El pseudosindicato Manos Limpias, la máquina de denunciar que está detrás de la causa contra Begoña Gómez

Manos Limpias ha conseguido volver a colocarse en el centro del huracán. El colectivo encabezado por Miguel Bernad, vinculado en el pasado a grupos de ultraderecha, se encuentra detrás de la denuncia presentada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que un juzgado ha admitido a trámite por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Un proceso que, ...

Manos Limpias ha conseguido volver a colocarse en el centro del huracán. El colectivo encabezado por Miguel Bernad, vinculado en el pasado a grupos de ultraderecha, se encuentra detrás de la denuncia presentada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que un juzgado ha admitido a trámite por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Un proceso que, según ha respondido el Gobierno, se sustenta en “una denuncia falsa más” de Manos Limpias, que se caracteriza por acudir con escaso éxito a los tribunales contra dirigentes políticos (especialmente de izquierdas) y, en los últimos meses, contra el Ejecutivo de coalición de Sánchez.

Este autodenominado “sindicato de funcionarios” es un viejo conocido de la justicia. Tanto como acusador como acusado, ya que se lo ha investigado en varias ocasiones por impulsar denuncias falsas. Manos Limpias lleva lustros desplegando la misma estrategia. Es una auténtica máquina de presentar querellas, como deja claro en su propia página web, donde el colectivo explica que su principal función pasa por “interponer todo tipo de denuncias ante las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés público o general”.

Pero, más allá de la publicidad que se da a los escritos que envía a los juzgados y el ruido que les rodea, su actividad le ha supuesto escasas victorias y, en cambio, grandes y reiterados varapalos. El más duro se produjo el 9 de julio de 2021, cuando la Audiencia Nacional condenó a Miguel Bernad a cuatro años de cárcel por cooperar con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, para extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra. Esa sentencia, sin embargo, fue anulada este marzo por el Tribunal Supremo al concluir, en contra del criterio de los magistrados de primera instancia, que las “presiones” empleadas —llegaban a ofrecer la retirada de la acusación a cambio de una contraprestación— no eran suficientes para considerarlas una “intimidación”, pese a que pudieran resultar “censurables en el plano de la valoración ética”.

La absolución del Supremo ha insuflado aire a Manos Limpias, aunque realmente solo escribe un capítulo más de su controvertida historia, llena de altibajos. El colectivo alcanzó una de las cimas de su influencia hace una década, catapultado por su papel en el sumario del caso Noós, abierto contra Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. La organización se convirtió en la única acusación que pidió sentar a la infanta en el banquillo. Y lo consiguió en 2014, tras solicitar ocho años de cárcel por delito fiscal para la hermana de Felipe VI. Era una época de vino y rosas para Bernad, convertido en un asiduo de los medios de comunicación, donde se prodigaba en entrevistas.

Pero todo cambió drásticamente a raíz de la causa abierta en la Audiencia Nacional. Bernad fue detenido en abril de 2016 y permaneció en prisión provisional hasta finales de ese año. A partir de entonces, su actividad prácticamente se diluyó. Además, en febrero de 2017, la Audiencia Provincial de Baleares absolvió a Cristina de Borbón y condenó a Manos Limpias a pagar las costas de la infanta.

Los sucesivos golpes relegaron a la organización al ostracismo, pero Bernard comenzó a moverse. Sobre todo, tras presentar el recurso contra la condena dictada contra él por la Audiencia Nacional. Quería resucitar. Y fijó la diana en el Ejecutivo de Sánchez, que se ha convertido en uno de sus objetivos predilectos. Hace solo tres semanas, por ejemplo, el Supremo rechazó una querella que presentó contra el propio presidente por el acuerdo de investidura firmado el 9 de noviembre entre el PSOE y Junts, y la posterior tramitación de la ley de amnistía. No solo no había ningún indicio de delito, le reprochó el alto tribunal, sino que además apoyaba sus acusaciones en expresiones “genéricas”.

No es el único caso. En enero del pasado año, el Supremo dio carpetazo a otra denuncia de Manos Limpias contra la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), por sus críticas a los jueces por la aplicación de la ley del solo sí es sí. En diciembre de 2023, la Fiscalía archivó otra contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, a quienes acusaba de amenazar a los jueces por el mero hecho de mencionar la palabra lawfare [guerra jurídica] y abrir la puerta a constituir una comisión de investigación parlamentarias para detectarla.

El historial es larguísimo. Entre otros procesos, el colectivo de Bernad se personó como acusación en el caso 8-M, impulsado en 2020 contra el delegado del Gobierno de Madrid por haber permitido la marcha feminista del 8 de marzo en la época de expansión del coronavirus —una causa que acabó archivada igualmente tras un enorme escándalo mediático—. En 2016 se querelló contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entonces diputados de Podemos, por una ristra de delitos: desobediencia, organización criminal, apropiación indebida, cohecho... Pero el Supremo archivó de plano el caso y, además de destacar que ya había presentado una denuncia similar por lo mismo, recalcó que aportaba como supuesta prueba el llamado Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un documento donde se afirmaba que Irán había financiado al partido y que tenía como base solo recortes de supuestas noticias —se supo después que había sido fabricado por la policía patriótica—.

En esa última resolución, el alto tribunal insistía en que “la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más, la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta algún indicio accesible y racional de su comisión”. Precisamente, la denuncia contra Begoña Gómez se sustenta solo en informaciones publicadas por “varios diarios digitales y de papel, y posteriormente en tertulias televisivas”, según reconoce el propio Bernad en el escrito enviado al juzgado, donde enumera exclusivamente una serie de titulares de medios conservadores.

Manos Limpias no solo ha arremetido contra políticos. En 2007, el Supremo ordenó investigar al colectivo por un delito de denuncia falsa, después de que intentase impulsar un procedimiento contra el juez Juan del Olmo, instructor del caso 11-M, y la fiscal Olga Sánchez, a los que acusó de hacer desaparecer pruebas del ataque terrorista perpetrado el 11 de marzo de 2004 en Madrid. El tribunal subrayó que la actuación de la organización, que daba pábulo a las teorías de la conspiración sobre el atentado yihadista, sobrepasaba “los límites del prudente ejercicio de las acciones penales” y entrañaba “un manifiesto abuso de derecho y fraude procesal”. Bernad también situó el punto de mira en el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.