Solo una imputada en el ‘caso Tsunami’ se presenta ante el juez
Marta Molina, actual secretaria de Movimientos Sociales de Esquerra, defiende por videoconferencia que el movimiento tenía un carácter “pacífico”
Las primeras declaraciones de imputados en el caso Tsunami Democràtic han resultado muy descafeinadas. De las diez personas a las que investiga la Audiencia Nacional por terrorismo en los disturbios registrados en Cataluña en 2019, solo Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales en ERC, se ha presentado este miércoles para declarar por videoconferencia ante el magistrado instructor, Manuel García-Castellón. Respect...
Las primeras declaraciones de imputados en el caso Tsunami Democràtic han resultado muy descafeinadas. De las diez personas a las que investiga la Audiencia Nacional por terrorismo en los disturbios registrados en Cataluña en 2019, solo Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales en ERC, se ha presentado este miércoles para declarar por videoconferencia ante el magistrado instructor, Manuel García-Castellón. Respecto al resto, tres ya habían logrado aplazar sus citaciones —entre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y Josep Lluís Alay, amigo del expresident Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica)— y los demás (varios de los cuales se marcharon al extranjero cuando fueron imputados) directamente no se han personado en el tribunal, pese a los requerimientos del juez.
Las partes permanecen ahora pendientes de cuáles serán los próximos movimientos que haga el instructor; y alguna acusación se plantea ya solicitar que se dicte una orden de búsqueda y captura contra quienes debían presentarse este miércoles en el juzgado y no lo han hecho. La pasada semana, un día después de las elecciones catalanas del 12-M, García-Castellón citó a declarar este 22 de mayo a las diez personas imputadas en la Audiencia Nacional (hay otras dos imputadas en el Supremo por este mismo caso). A nueve de ellas les ordenó comparecer por videoconferencia desde Barcelona: Marta Rovira; Josep Lluís Alay; Marta Molina; los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC; el periodista Jesús Rodríguez; Oleguer Serra, vocal de la junta directiva de Òmnium; y Jaume Cabani, considerado como el tesorero de Tsunami. Para el décimo, el banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia, se emitió una orden de cooperación internacional para interrogarle en su país de origen.
Sin embargo, la activación de todas estas citaciones desató una oleada de recursos de los investigados, que han tratado de retrasar todas las declaraciones. El juez solo aceptó suspender sine die tres comparecencias —las de Rovira, Alay y Soler—, después de que sus abogados alegaran que tenían otros compromisos profesionales previos o problemas médicos. El resto de interrogatorios, por tanto, seguían vigentes.
Pero solo Molina se ha sentado este miércoles para declarar —aunque a distancia, por videoconferencia desde Barcelona— ante el magistrado. Durante una breve comparecencia en la que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogada, la imputada ha insistido en que ella nunca ha respaldado acciones violentas, y que no participó en la organización de Tsunami, la plataforma que alentó las protestas contra la sentencia dictada en 2019 por el Tribunal Supremo contra los líderes políticos del procés. Según han detallado varias fuentes jurídicas, Molina ha añadido que conoció la existencia de Tsunami por los medios de comunicación y que era un movimiento “pacifista”.
“Marta se ha acogido al derecho a no contestar ninguna pregunta, ni del juez ni de las acusaciones. Solo ha respondido las preguntas de su defensa. Y, simplemente, hemos contextualizado el marco pacífico en el que se produjeron las protestas llamadas por Tsunami Democràtic. Marta ha contestado que todos los mensajes que envió Tsunami, que ella vio a través de los medios, eran llamadas a la no violencia, a la desobediencia civil y a la movilización pacífica de la ciudadanía. Y, por tanto, ha defendido que no fue un movimiento violento y mucho menos terrorista”, ha explicado Marina Roig, abogada de Molina, tras su declaración.
El martes, en una rueda de prensa, Marta Molina había afirmado: “Soy consciente de que puedo ir a prisión [...] Yo lo asumo, pero el Estado deberá asumir las consecuencias de volver a tener presos políticos en prisión”. Sin embargo, tras su comparecencia, ninguna parte ha pedido adoptar medidas cautelares contra ella, según varias fuentes jurídicas.
Habrá que ver ahora qué ocurre con los otros cinco imputados que debían comparecer este miércoles ante el juez: Xavier Vendrell, Jaume Cabani, Oleguer Serra, Jesús Rodríguez y Josep Campmajó. Estos tres últimos se han trasladado a vivir a Suiza y, en una entrevista con EL PAÍS, ya dejaron entrever que desoirían la llamada del juez Manuel García-Castellón.