El presidente del CGPJ pide a Sánchez que su plan de renovación del órgano no implique una injerencia del Gobierno

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha enviado este jueves “a título personal” a las presidencias del Congreso y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramiento de la cúpula judicial y de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Con ella pretende desbloquear la renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, y sortear así la parálisis en la negociación entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, cuyo consenso es necesario para acordar esa renovación. Guilarte ha aprovechado, además, par...

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha enviado este jueves “a título personal” a las presidencias del Congreso y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramiento de la cúpula judicial y de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Con ella pretende desbloquear la renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, y sortear así la parálisis en la negociación entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, cuyo consenso es necesario para acordar esa renovación. Guilarte ha aprovechado, además, para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare sus planes para el CGPJ —apuntados el miércoles en TVE— y se comprometa a que en ningún caso implicarán una “influencia del Gobierno” en la elección de los altos cargos judiciales o el “desapoderamiento” del Consejo. Esa posibilidad, dice el responsable del órgano, “resultaría aterradora”.

Guilarte da la bienvenida a Sánchez al “círculo” de quienes creen que “el problema radica en la fórmula de elección de la cúpula judicial” —viciada, dice, de “discrecionalidad”— y consideran necesario dar más peso a los principios de mérito y capacidad. Pero advierte de que esos nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 [de la Constitución]”; y añade que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”.

En este sentido, el jurista rechaza que la solución implique regresar a los tiempos, previos a la actual ley orgánica, en los que los nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia. Y pide a Sánchez que abandone su “relativa ambigüedad”. “No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”, señala.

El CGPJ, el órgano que gobierna a todos los jueces de España y nombra a los altos cargos judiciales del Supremo, las Audiencias provinciales y los tribunales superiores de las comunidades, lleva cinco años sin cambiar su composición y tiene, por tanto, una mayoría de vocales conservadores que corresponde a la época en la que gobernaba Mariano Rajoy, del PP. Los vocales son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos, lo que obliga a un acuerdo entre los dos grandes partidos. La propuesta enviada por Guilarte a las Cámaras para desbloquear esa situación tiene dos partes: una para cambiar el modo de elegir a la cúpula judicial (presidentes de sala del Supremo, Audiencias provinciales y tribunales superiores) y otra sobre la elección de los propios vocales del CGPJ.

Una fórmula mixta para los nombramientos

Respecto a lo primero, el documento es prácticamente idéntico al que ya envió Guilarte al Congreso y al Senado el pasado abril. La idea que subyace es que los partidos políticos tienen especial interés en controlar el CGPJ porque es la vía para, indirectamente, controlar después los nombramientos que este realiza de la cúpula judicial del Supremo, Audiencias y tribunales superiores. Por tanto, si el modelo de nombramientos cambia, dice Guilarte, el CGPJ dejará de ser tan atractivo para los partidos y estos lo renovarán sin problema.

Pero el presidente del órgano no propone que este pierda del todo la competencia de nombrar a los altos cargos judiciales. Subraya, de hecho, que esos nombramientos deben seguir formalmente en manos del CGPJ —quitarle esa competencia sería “inimaginable”, remarca en el texto enviado este jueves, una frase que no constaba en el anterior de abril—, pero limitando la “discrecionalidad actual” por la vía de dar más peso a los requisitos de mérito y capacidad. Eso aumentará, augura, la independencia de los jueces. El CGPJ tendría así la última palabra para designar a los magistrados, pero habría un trámite previo: la “resolución de los concursos” se haría “con el asesoramiento de comités de expertos” formados por jueces o abogados.

En concreto, los presidentes de las Audiencias Provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas no serían elegidos directamente por el CGPJ, como hasta ahora, sino por los propios miembros de esas salas o tribunales. A los magistrados del Supremo los elegiría una “comisión cualificada” que haría “una propuesta de nombramiento, necesariamente motivada, que sería elevada al Pleno del CGPJ”. Pero este podría rechazarla, también de forma motivada. “De esta manera queda totalmente a salvo la indeclinable competencia del CGPJ para efectuar nombramientos y se obviaría la eventual crítica de ‘cooptación’ de la alta magistratura”, confía Guilarte. El objetivo, insiste, es “objetivar” la designación de estos puestos para “disipar” la “eventual contaminación política”.

Sorteo para elegir a los vocales

En la segunda parte del documento enviado a las Cortes, Guilarte propone también un cambio en la elección de los propios vocales del CGPJ. La fórmula actual, que pasa por un acuerdo entre el PSOE y el PP para repartirse esos puestos, no solo redunda en la “politización” del órgano sino que es “inviable” en el actual clima de “polarización” política y mediática, afirma el presidente. Y alguna otra propuesta reciente, como la “apuntada desde Podemos” —cambiar las mayorías legales para que ya no sea imprescindible el acuerdo con el principal partido de la oposición— es tildada por Guilarte de “aterradora”, porque con ella “el CGPJ se convertiría en una dependencia jerarquizada del Gobierno, una especie de jefatura de servicio administrativo-judicial”. Por todo ello, él reivindica, a futuro, sustituir el modelo; y a corto plazo, resolver la situación con un sorteo.

“El problema básico es, al día de hoy, la renovación del CGPJ, pues se aborrece nuestra continuidad, quizás con razón”, dice el presidente del Consejo. Al estar, afirma, “tan cerrilmente enquistado el enfrentamiento” entre los partidos, él plantea que, “de forma totalmente coyuntural, para salir hoy del paso, cabe recurrir al sorteo”. Este se haría, en principio, sólo para elegir a los 12 vocales jueces (no a los ocho juristas), y se partiría de los candidatos “vigentes” (los 39 que aún están dispuestos, de la bolsa inicial de 50 que esperan desde 2018 a que se active el procedimiento). El sorteo respetaría “la proporcionalidad” presente en esa bolsa de candidatos, entre los presentados por las asociaciones y los avalados por miembros de la carrera judicial.

“Superado el gran obstáculo, ya tendríamos un nuevo CGPJ con persistencia, en su caso, de los actuales vocales ‘no judiciales’, salvo que sobre ellos pudiera existir ese acuerdo novatorio, también ocasional”. Ese Consejo elegido por sorteo tendría “carácter transitorio”, antes de que, “en un plazo razonable”, se consensuara un nuevo modelo, “de forma que los transitoriamente nombrados pudieran ser de nuevo designados, siempre por tres quintos de las Cámaras”. “Tras cinco años baldíos, entiendo sin acritud que ‘la Política’ no está legitimada para rechazar la fórmula salvo que de inmediato nos ofrezcan otra solución”, subraya Guilarte.

A futuro, el presidente del CGPJ plantea dos opciones de renovación: para los 12 vocales de extracción judicial, defiende o bien dejar el sistema como está pero procurando “la ajenidad de los nombrados a toda contaminación política previa”; o bien que sean los propios jueces quienes elijan directamente a los vocales jueces del CGPJ (la fórmula que pide el PP). Para los ocho vocales juristas (no jueces), desliza también que “se podría valorar la introducción de causas de inelegibilidad tales como haber sido en los años anteriores miembros del Gobierno de la Nación, del Gobierno de las comunidades autónomas” u otros cargos políticos como alcalde, concejal secretario de Estado, director general, diputado o senador.