Tellado frena el pacto ultimado entre Gamarra y Bolaños para renovar la Junta Electoral
Malestar en el entorno de la secretaria general del PP por la nueva intromisión en sus tareas del portavoz parlamentario de Feijóo
La Junta Electoral Central (JEC), el órgano permanente de vigilancia de los procesos electorales en España, lleva casi ocho meses con su mandato legal caducado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. Cuando ese pacto parecía ahora casi cerrado, tras el conseguido para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las disputas internas en el ...
La Junta Electoral Central (JEC), el órgano permanente de vigilancia de los procesos electorales en España, lleva casi ocho meses con su mandato legal caducado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. Cuando ese pacto parecía ahora casi cerrado, tras el conseguido para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las disputas internas en el equipo de Alberto Núñez Feijóo lo han frustrado. La negociación se había ultimado entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Esta renovación se pretendía culminar para la última reunión de la JEC antes del verano, los próximos 17 y 18, pero el portavoz de Feijóo en el Congreso, Miguel Tellado, lo ha desbaratado porque entiende que los términos del acuerdo eran “demasiado favorables a los socialistas”, según fuentes al tanto de esas conversaciones.
La negociación se frenó sin ninguna explicación cuando parecía casi cerrada, como concluyeron el pasado lunes sus 13 componentes en la última sesión celebrada en el Congreso. Los miembros de la JEC, ocho magistrados designados por el Tribunal Supremo en una especie de sorteo y cinco catedráticos y expertos en derecho y sociología nominados por los partidos, estaban convocados para resolver una serie de sanciones por incumplimientos durante las campañas electorales tanto del propio presidente, Pedro Sánchez, como de su ministra portavoz, Pilar Alegría, pero aprovecharon la ocasión para ponerse al día sobre el estado de la renovación de este órgano clave para el funcionamiento de los procesos electorales.
El actual presidente de la JEC, el magistrado ya jubilado Miguel Colmenero, les informó a los demás vocales de que el asunto estaba al fin casi saldado, que la negociación entre el ministro Bolaños y la popular Gamarra iba por muy buen camino y que en teoría para la sesión antes del verano la renovación podría ya anunciarse y marcharse de vacaciones con toda la agenda resuelta. A Colmenero le habían trasladado esa información fuentes directas al tanto de las conversaciones entre Bolaños y Gamarra, pero horas después algo se torció y ahora ese pacto ya no se da tan por hecho.
El nuevo escollo para que se haya vuelto a bloquear la renovación tiene que ver con las diferencias observadas entre las posiciones al respecto de Gamarra y el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, el colaborador de mayor confianza de Feijóo desde hace años, según hasta seis fuentes diferentes consultadas por EL PAÍS tanto en el partido como en la JEC. Ni Gamarra ni Tellado quisieron ofrecer explicaciones a este periódico. A los vocales actuales de la JEC también les han explicado, tras aquella reunión, que “a Tellado le parecía que los términos del pacto cerrado por Gamarra eran los que le interesaban y favorecían al PSOE y que no se podían conceder”, según las fuentes consultadas en ese órgano y en el PP.
Las 13 designaciones de los vocales de la JEC deben realizarse, según la ley electoral vigente, en los 90 días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso, que fue el pasado agosto. Su mandato está prorrogado desde noviembre y en este periodo han resuelto todo tipo de denuncias y reclamaciones en cuatro procesos electorales, la última al imponer una multa de 1.500 euros a Sánchez por unas declaraciones en la cumbre de Doha. Los vocales son nombrados por real decreto, a propuesta de las Cortes, pero siguen en sus funciones hasta que tomen posesión los siguientes. Sobre los ocho magistrados del Supremo los partidos tienen poco o nada que decir, porque llegan por insaculación (una especie de sorteo) y de hecho la nueva presidenta debería ser la magistrada más veterana, en este caso Isabel Perelló, de perfil progresista y con 39 años de experiencia.
El CGPJ fuera de mandato, que ahora se renovará, sí cumplió con su deber y envió en noviembre, cuando marcaba el plazo la ley, su propuesta de ocho vocales del Supremo: tres de la Sala de lo Penal (Carmen Lamela, Javier Hérnandez y Miguel Magro), dos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Ángel Ramón Arozamena e Isabel Perelló), otros dos de la Sala de lo Social (Ángel Antonio Blasco Pellicer y Concepción Rosario Ureste) y uno de la Sala de lo Militar (Fernando Martín Castán).
El grueso de la negociación partidista se ha centrado en los cinco vocales expertos en derecho y sociología. Los actuales fueron pactados en su día por el PP y el PSOE teniendo en cuenta la representación de la anterior legislatura. Los socialistas promovieron entonces a dos, y PP, Vox y Podemos a los tres restantes. Los populares demandan ahora, tras ganar las elecciones del 23 de julio pasado, dos vocales como el PSOE. El restante está en disputa entre Sumar, que no renuncia a esa posición, y Vox, el tercer partido del Congreso. En las transacciones entre Bolaños y Gamarra se perfiló un reparto de cuotas igualitario para PP y PSOE y se dejó el quinto para que lo propusiera un socio del Ejecutivo, pero ahora esa distribución se ha quedado de nuevo en el aire ante los reparos que ha planteado Tellado, según las fuentes consultadas.
En ese sector duro del PP se precisa, además, que Vox podría impugnar incluso ese reparto con el argumento de su representación en la Cámara. Las dos partes de esta negociación no habían completado aún los nombres de los elegidos para esos puestos cuando irrumpió en la misma Tellado y la paró.
Esta discrepancia entre Gamarra y Tellado abunda en sus malas relaciones desde hace meses, que son una de las comidillas más recurrentes entre los dirigentes del PP de distintos sectores y que se justifican en diversos comportamientos invasivos por parte del portavoz parlamentario en las tareas de la secretaria general y en teoría número dos del partido. El último episodio de esas intromisiones se constató con malestar por parte del equipo de Gamarra el pasado viernes, cuando Tellado acudió a Valladolid a clausurar la reunión de la Junta Directiva del PP de esa provincia, una labor que normalmente corresponde a la Secretaría General o alguien de su equipo. Algunas tareas semejantes propias de partido han sido encomendadas por Tellado a portavoces adjuntos de su confianza del Congreso. En la noche de las elecciones europeas del 9J a Feijóo le llegaron informes y análisis de esos diferentes equipos. “No hay una cadena de mando lógica de poder dentro del PP y es lo mismo que pasaba en la época de Mariano Rajoy con Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, pero entonces estábamos en el poder”, resume un veterano dirigente del PP.