La batalla de fondo de la amnistía se jugará en Europa

“Nadie en los pasillos anda preguntando qué pasa con la amnistía”, zanja una fuente diplomática europea. Puede que Bruselas salga en casi cada discusión de la política española sobre la proposición de ley. Pero la normativa, que el PP —con Ciudadanos y Vox detrás— llevan meses intentando convertir en un problema europeo, genera más indiferencia que cuestionamiento en los corrillos diplomáticos de la c...

“Nadie en los pasillos anda preguntando qué pasa con la amnistía”, zanja una fuente diplomática europea. Puede que Bruselas salga en casi cada discusión de la política española sobre la proposición de ley. Pero la normativa, que el PP —con Ciudadanos y Vox detrás— llevan meses intentando convertir en un problema europeo, genera más indiferencia que cuestionamiento en los corrillos diplomáticos de la capital belga o en la prensa europea, y más irritación que interés real en una Eurocármara con muchas otras preocupaciones internacionales y electorales. Aun así, las instituciones europeas, sobre todo la Comisión en Bruselas y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en Luxemburgo, se preparan ya para un nuevo embate. La ley ha sido diseñada para ser batallada en Europa, en vista de que el Gobierno asume que va a haber obstáculos en la vía judicial española, que ha mostrado una y otra vez su intención de frenar la normativa con la que el expresident Carles Puigdemont busca, paradójicamente, dejar de una vez la capital belga en la que lleva huido casi siete años.

Cerrado el primer frente, el dictamen de la Comisión de Venecia solicitado por el PP y que este viernes dio algunos toques de atención, aunque en general valida la idea de una amnistía para resolver este tipo de conflictos, todos los grupos políticos españoles, tanto de los que aspiran a tumbar la amnistía como quienes esperan verla refrendada, miran ahora hacia la Comisión Europea. Porque, aunque que la amnistía no es, aseguran diversas fuentes diplomáticas, un tema que ocupe o preocupe a los líderes europeos que volverán a reunirse esta semana en Bruselas, el Ejecutivo comunitario, en tanto que guardián de los tratados, ha prometido que analizará la ley, aunque puntualizando que solo se pronunciará una vez esta esté definitivamente aprobada. “No vamos a prejuzgar la forma final de la ley hasta que haya sido votada definitivamente y publicada”, reiteró el viernes, por enésima vez, el portavoz del Ejecutivo europeo, Eric Mamer.

El tema se ha convertido en un asunto profundamente tóxico que pocos, fuera del entorno español o de la militancia férrea del Partido Popular Europeo (PPE), quieren comentar. “Es un asunto interno de España con muchas aristas”, señala un eurodiputado conservador, que no quiere identificarse. Su familia política, si habla, lo hace para cargar contra el acuerdo del PSOE con Junts y ERC que dio el Gobierno a Pedro Sánchez. El líder de los populares en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha acusado incluso al presidente del Ejecutivo español de ser una “marioneta” en manos de Puigdemont.

Los últimos cambios introducidos en la proposición de ley están muy enfocados a allanar el camino de la amnistía en Europa, a cuyo ordenamiento, convenios y jurisprudencia se ciñe tanto en el preámbulo como en el articulado del texto. Garantizar la adhesión a los principios y al derecho europeo e internacional es clave para que cale en el exterior, si fuera necesario, el relato político favorable a la amnistía, pero también para asegurar el respaldo de la justicia europea a la medida de gracia. La evolución de las tres versiones de la norma que han pasado por el Congreso muestra un afán creciente por europeizar el texto, un objetivo que se ha ido priorizando a medida que se constataba que algunos de los tribunales españoles que tienen que decidir si aplican la ley no lo iban a poner fácil. Algunos jueces y juristas coinciden en que el texto aprobado finalmente por la Cámara baja asume que la norma va a encontrar resistencia en los tribunales españoles y se ha centrado en asegurar su recorrido en Europa.

Aunque el mantra de Bruselas es —y lo lleva siendo, como tarde, desde 2017— que el conflicto catalán es un “asunto interno de España”, los intentos desde España por europeizarlo, con grandes hipérboles políticas, han sido constantes: en los primeros años fue desde el lado independentista, en una búsqueda, frustrada rápidamente, para alivio del Gobierno popular de Mariano Rajoy, de que Europa mediara en el procés: “El respeto de la ley no es opcional, es fundamental. Si la ley no te da lo que quieres, puedes oponerte a ella, puedes trabajar para cambiarla. Pero no puedes ignorarla”, dijo tres días después del referéndum ilegal del 1 de octubre el vicepresidente primero de la Comisión de la época, Frans Timmermans. Paradójicamente, es ahora el PP el que ha adoptado la estrategia europea y centra buena parte de sus fuerzas en intentar que Bruselas medie y acabe con la ley de amnistía.

Pareció que su estrategia se refrendaba cuando el Ejecutivo comunitario cambió el paso a finales del año pasado, cuando ni siquiera había aún un texto legal: el comisario de Justicia, Didier Reynders, reclamó al Gobierno de España más información sobre el asunto y dio cuenta de la “seria preocupación” que le habían trasladado cientos de personas. Una campaña organizada había enviado miles de correos electrónicos a Reynders, a otros comisarios y a cientos de funcionarios que nada tenían que ver con los temas de justicia. Finalmente, Reynders, un liberal del que Ciudadanos y PP gustan decir que gozan de su confianza, recuperó el discurso de que el conflicto en Cataluña es un “asunto interno” de España y se cerró a comentarios de la ley hasta su tramitación parlamentaria.

Aun así, nada más ser aprobada la proposición de ley en el Congreso, el jueves, la eurodiputada popular y vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, volvió a la carga instando a la UE a que “empiece a actuar” y “frene este peligroso atropello socialista que pone en jaque los propios valores europeos”.

La vía europea por la que la amnistía pasará, indefectiblemente, es por Luxemburgo. Se da por seguro que el TJUE deberá pronunciarse sobre la ley en respuesta a cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces españoles que tienen que aplicar la norma. La intervención de la justicia europea será, además, anterior a la del Tribunal Constitucional español, porque este estableció en 2016 que si un órgano judicial plantea una cuestión prejudicial sobre una ley, no puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad (ante el Constitucional) hasta que la primera esté resuelta. Fuentes del TJUE señalan que la duración media de un procedimiento prejudicial normal suele ser de 18 meses. Se puede pedir una tramitación urgente, pero la decisión última es del propio tribunal europeo.

En el Supremo se asume como probable que Europa avale la ley. En general, el recorrido judicial en Europa del procés no ha sido favorable para los jueces españoles tras más de seis años de pulso entre el alto tribunal y los tribunales de Bélgica, Alemania o Italia, los países a los que, desde 2017, se ha reclamado la entrega del expresidente catalán o alguno de sus colaboradores.

Por eso, en el alto tribunal temen el segundo acto que puede iniciarse ahora con la amnistía y, también, con la investigación abierta por terrorismo al líder de Junts por el caso Tsunami Democràtic. Todos los caminos conducen a la justicia de la UE, admiten en el alto tribunal. Lo único que parece descartado es que la Sala Penal vaya a aplicar la amnistía directamente, porque los jueces aseguran que tienen dudas tanto de su encaje en el derecho europeo como en el español. Ante eso, la opción más probable es que se eleve una cuestión prejudicial al TJUE, lo que dejaría en suspenso tanto la causa de Tsunami como la del procés, por la que el Supremo tiene dictada una orden nacional de busca y captura contra Puigdemont.

La otra opción es que el alto tribunal determine que la amnistía no es aplicable para el líder de Junts, lo que, además de abrir un nuevo pleito con los afectados, llevaría al Supremo a reactivar la persecución del expresidente en Europa, salvo que este haya vuelto a España y decida quedarse, aun con el riesgo de ser arrestado y juzgado. El alto tribunal desconfía de que Bélgica acabara entregando al expresident en la causa del procés y lo da casi por imposible en la de Tsunami. Pesan mucho las reticencias históricas de este país para colaborar con España en la entrega de terroristas (tardó 15 años en entregar a la etarra Natividad Jáuregui), pero en el Supremo han caído también como una losa no solo la tramitación de la ley de amnistía, que evidencia la intención de España de cerrar la vía judicial del procés, sino también las reuniones de dirigentes del PSOE y Sumar con Puigdemont e incluso las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo abriendo la puerta a un futuro indulto al expresidente catalán.