El Gobierno niega efectos nacionales de las gallegas: “Sánchez es presidente y Feijóo líder de la oposición, y eso no va a cambiar”

El Gobierno no va a cambiar nada significativo en su línea política por el fiasco del PSOE y Sumar en las elecciones gallegas. El Ejecutivo cree que los esfuerzos tienen que estar en el ámbito de los partidos, en la línea de lo que dijo el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ante la dirección de su formación: ...

El Gobierno no va a cambiar nada significativo en su línea política por el fiasco del PSOE y Sumar en las elecciones gallegas. El Ejecutivo cree que los esfuerzos tienen que estar en el ámbito de los partidos, en la línea de lo que dijo el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ante la dirección de su formación: reforzar los liderazgos, buscar que sean transversales, trabajar el territorio. Pero no está previsto, de momento, ningún cambio importante ni en la política de alianzas del Gobierno con nacionalistas e independentistas (imprescindible para tener una mayoría) ni con la ley de amnistía, ya que en La Moncloa no creen que la polémica alrededor de esta norma explique el mal resultado gallego, porque los votos del PSOE se han ido al BNG, más favorable aún al perdón del procés.

La Moncloa intenta pasar página cuanto antes y rechaza la interpretación que está haciendo el PP, eufórico tras su quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, de que estas elecciones han sido un mensaje de rechazo al Ejecutivo. “Estas elecciones tienen una lectura estrictamente territorial. Esto no es segunda vuelta de nada. El presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Feijóo. Esto no ha cambiado y no va a cambiar”, aseguró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz, Pilar Alegría.

El mensaje oficial es claro: La Moncloa no tiene pensado ningún cambio de rumbo. Sánchez sí admite en su entorno que tienen un problema importante en varios territorios por las dificultades para consolidar liderazgos. Tanto en Galicia como en Madrid ha habido cambios constantes, y en otras autonomías están en pleno relevo después del duro golpe de mayo de 2023, cuando el PSOE perdió buena parte de su poder autonómico y local. Pero el problema, tal como lo ven en La Moncloa, es del partido, estructural, territorial, pero no de la línea política del Gobierno.

Alegría insistió en que la hoja de ruta es la correcta y de hecho el Gobierno trata ahora de volver a poner el foco en su gestión. “En estos tres meses hemos dado pasos importantes, nadie olvida el incremento del 54% del salario mínimo, los 1.000 millones de euros destinados a investigadores para que puedan volver a España, la ley de paridad, el incremento de 11 millones de pensiones. Nuestra hoja de ruta es clara: más empleo, más derechos, más convivencia para generar mejores oportunidades, y no habrá despiste en eso. Es importante que la lectura de las elecciones se haga en clave autonómica”.

El Gobierno confía en que dentro de poco, cuando lleguen las elecciones vascas, este debate quede olvidado porque ahí es el PP quien sufrirá por sus bajos resultados en esta comunidad. Pero la prueba más fuerte, porque se vota en toda España, llegará con las europeas de junio, y ahí es fácil que la oposición logre un triunfo porque son unas elecciones que suelen perjudicar al Gobierno, ya que son los comicios ideales para un voto de castigo sin consecuencias y por eso no será fácil movilizar a la izquierda.

Lejos de centrarse en la autocrítica, el Ejecutivo busca los puntos débiles del PP para salir al ataque y Alegría se lanzó de forma directa contra Isabel Díaz Ayuso por su polémica gestión de las residencias, uno de los asuntos más sensibles en Madrid por los protocolos que impidieron durante la pandemia que se trasladara a miles de ancianos enfermos a los hospitales, donde podrían haberse salvado. Ante la muerte de tres ancianas por un incendio en una residencia madrileña, Alegría fue muy directa. “Esperamos que el Gobierno de Ayuso abra una investigación sobre este episodio. Lo que estamos viendo en Madrid en la gestión de las residencias es abandono, errores constantes, mala gestión y una dolorosa falta de empatía”, aseguró.

La presidenta de Madrid ha calificado de “insólitas” las declaraciones y la acusación de la portavoz del Gobierno sobre la residencia de Aravaca, que, ha señalado Ayuso, “no tiene sentido”. “Están echados al monte. Son inhumanos y excéntricos. Por supuesto hay investigación abierta de la Policía Nacional”, ha abundado en X (antes Twitter). Antes, fuentes del Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid han respondido a la portavoz del Gobierno argumentando que “culpa a la presidenta Díaz Ayuso de responsabilidades que no son suyas”. Y añaden: “La Comunidad de Madrid hizo dos inspecciones en abril y agosto, y constan los certificados de que las instalaciones estaban conforme a la legislación antiincendios. Culpar a la presidenta de abandono es absurdo. Es como culparla de que haya un incendio en un restaurante”.

Golpe de la justicia suiza a García-Castellón

El Gobierno no quiere aprovechar, al menos públicamente, el golpe que la justicia suiza le ha dado a Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional (al rechazar de momento lo que le ha pedido, debido a que no ve ningún indicio de terrorismo), y prefiere de momento mantener el mensaje de “respeto a la justicia” para evitar que el Consejo General del Poder Judicial le acuse de no respetar la separación de poderes. Pero La Moncloa no puede disimular su satisfacción por esta decisión de la justicia suiza. Alegría se limitó a señalar que “Suiza es una de las democracias más consolidadas del mundo”, como una forma de reivindicar la importancia de esta decisión que desautoriza el intento de García Castellón de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC).

Lo que sí ha dejado muy claro el Gobierno es que no hay marcha atrás ni nada parecido con la amnistía. Las negociaciones siguen y el Ejecutivo espera tener el acuerdo listo cuanto antes, aunque todo indica que ya no será esta semana. Ahora ya hay un plazo máximo, que es el 7 de marzo, porque ya no podrá haber más prórrogas. El Gobierno mantiene su línea roja de no incluir todo tipo de terrorismo, como pide Junts. Y eso podría hacer descarrilar la ley si no se encuentra una alternativa. Alegría se mostró convencida de que eso no sucederá y metió presión a Junts: “Sería deseable que la ley de amnistía se aprobase lo antes posible. Nadie, especialmente en Cataluña, entendería que no se aprobase”.