Alberto Garzón, tras su fichaje fallido: “Ha sido puritanismo ideológico”

José Blanco, ministro de Fomento entre 2009 y 2011 y ex vicesecretario general del PSOE, contactó con Alberto Garzón, entonces todavía titular de la cartera de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, en cuanto este anunció que dejaba la política, en noviembre. “Aquellos días recibí ofertas de varias consultoras. Blanco me ofreció trabajar en la suya, Acento. Le dije que cuando saliera del Gobierno hablaríamos, que quería desc...

José Blanco, ministro de Fomento entre 2009 y 2011 y ex vicesecretario general del PSOE, contactó con Alberto Garzón, entonces todavía titular de la cartera de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, en cuanto este anunció que dejaba la política, en noviembre. “Aquellos días recibí ofertas de varias consultoras. Blanco me ofreció trabajar en la suya, Acento. Le dije que cuando saliera del Gobierno hablaríamos, que quería descansar unos meses y estar con mi familia”, relata a EL PAÍS. La consultora fundada por Blanco, y en la que trabaja el exministro de Sanidad con el PP Alfonso Alonso, asesora, entre otros 90 clientes, a LaLiga, Huawei y Marruecos, y obtuvo 1,5 millones de beneficios en 2022. El martes, El Confidencial adelantó el fichaje de Garzón. Al día siguiente, el exministro renunció al puesto por el escándalo generado. “Sabía que iba a haber ruido, pero no imaginaba tanto. Es un debate muy tramposo porque está cruzado por variables de poder, de venganza y de puritanismo ideológico. Pablo Iglesias escribió tres artículos en 24 horas para criticarme”, afirma.

El exvicepresidente del Gobierno y cofundador de Podemos publicó en el digital que dirige, Diario Red, un texto que afirmaba: “Los que hemos representado a partidos de izquierdas tenemos obligaciones de decoro. [...] Fue humillante recibir las críticas de mucha gente de izquierdas y de mi propio partido hasta el punto de sentirme obligado a hacer un referéndum absurdo [por la compra de su chalé]”. Antonio Maillo, ex coordinador general de IU, también criticó en redes el fichaje de Garzón. Otros antiguos miembros de Podemos, como Ramón Espinar, fueron más benévolos: “¿Hay aristas en currar en consultoría? Ninguna. ¿En currar en esta consultora? Algunas. Pero lo que es asqueroso es montarte una tele para cazar compañeros”.

El fichaje, finalmente frustrado, del exministro de Consumo, se convirtió en trending topic. La polémica suscitada reabre debates no resueltos en España: qué deben hacer los políticos al abandonar sus cargos públicos, a qué perfiles les interesa más o menos participar en política y cómo regular los grupos de presión o lobbies, como este tipo de consultoras. EL PAÍS pidió al propio Garzón, a varios expolíticos de distintos partidos y al presidente del Consejo Asesor de Transparencia Internacional España un análisis del problema y posibles soluciones. No tienen nada que ver las que proponen unos y otros.

Garzón: “Yolanda Díaz no me presionó para que renunciara”

“Las puertas giratorias han estado en mi boca muchas veces. He estudiado el tema”, afirma Garzón. “La definición no está en la RAE, pero, para mí, es cuando, durante tu ejercicio político, haces un favor a una empresa con vistas a que te lo devuelva el día después. Por ejemplo, privatizarla y luego ser contratado por los que se han hecho de oro comprándola barata. Yo soy economista. Blanco me ofreció trabajar desde casa, algo que para mí es muy importante porque quiero estar con mis hijos pequeños, elaborando informes sobre materias que he trabajado, como evolución de tendencias sociológicas, crisis ecosocial… Lo que se llama, pomposamente, dirección de prospectiva geopolítica. ¿En qué me compromete eso? En nada. No tengo que cambiar de opinión. Al revés, me parecía muy interesante que empresas que normalmente no reciben un enfoque de izquierdas, pudieran tenerlo. Además, podía aportar mi experiencia parlamentaria. A una tabacalera le puede interesar reunirse con la ministra de Sanidad. Saben que no van a convencerla en su batalla contra el tabaco, pero les interesa conocer qué plazos tienen para adaptarse a los cambios, cómo va a ser el procedimiento legislativo, etc. Eso no convierte a una consultora en protabaco ni pronada. De hecho, muchas tienen a la vez clientes de petroleras y de renovables”.

“Yolanda Díaz”, asegura Garzón, “nunca me presionó para que renunciara. En Izquierda Unida tampoco. Pero después de tantos años, conozco a mi gente y percibí que la incomprensión era total, en parte, porque las redes se llenaron de bulos. Prácticamente, iba a ponerme a trabajar para Marruecos para arrasar el Sáhara. También hubo gente, antiguos compañeros, que un día me felicitaron y al siguiente participaron en el linchamiento público. Lo que yo no quería era que Sumar sufriera. Por eso renuncié”.

Fuentes de Acento señalan que con Garzón buscaban “reforzar la transversalidad de la consultora”; aseguran que “hay muchos precedentes” e insisten en que “la ley permite estas contrataciones”. Su consultora, añaden, “es igual que Llorente y Cuenca, Kreab, Harmon o Vinces. Aquí ha habido mucha hipocresía”.

Llamazares y Madina: ¿política solo para funcionarios?

El coordinador general de IU entre 2000 y 2008, Gaspar Llamazares, que mantuvo sonoros enfrentamientos en el pasado con Garzón, cree que su fichaje por Acento “no era una puerta giratoria”. “Hay que dejar un espacio para que los políticos se reincorporen a la vida civil y ese espacio es el que marca la ley. Ir más allá es puritanismo, moralina y carácter inquisitorial. Si todo son puertas giratorias, entonces nada lo es, igual que extender el terrorismo a todo, lo que hace es que no haya calificación de terrorismo. Ese ensañamiento político-partidista de Iglesias me llama la atención. Él también está en un ámbito que no es el suyo, el de la comunicación, utilizando el medio que dirige como plataforma política. Si fuera él, sería un poco más leal con mi antiguo compañero, no me convertiría en martillo de herejes, que tiene poco que ver con nuestra tradición de izquierdas”.

Para Llamazares, “la izquierda debería ser más abierta o disuadirá a la gente a la hora de adquirir compromisos políticos”. El socialista Eduardo Madina, que abandonó la política en 2017, aporta un dato: “En 1986, había cuatro millones de personas militando en organizaciones políticas. En 2022, solo 300.000 declaraban pagar una cuota a un partido y en 2030 serán muchas menos. Es decir, los dirigentes de los partidos salen de un cuerpo de perfiles mucho más pequeño. Esto tiene que ver con quiénes se dedican a la política, con el cómo se entra y cómo se sale. En España hay muy poca transferencia entre el sector público y el privado y eso es un problema. ¿Por qué sucede? Porque los sueldos de un ministro en la privada serían el triple; porque muchas veces, cuando quieres volver desde lo público no es fácil, todo va muy rápido y pierdes mucho pie... La legislación es de otra época. Yo establecería un periodo de incompatibilidades mucho menor, fomentaría la participación política y mejoraría las condiciones para que el coste de pasar del sector privado al público no sea tan alto. De lo contrario, la política será un universo exclusivo para funcionarios”.

Madina fichó unos meses después de abandonar la política por la consultora internacional Kreab, y en 2021 fundó, con otros socios, la suya, Harmon. “Soy el único expolítico y me quieren igual”, bromea. “Nos dedicamos fundamentalmente a estrategias de lo que se llama el no mercado, y eso requiere comunicación y asuntos públicos, afecta a reputación, posicionamiento, propósito, misión… También a los cambios legislativos que afectan a las empresas de sectores regulados de la economía, para que puedan estar preparados”.

La legislación actual y la que está pendiente

La ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de 2015, establece que en los dos años siguientes al cese “no podrán prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones en las que hayan participado”. Y especifica qué es participar: cuando él mismo, su superior a propuesta suya o alguien dependiente del alto cargo suscriba “un informe preceptivo, resolución administrativa o acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa”; o bien, cuando hubiera intervenido, “mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en los que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa”. Durante esa moratoria de dos años, el alto cargo debe informar a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), con carácter previo, de “las actividades que vaya a realizar”, si considera que no incumple la ley, para que esta autorice o no dicha actividad. Garzón envió su escrito a la OCI el 5 de febrero. Considera que lo suyo no era una puerta giratoria y añade: “Soy partidario de alargar ese plazo de dos años para que los altos cargos puedan trabajar en empresas sobre las que tomaron decisiones, que no era mi caso, para que los políticos no tengan ningún incentivo a la hora de favorecer a una empresa pensando que les va a devolver el favor. Y de que se regulen las consultoras, que siempre van a existir. Cuanta más transparencia, mejor”.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y presidente del consejo asesor de Transparencia Internacional España, recuerda que en el anteproyecto de ley —la tramitación de la norma decayó la pasada legislatura— para regular los grupos de presión, se incluía la prohibición de dos años para que altos cargos pudieran ejercer la labor de lobby. “Es un área peligrosa”, afirma, porque hemos visto casos en los que, aunque no hayan tomado decisiones directas sobre una empresa, luego se dedican al área donde tienen sus contactos y una vez dentro, a saber. Todo depende de por qué te contraten. Yo, personalmente, hubiera denegado la autorización a Garzón”. Villoria aclara que hay lobbies buenos y malos: “Uno bueno se dedica a hacer análisis para defender las posturas de las empresas que los contratan; uno malo lo único que hace es presionar a las amistades. Una ONG es un lobby, Transparencia Internacional está registrada como lobby. Yo creo que son necesarios, que está bien que se reúnan con políticos, pero tienen que estar registrados y la agenda ser pública y transparente”.

Algunas comunidades han regulado ya los grupos de interés. “Son pequeños avances, pero luego no son tan fáciles de implantar y en el ámbito municipal no hay prácticamente ningún control”, afirma Villoria. En general, “aunque todos jueguen a lo mismo y Elena Salgado se fue adonde se fue” [la exministra de Economía con Zapatero fichó por Endesa], cree que “ha habido más casos de puertas giratorias en la derecha que en la izquierda, porque su relación históricamente con los grupos de interés ha sido muy fuerte, o ha habido sectores muy protegidos que han participado hasta en su financiación”.