El Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo ha vuelto a poner en cuestión la política de nombramientos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado este martes la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una plaza reservada para fiscales de la máxima categoría y cuyo nombramiento corres...

El Tribunal Supremo ha vuelto a poner en cuestión la política de nombramientos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado este martes la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una plaza reservada para fiscales de la máxima categoría y cuyo nombramiento corresponde al Gobierno a propuesta del jefe del ministerio público. La decisión ha sido adoptada por mayoría (cuatro votos a uno) del tribunal, que ha acordado retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si Delgado cumple los requisitos para el cargo o si, como sostienen las asociaciones de fiscales conservadoras, debe declararse su incompatibilidad porque su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, preside una fundación que se dedica a los derechos humanos y la memoria histórica, los mismos temas que debe tratar Delgado en ese puesto.

Es la segunda vez que el Supremo anula una designación discrecional sobre Delgado por parte de su sucesor al frente de la Fiscalía General: en noviembre pasado, la misma sala revocó su ascenso a fiscal de sala (la máxima categoría de la carrera) por considerar que supuso un ejercicio de “desviación de poder”. Aquella decisión no tuvo entonces consecuencias prácticas porque Delgado ya no era fiscal de sala de lo Militar, sino fiscal de sala de Memoria, una plaza de nueva creación para la que fue designada en junio de 2023. Este es el nombramiento que ahora ha anulado el alto tribunal.

Los jueces, que han tomado la decisión en una reunión celebrada este martes, solo han adelantado por ahora el resultado de su deliberación, pero la sentencia con los argumentos concretos en los que se basan no se conocerá hasta dentro de unos días. Los ponentes serán los magistrados Pablo Lucas y Antonio Fonseca-Herrero. Ambos han votado a favor de anular el nombramiento, una postura secundada también por Luis Díez-Picazo y José Luis Requero. La magistrada Pilar Teso es la única que se ha mostrado contraria a revocar la designación.

En la deliberación de este martes, el Supremo ha estimado los tres recursos presentados contra la designación de Delgado, que ya desató en su momento un duro enfrentamiento entre el fiscal general y las dos asociaciones conservadoras de fiscales. Ambas llegaron a pedir la dimisión de García Ortiz y acabaron presentando dos de las tres impugnaciones que ahora ha resuelto el tribunal. La tercera la registró el fiscal Luis Ibañez, uno de los que aspiraba a la plaza que se adjudicó a Delgado.

La Fiscalía de Sala de Memoria es un puesto que nombra el Gobierno a propuesta del fiscal general, que tiene potestad para proponer a quien considere. Debe escuchar antes al Consejo Fiscal, pero la opinión de este órgano no es vinculante. No obstante, las asociaciones conservadoras y el fiscal Ibáñez impugnaron la elección de García Ortiz porque este rechazó que se examinara si existía un conflicto de intereses en Delgado por ser la pareja del ex juez Garzón.

El tribunal no se pronuncia sobre si Delgado era idónea para el cargo, pero anula el real decreto del Gobierno por el que se la nombró y obliga a García Ortiz a consultar al Consejo Fiscal sobre si su sucesora cumple los requisitos para el puesto. En concreto, los jueces instan a que ese órgano se pronuncie sobre si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que los fiscales no podrán ejercer sus cargos “en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal”.

Este artículo es el que invocaron siete de los 12 miembros del Consejo Fiscal -los seis de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora, y el vocal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)- para oponerse de entrada al nombramiento. Reclamaron al fiscal general que, antes de designar a Delgado, se examinara si era idónea para ocupar esa plaza, pero García Ortiz lo rechazó porque, a su juicio, ese artículo del Estatuto no era aplicable al caso de Delgado y la Inspección Fiscal había hecho, como ocurre en todos los nombramientos, un examen previo de todos los candidatos para analizar si concurren los requisitos legales y había establecido que sí. Ese debate que frenó el fiscal general es el que impone ahora el Supremo. Fuentes judiciales explican que se ha tomado esa decisión porque existen “indicios” de que pueda haber una incompatibilidad y el Consejo Fiscal debe pronunciarse.

La decisión del nombramiento queda así en manos del Consejo Fiscal, ya que las decisiones de este órgano respecto al régimen de incompatibilidades sí son vinculantes. Fuentes de la Fiscalía señalan que se esperará a recibir la sentencia del Supremo para decidir los siguientes pasos. En cualquier caso, la ejecución corresponde al Consejo de Ministros, que es el que nombró oficialmente a Delgado.

En una entrevista en el canal 24 horas, García Ortiz ha admitido que el fallo del alto tribunal no le ha causado sorpresa. “La línea de exigencia de la Sala Tercera sobre los nombramientos del fiscal general es muy distinta a la jurisprudencia que mantenía hasta ahora”, ha señalado el fiscal general, quien asegura que sigue considerando que la incompatibilidad que denuncian los fiscales conservadores “no existe”. “Entiendo que los nombramientos son conformes a derecho, pero hemos sido corregidos por la Sala Tercera y tenemos que seguir su criterio. Los fallos se ejecutan, se asumen y tendremos que ver qué dice la sentencia”, ha añadido García Ortiz, para quien Dolores Delgado “es la mejor fiscal posible para encarnar la Fiscalía de sala de Memoria Democrática”.

Valoraciones políticas

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ha mostrado prudente y no ha entrado a valorar la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. “Respecto a los procedimientos judiciales, la Fiscalía General es autónoma y, por tanto, corresponde a esa institución tener que analizar la sentencia y ver cuáles son las consecuencias que ello tiene”, ha afirmado Montero en los pasillos del Senado. La número dos del Gobierno también ha sido respetuosa con la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la querella presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía por la difusión de una nota de prensa que desmentía las informaciones tergiversadas que el equipo de la política del PP estaba vertiendo sobre el ministerio público tras la apertura del procedimiento contra su pareja, actualmente imputado por fraude fiscal y falsedad documental. “Me imagino que habrá sido a raíz de algún recurso que se puso contra la resolución de la Fiscalía y, por tanto, ahora hay que dejar que los tribunales estudien el tema y digan qué corresponde. No tengo nada que valorar, [mi] respeto a la justicia”, ha aseverado. Informa José Marcos.

Para el PP, la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática pone en evidencia “un sistema clientelar de designaciones que practica García Ortiz y que ha avalado Sánchez”, según fuentes del PP. Las mismas fuentes consideran que el fiscal general del Estado ha recibido “otro varapalo por su sectarismo” y que ha actuado “como si fuese un ministro más del Ejecutivo”. “García Ortiz debe dimitir o ser cesado ya tras este nuevo dictamen de la Justicia en contra de sus decisiones arbitrarias”, han afirmado. Además, han añadido que “si la Fiscalía General del Estado depende de Pedro Sánchez, como él mismo dijo, la politización sin precedentes que estamos viendo en la Justicia es su responsabilidad”.