La Moncloa respalda a Marlaska y defiende que se han puesto más medios que nunca en el Campo de Gibraltar
Yolanda Díaz evita apoyar al ministro y afirma: “Es evidente que hay que mejorar la lucha contra el narco”
La crisis desatada por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) por parte de los narcotraficantes que los arrollaron con su potente lancha —mientras los agentes utilizaban una embarcación de mucho menor tamaño y potencia— está golpeando al Gobierno. Prue...
La crisis desatada por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) por parte de los narcotraficantes que los arrollaron con su potente lancha —mientras los agentes utilizaban una embarcación de mucho menor tamaño y potencia— está golpeando al Gobierno. Prueba de ello es que cuatro días después de la tragedia, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes trasladando el pésame del Ejecutivo antes de haber sido preguntada por el asunto. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de momento de que nadie en la cadena de mando asuma la responsabilidad por la decisión de enviar a esos guardias civiles a luchar contra los narcotraficantes con medios inferiores, y respalda de manera rotunda al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que la oposición le reclama la dimisión.
En la ronda de preguntas —cada vez con menos turnos para los periodistas— la ministra portavoz fue rotunda en el respaldo a Marlaska, un gesto que escenifica el apoyo del presidente del Gobierno, encargado de decidir en última instancia qué mensajes se lanzan desde la rueda de prensa habitual de los martes. “El ministro del Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos en estos momentos frente a un desafío [el del narcotráfico] y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío es el ministro Marlaska”, señaló Alegría.
No es la primera vez que el ministro del Interior, uno de los pocos que resisten desde el primer Gobierno de Sánchez, el que hizo en junio de 2018 tras la moción de censura, recibe una fuerte presión de la oposición y de algunos colectivos para forzar su dimisión. De hecho, es tal vez el ministro que más crisis ha sufrido en estos cinco años, con momentos en los que se extendió la idea de que podía caer, en especial después de algunos choques muy polémicos entre la Policía y los inmigrantes en la valla de Melilla. El último, en junio de 2022, se saldó con 37 muertos.
En todas las remodelaciones del Gobierno, Marlaska, con una imagen muy desgastada especialmente entre la izquierda, sonaba como uno de los fusibles. Sin embargo, Sánchez lo ha confirmado una y otra vez en su puesto y siempre lo ha respaldado incluso cuando lo criticaba el socio de la coalición, con el que también ha tenido choques sonados por la política migratoria.
De hecho, esa distancia sigue, y pese al respaldo rotundo de Alegría, Yolanda Díaz evitó apoyar abiertamente a Marlaska y dijo: “Es una evidencia que tenemos que mejorar la lucha contra el narcotráfico, que tenemos que garantizar medios y recursos para nuestros profesionales y que en las zonas deprimidas de nuestro país hay que incorporar medidas que diversifiquen los sectores sociales y de creación de empleo”.
El sector socialista del Gobierno, por el contrario, rechaza la idea de que no haya suficientes medios desplegados contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Alegría llevaba preparada una catarata de datos para demostrar que el Ejecutivo de Sánchez es el que más ha hecho para ampliar plantillas y mejorar los medios, precisamente como respuesta a las críticas del PP, que, según recordó la portavoz, protagonizó el mayor recorte de agentes de la historia, hasta 13.000 en la época del ajuste que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis financiera. “En España ahora, con este Gobierno, hay 156.000 agentes de la Guardia Civil y Policía. Un máximo histórico que supone un aumento del 38%. Con un Gobierno del PP sufrimos el mayor recorte de la Guardia Civil y Policía Nacional, 13.000 efectivos menos. Nueve agentes menos al día. Esto no son palabras, son hechos”, aseguró Alegría. “Y en el Campo de Gibraltar, se ha aprobado un plan específico de seguridad. Desde 2018 hemos llegado al máximo de 25.000 agentes destinados a la seguridad en la zona, antes eran 22.500. Hay 40 millones de euros para mejorar los medios materiales. Se han hecho 22.000 operaciones policiales, con más de 20.000 detenciones, 2.000 armas intervenidas y 1.700 toneladas de droga incautadas”, reivindicó la portavoz, que en todo momento insistió en su apoyo cerrado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y admitió que “los recursos nunca serán suficientes”.
En cualquier caso, ni Alegría ni Interior plantean grandes cambios después del doble asesinato en Barbate, o al menos aún no se han puesto encima de la mesa, y tampoco hay un resultado de la investigación interna que está haciendo Interior para ver qué falló esa noche.
Alegría también tenía mucho interés en remover la herida que se ha abierto en el PP después de que el propio Alberto Núñez Feijóo hiciera un giro y hablara de “reconciliación”, de indultos a los independentistas siempre que hagan público su arrepentimiento, y admitiera que estudiaron durante 24 horas la exigencia de Junts de promover una ley de amnistía aunque finalmente la descartaron. La portavoz fue especialmente dura con el PP desde la rueda tras el Consejo de Ministros. “La mentira es el único proyecto político del PP, es la libertad para mentir sin tasa. El PP habló hasta con el apuntador, mintiendo a todos los españoles, a su partido, y a su único socio: PP. Mentiras, opacidad, hipocresía”, resumió Alegría, en tono muy serio.
Aquí sí coincide la posición de la coalición. Yolanda Díaz fue en una línea similar. “El señor Feijóo y el PP no han hecho en democracia nada más que mentir: sobre su relación con Marcial Dorado, con la fusión fallida que laminó las cajas gallegas, con los procesos de corrupción del PP. Mienten con lo que han hecho con las relaciones políticas con formaciones como Junts y ERC”, ha criticado Díaz este martes, señalando la contradicción entre hablar con los independentistas y manifestarse en contra de que lo hiciera el Gobierno. “Es una vergüenza. La ciudadanía merece respeto y lo que debería hacer Feijóo y el PP es comparecer para dar explicaciones sobre lo que ha hecho. Nosotras hemos sido claras en todo momento y se nos ha criticado por ello”, defendió.
Sumar y PSOE también chocan por los avales ICO
La coalición tiene, en cualquier caso, diferencias por más asuntos, no solo el de la posición de Marlaska. En la rueda de prensa también se presentó el plan de 2.500 millones de euros en avales del Estado para que los jóvenes y familias con hijos menores a cargo puedan comprar su primera vivienda. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió con vehemencia esta iniciativa, que Sumar no respalda porque cree que es mejor apostar por la construcción de vivienda pública y teme que pueda servir para hinchar aún más los precios. Rodríguez reivindicó que esta iniciativa de los avales, que había anunciado el propio Sánchez, está en el acuerdo de Gobierno con Sumar y, sobre todo, defiende que servirá para retirar del mercado del alquiler a jóvenes y familias que tienen trabajo estable y podrían pagar una hipoteca, y además les conviene, porque están más bajas que algunos alquileres, pero no pueden hacerlo porque no tienen ahorros.
Con ese drenaje de demanda, el Ejecutivo confía en bajar los precios del alquiler, aunque también ultima para este mismo mes los índices de precios máximos que se van a empezar a aplicar inmediatamente en Cataluña, la comunidad que más claramente apuesta por este mecanismo para bajar los precios. Sumar ha querido dejar constancia de su discrepancia en este asunto muy sensible, algo que se suma a otros choques de las últimas semanas en una tensión creciente que los socialistas achacan al proceso electoral en Galicia y que Sumar reivindica como una diferencia política de fondo en cuestiones decisivas para los ciudadanos como la política de vivienda.