El PP pide al comisario europeo de Justicia que se pronuncie sobre la causa penal por terrorismo contra Puigdemont
La Eurocámara aprueba, a instancias del Partido Popular Europeo, una petición para que Didier Reynders comparezca ante la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
El Parlamento Europeo va a solicitar, a petición del Partido Popular Europeo, la comparecencia del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (Libe) de la Eurocámara para debatir sobre la causa abierta por terrorismo en el Tribunal Supremo español contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
La petición no tiene todavía fe...
El Parlamento Europeo va a solicitar, a petición del Partido Popular Europeo, la comparecencia del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (Libe) de la Eurocámara para debatir sobre la causa abierta por terrorismo en el Tribunal Supremo español contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
La petición no tiene todavía fecha —dependerá de la agenda de Libe— ni tampoco se conoce si Reynders asistirá, pues no está obligado a ello, aunque los comisarios suelen aceptar este tipo de invitaciones. Fuentes del Ejecutivo comunitario señalan que la decisión de Reynders de comparecer o no aguardará a que se haya fijado fecha para la comisión parlamentaria, probablemente a comienzos de la semana que viene.
Al comisario belga le quedan pocos días en el cargo, solo hasta finales de mes, cuando lo dejará para centrarse en su campaña para convertirse en el próximo secretario general del Consejo de Europa, según fuentes comunitarias. Antes, la semana que viene, se reunirá por tercera vez con el socialista Félix Bolaños, ministro de Justicia, y con el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, dentro la serie de encuentros tutelados por Reynders para obrar un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas que permita la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), unas negociaciones que caminan con mucha lentitud.
La estrategia del PP contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, sobre todo, contra la ley de amnistía que allanó su investidura, se centra en buena parte en Bruselas. Durante el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado esta semana en Bucarest para entronizar a su candidata a presidir la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió una vez más ayuda a Europa y a su familia política para luchar contra la iniciativa legislativa. “Una mayoría creciente de españoles ven en el PP y en las instituciones europeas la garantía para parar estos despropósitos, hoy no podemos defraudarles”, dijo Feijóo.
Desde Bruselas, los eurodiputados populares redoblan ahora esa apuesta. “El PP irá hasta el final alertando a la Comisión Europea de los pasos dados por Sánchez y el peligro de aprobar una amnistía que desprotege a la democracia ante un futuro golpe y al Estado de derecho por dar impunidad a cambio de poder”, ha prometido la portavoz popular ante la Eurocámara y vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, que en Bucarest también pidió el apoyo de su familia política europea “para defender el Estado de derecho”.
Pese a los insistentes intentos del PP —y también de Ciudadanos— para que la Comisión condene la amnistía, Reynders ha procurado hasta ahora no pronunciarse sobre la proposición de ley y lo que la rodea. Aunque Bruselas lleva tiempo “analizando el borrador”, solo se pronunciará sobre el texto de la ley una vez esté aprobado en el Parlamento español, como ha reiterado un portavoz comunitario esta misma semana,
El objetivo que buscan los populares de la cita con Reynders ante la comisión parlamentaria es “estudiar las implicaciones que tiene la decisión del Tribunal Supremo en Europa, sobre todo en relación con la ley de amnistía que el propio Puigdemont está negociando con [el presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez en Ginebra”, ha dicho el Partido Popular en un comunicado en Bruselas. La petición de la comparecencia ha salido adelante con el voto a favor de los conservadores europeos (PPE), los liberales de Renew y los grupos más a la derecha del arco parlamentario europeo, ECR (donde sesiona Vox) y los ultras de ID, mientras que Socialistas y Demócratas (S&D), la Izquierda y los Verdes se han opuesto.
Según el PP, que decidió impulsar esta comparecencia después de la decisión del Supremo de la pasada semana de investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, se prevé también que estén en esta sesión miembros de la Comisión de Venecia. A instancias del Senado, pero a petición del PP, que tiene mayoría en la Cámara alta, el organismo asesor del Consejo de Europa elaboró un borrador de informe sobre la ley de amnistía que trascendió el día 1, que los socialistas entienden que respalda en lo sustancial la ley y los populares, que supone un varapalo.
Para Dolors Montserrat, es especialmente importante que Reynders comparezca “ahora que Sánchez ha cedido nuevamente ante el prófugo Puigdemont para hacer una ley hecha a su medida, cuando dijo públicamente que no se tocaría nada de ella tras prometer antes en campaña que ni siquiera la aprobaría”. Por su parte, el portavoz del PP en la comisión Libe, Javier Zarzalejos, se ha mostrado confiado en que la comparecencia de Reynders en la Eurocámara se produzca lo antes posible ya que, ha subrayado, “se trata de una cuestión urgente que la Comisión Europea tiene que abordar sin demora”.
Lejos el acuerdo para renovar el Poder Judicial
Los eurodiputados populares podrán intentar convencerlo la semana que viene: Reynders acudirá al pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, ciudad donde también se celebrará la tercera reunión del “diálogo estructurado” que coordina entre el ministro de Justicia, Bolaños, y el representante de la oposición, González Pons, quien esta semana, también desde Bucarest, rebajó las expectativas de la cita alegando que “es muy difícil llegar a un acuerdo para el CGPJ con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la separación de poderes”. Al aceptar la mediación para renovar el CGPJ, cuyo mandato permanece caducado desde hace más de cinco años, la Comisión fijó un plazo de dos meses para facilitar el “diálogo estructurado”, espacio de tiempo que también expira a finales de marzo.