Cataluña, motor de las reformas aprobadas en democracia para mejorar la financiación de las autonomías

El Estado de las autonomías se financia de acuerdo a una ley orgánica aprobada en 1980 que se ha modificado tres veces en democracia (2001, 2009 y 2015) y que tiene un objetivo principal expresado en su artículo primero: “Las Comunidades gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyan las Leyes y sus respectivos Estatutos”. Las dos primeras reformas del sistema (de 2001 y de 2009) para introducir cambios relevantes en la manera de...

El Estado de las autonomías se financia de acuerdo a una ley orgánica aprobada en 1980 que se ha modificado tres veces en democracia (2001, 2009 y 2015) y que tiene un objetivo principal expresado en su artículo primero: “Las Comunidades gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyan las Leyes y sus respectivos Estatutos”. Las dos primeras reformas del sistema (de 2001 y de 2009) para introducir cambios relevantes en la manera de repartir el dinero recaudado por la administración central fueron alentadas e impulsadas por el Ejecutivo de Cataluña con el beneplácito de los gobiernos del PP y del PSOE.

El peso decisivo de esta comunidad en esas reformas legales que afectaban a todas las autonomías se debía a la influencia que los partidos gobernantes en la Generalitat ejercían sobre los ejecutivos centrales, bien fueran del PSOE o el PP. Los votos de los diputados catalanes de las formaciones nacionalistas eran clave en muchos casos para dar mayorías absolutas, y el Gobierno, a uno u otro partido mayoritario.

2001. CiU pacta con el PP de José María Aznar: “El mejor modelo de financiación que hemos tenido nunca”. En 2001, el Ejecutivo de José María Aznar (PP), ya con mayoría absoluta tras las elecciones celebradas un año antes, acordó con CiU un nuevo modelo de financiación autonómica que establecía por primera vez la cesión a las autonomías de un porcentaje de determinados impuestos estatales, lo que introducía un concepto de corresponsabilidad fiscal en el sistema. Aquella reforma de un modelo que llevaba vigente 21 años en España fue bendecida por los nacionalistas catalanes: “Es sin duda un paso adelante, es el mejor modelo que hemos tenido nunca, con una mejora cualitativa y cuantitativa porque aporta más recursos al sistema de financiación autonómica en sentido global, y en el caso particular de mi grupo, en Cataluña”, afirmó en el pleno del Congreso el diputado de CiU Heribert Padrol i Munté. El PSOE votó contra la reforma ante las exigencias que introducía sobre las competencias sanitarias que debían asumir 10 comunidades autónomas.

2009. El tripartido catalán aplaude el nuevo modelo. “Estamos federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña”. Ocho años después, con un Gobierno tripartito en Cataluña (PSC, ERC e ICV) y un Gobierno socialista en la administración central, se aprobó una nueva Ley de Financiación Autonómica que mejoraba en 11.000 millones de euros los recursos que llegaban a las comunidades. El PP votó en contra de la reforma con el argumento de que aquel modelo era un traje a la medida de Cataluña. ERC e ICV, socios entonces del PSC en el Gobierno catalán, alabaron en el Congreso el cambio legislativo del sistema de financiación autonómica: “Lo que estamos haciendo con el nuevo modelo es federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña”, señaló entonces el portavoz de ICV, Joan Herrera. El nuevo modelo llegó a Cataluña tres años después de aprobado su nuevo Estatuto de Autonomía (2006), impulsado por el tripartito de izquierdas y pactado in extremis con CiU. En ese Estatuto se establecía una inversión estatal en Cataluña similar al peso de esta comunidad en el PIB español. Aquel Estatuto tuvo el 73,9% de los votos a favor, con una participación del 48,9%. El texto sólo recogía en su preámbulo que el Parlamento autónomo consideraba a Cataluña una nación y se remitía en muchos de sus artículos a la Constitución española.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anuló en junio de 2010 varios artículos del Estatut y obligó a interpretar otros de acuerdo a los fundamentos jurídicos de aquel fallo provocó una manifestación encabezada por el entonces presidente catalán, el socialista José Montilla, pero no desencadenó entonces la reivindicación de independencia. Unos meses después, en noviembre de 2010, el Gobierno tripartito pasó a mejor vida con unos malos resultados que les dejaron muy lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar. CiU recuperó su hegemonía con 62 escaños y regresó al Ejecutivo de Cataluña que había perdido siete años antes.

2012. Rajoy niega el pacto fiscal a Cataluña entre crisis, recortes sociales, y 44.000 millones de deuda. La crisis económica que fabricó millones de parados en España, agitó el mandato de Artur Mas en Cataluña, obligado a recortar el presupuesto de servicios sociales básicos entre fuertes protestas sociales. Con 44.000 millones de euros de deuda, la Generalitat atravesaba una situación desesperada hasta el punto de tener dificultades para pagar las nóminas de sus funcionarios. Su presidente, Artur Mas, reclamó el 20 de septiembre de 2012 un pacto fiscal ―un trato privilegiado en financiación― a Mariano Rajoy, vencedor de las elecciones generales de 2011 con una mayoría absoluta aplastante. Rajoy rechazó la propuesta: la administración central atravesaba una situación ruinosa y estaba al borde del rescate.

Mas avisó a Rajoy de las consecuencias de aquel rechazo al pacto fiscal y convocó unas elecciones anticipadas con la promesa de iniciar el proceso independentista catalán. Doce años después, la amenaza de la independencia sigue instalada en Cataluña y en España, aunque sus dos primeras intentonas (2014 y 2017) fueron desarticuladas por la acción política y judicial.

2014. La renovación necesaria del sistema que nunca llegó. La reforma del sistema de financiación sigue empantanada desde 2014, cuando tocaba por primera vez renovar el modelo y el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó ante la imposibilidad de mejorarlo debido a la crisis económica que atravesaba España. El Gobierno de Pedro Sánchez adquirió el compromiso de reformar el sistema, a sabiendas de la complicación que supone poner de acuerdo a autonomías con problemas de financiación muy diversos. Ni siquiera la ideología del partido gobernante supone la defensa de un determinado sistema. De hecho, hay alianzas entre comunidades gobernadas por PP y PSOE para defender un modelo que rechazan otras autonomías donde también mandan PP y PSOE.