a la Presidencia de la Generalitat aseguró que volvería a Cataluña solo para su debate de investidura. Después, matizó que la vuelta tendría lugar independientemente de quién se sometiera a la sesión en la Cámara.

Las posibilidades para que sea él quien pueda protagonizar ese debate son aritméticamente ciertas, pero casi políticamente imposibles. A Puigdemont, con 35 diputados, no le vale solo con el voto afirmativo de la CUP (4) y de ERC (20); sino que necesitaría que el socialista Salvador Illa, ganador de los comicios del 12-M, se abstenga.

Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos, la posibilidad de la vuelta del expresident sí ha implicado movimientos concretos en esta ocasión. El presidente del Parlament, Josep Rull, pidió la semana pasada al secretario general de la institución, Albert Capelleras, que revisara el protocolo de seguridad de la Cámara, para comprobar si ofrecía suficientes garantías para evitar que Puigdemont fuera detenido dentro del recinto del legislativo. El último texto, de 2017, otorga a la presidencia de la Cámara la facultad de autorizar o no el acceso policial. Por otro lado, el partido ha convocado para el día 27 un acto en apoyo a su fundador en el sur de Francia para, en palabras de su secretario general, Jordi Turull, “darle apoyo de cara a su próximo retorno”.

Todas las miras están puestas en el día 26 de agosto, pues se da por sentado que la complejidad de construir un pacto de investidura obligará a agotar todo el plazo legal antes de que se repitan automáticamente las elecciones. El regreso de Puigdemont permite movimientos tácticos de calado a Junts. Si no hay pacto de izquierdas en la Generalitat, el retorno es un perfecto acto de inicio de campaña electoral, más aún tras una campaña donde los buenos resultados sirvieron de poco. Una llegada a Cataluña del expresident, coincidiendo con la anunciada consulta de ERC a sus bases sobre el acuerdo, podría tensionar el sector más contrario a acercarse al PSC.