Hechos probados: de cómo el virus de la corrupción alcanzó al Gobierno

Un guardia civil se acerca con cuidado a una Scooter Suzuki Burgman 400 con matrícula 7922 HMH aparcada junto a la estación de trenes de Chamartín de Madrid y coloca en un lugar no visible de la moto una baliza para localización y seguimiento del vehículo. Es jueves, 14 de septiembre de 2023. Se trata de un espionaje protegido por la ley: el discreto agente hace su trabajo con permiso del juez Ismael Moreno. Solo seis días antes, e...

Un guardia civil se acerca con cuidado a una Scooter Suzuki Burgman 400 con matrícula 7922 HMH aparcada junto a la estación de trenes de Chamartín de Madrid y coloca en un lugar no visible de la moto una baliza para localización y seguimiento del vehículo. Es jueves, 14 de septiembre de 2023. Se trata de un espionaje protegido por la ley: el discreto agente hace su trabajo con permiso del juez Ismael Moreno. Solo seis días antes, el instructor de la Audiencia Nacional había abierto una investigación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción contra una trama corrupta que, supuestamente, anidó en el Ministerio de Transportes durante lo peor de la pandemia (marzo de 2020) y ganó 15 millones de euros en muy poco tiempo con la venta de millones de mascarillas a 2,5 euros por unidad.

La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamartín es propiedad de Koldo García Izaguirre (Barakaldo, 1970), a quien la Fiscalía sitúa en el origen del negocio corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de Transportes compró a la empresa Soluciones de Gestión los primeros 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones públicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta 2.000 millones de euros en material de protección. Nadie escatimó un euro en aquella rebatiña pública para lograr mascarillas a cualquier precio.

Koldo García fue el asesor principal del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al día y ese hecho le facilitó una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes. En plena crisis por la expansión del coronavirus y apremiados por la necesidad de conseguir material sanitario de protección, fue García quien buscó a un intermediario conocido, Víctor Aldama (presidente del Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gestión, para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy rápido; las reglas de contratación quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con los trámites habituales: concursos, precios, condiciones...

Entre el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis días después de que el Gobierno hubiera decretado la alarma en el país, y el lunes 23 de marzo se armó el expediente administrativo en la sociedad pública Puertos del Estado, órgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de la media docena de contratos que Soluciones de Gestión logró con diversos órganos públicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo investigación judicial.

El patrimonio de Koldo García aumentó sin justificación alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante 2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscalía Anticorrupción atribuye el enriquecimiento del asesor de Ábalos al cobro de comisiones ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los ingresos en efectivo de Koldo García en su cuenta del banco son de origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.

Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es dueño de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de Gestión, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la pandemia. La firma pasó de facturar una cantidad insignificante en 2019 a 54 millones en 2020. Cueto ganó más de nueve millones con este negocio, según la investigación. Ahora utiliza dos vehículos con chófer para sus desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil colocó una baliza en su Audi, y solo 24 horas después, los agentes hicieron lo mismo en su Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abrió la causa en septiembre, el juez ha autorizado la intervención de las comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo García y su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama) mediante el pinchazo de los 10 teléfonos móviles que utilizaban. También ha permitido la instalación de software espía para recuperar la mayor información posible de esos dispositivos; aprobado la instalación de mecanismos de localización y seguimiento de hasta 15 vehículos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petición de la Guardia Civil para instalar micrófonos ambientales en algunos de los lugares donde se citaban los líderes de la trama corrupta. Decenas de guardias civiles han intervenido durante estos últimos seis meses en las escuchas y los seguimientos.

Las conclusiones de quienes han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Cuatro años después de los hechos, tan solo siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la inspección tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamación del Gobierno balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el PP, para la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de un material de calidad inferior a la comprometida.

Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia. La pista del dinero destapó el delito. Antes de judicializar la denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción acreditó el enriquecimiento sospechoso de Koldo García con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer. Los ingresos en efectivo ―los de sus nóminas iban por transferencia― se duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al año anterior, y casi se triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 seguían muy altos (88.443 euros). Los investigadores no encuentran explicación posible a un monto de 138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: “No hay justificación alguna, no habiéndose encontrado tampoco ninguna extracción en cajero que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta”. Además, la investigación acreditó que Koldo García adquirió en septiembre de 2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compró otra propiedad en la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una más a su hija menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba García participó en estas adquisiciones y la Fiscalía Anticorrupción también analizó sus ingresos bancarios, descubriendo la misma práctica: triplicó sus ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y siguió en 2021 (123.000).

De otra parte, la Fiscalía no encuentra reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto ganó más de nueve millones mientras Aldama se quedó con seis) también levantó sospechas. La Agencia Tributaria encontró reparos a la manera de tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.

La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La empresa Soluciones de Gestión atraviesa serios problemas de solvencia, hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa reestructuración. El único arreglo posible, según las conversaciones intervenidas en la investigación del caso Koldo, pasa porque decaiga en el trámite administrativo la reclamación de 2,6 millones de euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gestión sirvió 1,4 millones de mascarillas del tipo KN95 que, según concluyó en junio de 2020 el laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El Ejecutivo socialista de Francina Armengol inició los trámites para la devolución del dinero en marzo de 2023, con una comunicación a la empresa, que respondió indignada. Pese a su protesta, el trámite para la reclamación se puso en marcha en julio.

El nuevo Ejecutivo del PP de Baleares no siguió el procedimiento en plazo y ahora la reclamación puede caducar, según la jurisprudencia sobre este tipo de litigios.

Las pruebas del sumario tan solo aclaran que los empresarios llamaron a Koldo García para que los ayudase a evitar el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos socialistas que iniciaron el expediente de reclamación. El exasesor del ministro los tranquilizó, prometiéndoles que negociaría una solución con altos dirigentes del PP. Pero la investigación no ha podido acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a funcionarios o políticos para evitar la reclamación.

Koldo García, según las inferencias de la Guardia Civil, también anunció a los empresarios que hablaría con el exministro Ábalos para que mediara en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el que los investigadores ignoran de qué se habló. Ábalos ha negado que intermediara con nadie del PP, partido que también ha desmentido cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.

Emboscadas a la trama para cazar al exministro Ábalos: sin resultados de momento. La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ningún momento a José Luis Ábalos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la apertura de la investigación judicial, con pinchazos telefónicos y seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro sí aparece en algunas ocasiones.

La Guardia Civil llegó a fotografiarlo mientras se veía en un restaurante con su antiguo asesor. Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se han saldado, de momento, sin resultados claros.

La acción de los investigadores más significativa tuvo lugar en los primeros días de noviembre. Koldo García seguía colaborando, gratis, con Ábalos. En una conversación grabada e incorporada al sumario, el exasesor le pide a su hermano Joseba García que lleve al exministro una documentación que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez.

La Guardia Civil puso en marcha un operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo García donde debía recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se activó el 4 de noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba García y averiguar qué documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido por Joseba García, quien les contó a los agentes que se dirigía a Valencia para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al litigio que mantenía un abogado, Ramiro Grau ―el mismo que se pasea estos días por radios y televisiones asegurando que fue el quien denunció la corrupción de Ábalos por el contrato de las mascarillas con el ministerio―, que le negaba la documentación pedida sobre el expediente de contratación con Soluciones de Gestión. Además, el sobre que analizó el guardia civil también contenía en papel el informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese organismo.

La Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos: “Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del ministerio fueron adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. “En realidad”, explica Ábalos, “pedí esa documentación porque el próximo 4 de marzo se celebrará en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]”. El exministro reclama una indemnización de 70.000 euros por la publicación de siete artículos en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupción de Ábalos: “Compró ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un precio muy superior al de mercado”, “es una de las personas más prepotentes e incompetentes del actual Gobierno”, dijo en esos artículos.

Ni rastro de Ábalos, de momento, en las conversaciones grabadas. Pese a las intervenciones de 10 teléfonos móviles (tres de ellos de Koldo García), el balizamiento para el control y seguimiento de 15 vehículos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna conversación del exministro Ábalos con su asesor. Y eso pese a que, según acredita la investigación, Koldo García seguía haciendo favores a su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por la Guardia Civil ―teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, documentación― en los domicilios de los querellados para saber si la investigación destapará pruebas que apunten a la responsabilidad del exministro de Transportes en los hechos.