PSOE y Junts reactivan las negociaciones para la ley de amnistía con posiciones alejadas

El PSOE, Junts, ERC y los demás grupos que respaldan la ley de amnistía —Sumar, Podemos, PNV, Bildu, BNG— están dispuestos a reactivar la norma y lograr su aprobación en el Congreso cuanto antes. Si es posible la próxima semana ya en comisión, sin necesidad de prorrogar otros 15 días, como permite el reglamento. En principio, el PSOE prefería esperar a que pasaran ...

El PSOE, Junts, ERC y los demás grupos que respaldan la ley de amnistía —Sumar, Podemos, PNV, Bildu, BNG— están dispuestos a reactivar la norma y lograr su aprobación en el Congreso cuanto antes. Si es posible la próxima semana ya en comisión, sin necesidad de prorrogar otros 15 días, como permite el reglamento. En principio, el PSOE prefería esperar a que pasaran las elecciones gallegas, pero esos planes parecen haber cambiado ante la sensación, que está cuajando entre todos los protagonistas, de que el acuerdo es posible porque todos tienen voluntad de alcanzarlo y cerrar la crisis que se abrió cuando Junts votó en pleno contra la ley que había negociado e incluso aprobado en comisión y obligó así a retomarla ahora, en una segunda y última oportunidad antes de que decaiga.

El PSOE está manteniendo contactos con Junts todos estos días, en plena campaña, y ayer tuvo lugar una primera reunión sin avances en Barcelona, como adelanta La Vanguardia y ha confirmado este periódico, en la que estuvieron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por parte de los socialistas; y el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, por parte de Junts. Desde este partido señalan que en realidad las negociaciones nunca se han interrumpido, aunque eran los socialistas los que querían mantener un cierto impasse en plena campaña de las elecciones gallegas, en las que los independentistas catalanes no se juegan nada. Esos contactos han mostrado a ambos grupos, según diversas fuentes de la negociación, que hay espacio para llegar a un acuerdo.

En cualquier caso, en estos contactos se ha visto claro que las posiciones siguen alejadas, porque se parte de una base muy diferente. Pero todas las fuentes consultadas de ambos sectores ven posible y casi inevitable un acuerdo, porque nadie quiere ni puede dejar caer la ley: los independentistas, porque se quedaría sin la amnistía que tanto han reclamado durante años y que ahora espera su mundo; y el Gobierno, porque perdería la mayoría y se quedaría sin opciones de aprobar los Presupuestos. Aunque eso, según insisten en La Moncloa, no querría decir que esté en riesgo la legislatura. Pedro Sánchez está dispuesto a seguir aunque no logre aprobar las Cuentas.

El PSOE, apoyado en esto por todos los demás socios menos Junts, está decidido a mantener la ley tal como está o con algún mínimo retoque. Su límite sigue donde estaba, y aquí lo apoyan todos, incluido ERC, el otro gran negociador de la norma, que también afecta de lleno a cargos suyos y personas de su entorno: no se puede aceptar la idea de Junts de incluir todo el terrorismo, sin excepciones, dentro de la amnistía, porque eso implicaría que la ley pueda ser tumbada en el Tribunal Constitucional o en la justicia europea. El PSOE insiste en que no va a pasar por ahí. Ya asumió hace tres semanas que se perdiera la votación por no aceptar ese punto de Junts, y no parece dispuesto a ceder en eso. Pero los socialistas sí han propuesto a sus socios de Junts soluciones alternativas, que los independentistas siguen estudiando aunque parece evidente que no les convencen del todo. La más clara es una modificación muy puntual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para limitar los plazos de instrucciones como la del caso Tsunami, que afecta a Carles Puigdemont, líder de Junts, y Marta Rovira, secretaria general de ERC, a los que el juez García-Castellón quiere imputar por terrorismo.

Ese cambio, que sería quirúrgico para que no afecte a otras instrucciones que sí requieren de años, como casos de narcotráfico o blanqueo con muchas comisiones rogatorias internacionales, estaría pensado para evitar que jueces como el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón puedan estirar indefinidamente una instrucción que ya lleva cuatro años sin grandes avances —ya ha logrado una prórroga de seis meses y si la ley entrara en vigor inmediatamente se podría frenar una segunda— para evitar que Puigdemont y Rovira se puedan acoger a la amnistía.

Los socialistas están convencidos, como este miércoles explicó Félix Bolaños en RAC1 —el ministro de Justicia dijo que la ley “no dejará a nadie fuera”— de que la ley tal y como está permitirá amnistiar a todos los implicados en el procés, Puigdemont incluido, porque cree que la imputación por terrorismo contra el líder de Junts no se sostiene y sería imposible mantenerla en un juicio, ya fuera de la instrucción. Es lo mismo que pasó con el procés, que en fase de instrucción se investigó como delito de rebelión, el más grave, pero cuando llegó al juicio pasó a sedición porque no había manera de sostener la rebelión. Incluso fuentes del PP del máximo nivel, en una comida con 16 periodistas el pasado viernes, admitieron que ven muy difícil mantener esa acusación de terrorismo, a pesar de lo que los populares dicen en público.

Por eso los socialistas intentan convencer a Junts de que es mejor dejar la ley tal como está y trabajar en otras reformas, como la de la LeCrim, para evitar que los jueces estiren un final que ven inevitable, y esto es que las acusaciones de terrorismo contra Puigdemont y Rovira decaigan y por tanto entren en la amnistía. Incluso aunque se mantuvieran un tiempo esas acusaciones, en el PSOE ven muy difícil que un juez deniegue la amnistía para estos políticos porque, según la última redacción pactada de la ley, el magistrado tendría que probar, para que queden fuera de la amnistía, que ambos tuvieron “intención directa” atentar “de forma grave” contra la vida de alguna persona o torturarla. Pero en Junts no se fían de García-Castellón ni de otros jueces claramente opuestos a la amnistía, y quieren garantías de que se aplica inmediatamente después de su aprobación, que ahora se retrasará al menos un mes. Y para eso siguen exigiendo retocar la ley en la parte del terrorismo, justo lo que el PSOE rechaza de plano.

Junts no ve nada clara la salida de la reforma de la LeCrim para acortar los plazos, una solución que criticó también, desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por el riesgo de que afecte a casos muy sensibles. Los socialistas insisten en que la propuesta que hay encima de la mesa en ningún caso supondría un coladero para esos casos, pero aún no se ha dado a conocer la fórmula. Fuentes de Junts temen, como Sumar, que retocar la LeCrim puede resultar perjudicial para investigaciones complejas de narcotráfico, por ejemplo.

Sensaciones

En cualquier caso las sensaciones que trasladan los dos sectores son positivas, por tanto los contactos, aunque iniciales, parecen haber mostrado que hay espacio para un acuerdo. Bolaños aseguró en Barcelona que no tiene “ninguna duda de que habrá ley de amnistía”, y de que será lo suficientemente robusta como para “dejar a un lado los procedimientos penales, civiles y contables que tienen abiertos las personas que estuvieron en el proceso independentista”. Con estos mimbres, y con el horizonte de tratar de resolver el problema de forma inmediata para ir a la comisión la próxima semana con el pacto cerrado, se intensificarán los contactos y se reactivarán las negociaciones incluso sin esperar al resultado de las gallegas. Pero en cualquier caso, si no fructifican, los aliados de la mayoría tienen aún otra carta que jugar: una prórroga de otros 15 días después del 21. Ahí sí, sería la última, y la decisión sería definitiva: o sigue adelante la ley o decae.