El gran alijo de coca del confinamiento se enquista en el banquillo: los 29 acusados en libertad por demoras en el juicio

Ni en plena pandemia de Covid los narcos dejaron el negocio aparcado. Todo lo contrario. El transporte de alijos de cocaína se intensificó durante el confinamiento y la Policía pudo constatar la capacidad de maniobra de los lancheros gallegos para abastecer una demanda que también se desató en esas fechas, aunque las pérdidas de cargamentos para las organizaciones fueron cuantiosas. Así, cinco meses después de la captura del primer ...

Ni en plena pandemia de Covid los narcos dejaron el negocio aparcado. Todo lo contrario. El transporte de alijos de cocaína se intensificó durante el confinamiento y la Policía pudo constatar la capacidad de maniobra de los lancheros gallegos para abastecer una demanda que también se desató en esas fechas, aunque las pérdidas de cargamentos para las organizaciones fueron cuantiosas. Así, cinco meses después de la captura del primer narcosubmarino en la ría de Vigo con 3.000 kilos de cocaína, Aduanas apresó el carguero MV Karar con casi 4.000, y 14 tripulantes, mientras otros dos cargamentos estaban de camino, supuestamente enviados al mismo distribuidor en sendos barcos que transportaban cientos de cabezas de ganado. El juicio contra los 29 acusados se ha suspendido por segunda vez este miércoles en la Audiencia de Pontevedra, un retraso que obliga al tribunal a excarcelar a los marineros de la tripulación del barco que estaban en prisión al superarse los plazos de la prisión preventiva. Un varapalo más en este proceso que ya arrancó con la puesta en libertad de los considerados principales implicados en la descarga de la droga en Galicia por falta de motivación en los autos de prisión de la jueza instructora del caso.

Al frente de este grupo de lancheros, la Fiscalía sitúa a Juan Carlos Santorum, de 43 años. Dirigía la salida de al menos cuatro planeadoras para alijar el cargamento del Karar a unos mil kilómetros de la costa cuando fue alertado de que el barco había sido apresado en alta mar y así pudo esquivar la redada policial en la que cayó todo su grupo. Entre los detenidos se encontraba un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera con base en Vilagarcía y su mujer.

Santorum se fugó, pero se entregó meses después en el juzgado en una puesta en escena que había preparado previamente para defenderse de los cargos y cumplir una condena pendiente de dos años de cárcel por vender información reservada a importantes traficantes que estaban siendo investigados, unos hechos que se remontaban a sus inicios en el negocio del narco. El jefe de los lancheros acabó implicado en este caso de corrupción junto a sus confidentes, dos guardias civiles de la Comandancia de Pontevedra cuya información vendía Santorum a conocidos capos para los que trabajaba de correveidile por aquel entonces.

Los “agentes dobles” del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) fueron descubiertos tras una investigación interna, después de que al menos cuatro operaciones policiales se fueran al traste por la información que pasaban a Santorum. Una fotografía puso en alerta al ECO. En ella aparecían uno de los traficantes investigados que fue entregada por los guardias corruptos a Santorum. A partir de ese momento, los investigados extremaron las medidas de seguridad y el caso acabó archivado.

Mientras los guardias implicados cumplían su condena y fueron apartados del cuerpo, Juan Carlos Santorum estaba en huido y tras entregarse entró en prisión. Una estancia que duró apenas un año, ya que los principales acusados en el proceso del Karar estaban en libertad cuando él salió de la cárcel a la espera del juicio. Ahora afronta otra condena de 18 años y medio de prisión y una multa de 438 millones de euros, el valor de la droga, mientras que para el resto del grupo, el fiscal solicita penas de 13 años y medio de cárcel y dos multas de 400 millones de euros.

Segundo aplazamiento del juicio

Esta es el segundo aplazamiento del juicio del Karar que ya tenía que haber comenzado en febrero. La vista fue suspendida en su primer intento por cambios de abogados y ahora es la defensa de Santorum y del hermano de este la que ha solicitado otro aplazamiento hasta abril alegando motivos de salud. Este retraso obliga al tribunal de la sección quinta de Vigo a excarcelar a los 14 marineros del buque nodriza (uno de ellos gallego y el resto de Nepal y Bangladesh), ya que el 25 de marzo se cumplirán los cuatro años de prisión preventiva.

La Fiscalía acusa de preparar y coordinar el transporte de la droga a los 16 detenidos en tierra, entre ellos un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer, trabajadora de la red de escuelas infantiles públicas de la Xunta. A ambos, la Fiscalía les imputa delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Además de facilitar información sobre vigilancias y actividades policiales a la organización, la pareja se encargaban también de la distribución de la droga, obteniendo un beneficio ilícito que trataron de ocultar mediante varias fórmulas financieras.

Entre 2015 y 2020, el matrimonio hizo ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias por importe de más de 176.000 euros. Adquirieron un chalé y una finca en Vilagarcía, compraron una moto y un coche de alta gama y otras fincas rústicas. Incluso se hicieron con dos boletos de lotería de Navidad premiados con 20.000 euros cada uno. En total, la Fiscalía estima que blanquearon en esos años casi medio millón de euros y solicita una pena de cárcel por blanqueo por lo que ambos se enfrentan a una condena de 19 años y medio de prisión.

Según el escrito de acusación, Juan Carlos Santorum dirigía una sólida estructura para disponer de embarcaciones preparadas para operaciones de alijo de droga en altamar, y a su vez coordinaba también los contactos para contar con naves en diferentes localidades en las que poder adaptar, pertrechar y resguardar esas embarcaciones de 14 metros de eslora.

Desde 2019, los investigadores conocieron sus movimientos y contactos del grupo para llevar a cabo este transporte, para lo que contaba con la colaboración en tierra de varias personas. Así, en la organización participaba un empresario dedicado a la venta y reparación de embarcaciones, pilotos de lanchas y otros acusados que también gestionaban cómo se distribuiría posteriormente la droga desde los puntos de almacenamiento en la ría de Arousa como Sanxenxo, O Grove o Vilagarcía.

Un uniforme de Policía para el jefe

Entre febrero y marzo de 2020, los miembros de la organización realizaron numerosas reuniones, trabajos de adaptación de las embarcaciones y otras acciones encaminadas a fletar el alijo de cocaína que transportaba desde Venezuela el buque MV Karar, de 60 metros de eslora. “A partir de abril los trabajos se aceleraron, y ello a pesar de las medidas del estado de alarma por la pandemia de Covid, debido a que el carguero ya estaba realizando su singladura a través del océano Atlántico”, relata el fiscal.

El 25 abril, el barco fue abordado en altamar y sus tripulantes detenidos sin dar tiempo a que los lancheros de Santorum alijaran la cocaína. Horas después se produjeron las detenciones en tierra, aunque el cabecilla de la red, según la Fiscalía, “dispuso de información que le permitió adelantarse al abordaje y huir antes de ser arrestado”.

En los registros de los domicilios de los detenidos, y en las seis naves de las que disponía la organización, agentes del Greco de la Policía incautaron dinero en efectivo, numerosos teléfonos y tarjetas SIM, sistemas de comunicación vía satélite, cartografía, anotaciones con coordenadas, cámaras, dispositivos inhibidores, vehículos y hasta cinco embarcaciones.

Pero tal vez lo más insólito para los agentes fue el registro en casa de Santorum, en la localidad de Vilanova de Arousa, cuando él ya había puesto pies en polvorosa tres semanas antes. Entre los elementos intervenidos figura un chaleco antibalas reglamentario y un lanzadestellos; un tipo de linterna muy potente que utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego fueron apareciendo varias prendas hasta completar un uniforme oficial de la Policía Nacional. Un hallazgo que el fiscal deduce que tenía como utilidad “usurpar la identidad de un funcionario policial”.