La teniente fiscal del Supremo reclamó a los fiscales partidarios de investigar a Puigdemont que lo argumenten por escrito

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, fijará en los próximos días la posición definitiva de la Fiscalía sobre si se debe investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. La número dos del fiscal general del Estado ya está trabajando en su informe, pero ha reclamado a los fiscales partidarios de imputar al expresidente catalán un escrito con los argumentos jurídi...

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, fijará en los próximos días la posición definitiva de la Fiscalía sobre si se debe investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. La número dos del fiscal general del Estado ya está trabajando en su informe, pero ha reclamado a los fiscales partidarios de imputar al expresidente catalán un escrito con los argumentos jurídicos que, el pasado martes, les llevaron a rechazar el dictamen elaborado por el fiscal Álvaro Redondo, que no veía indicios para investigar al presidente catalán ni para considerar terrorismo las protestas contra la sentencia del procés de octubre de 2019. Del escrito solicitado por la teniente fiscal se ha hecho cargo el fiscal Fidel Cadena que, según fuentes consultadas, prevé presentarlo este martes ante la junta de fiscales antes de elevarlo a Sánchez Conde.

La teniente fiscal tiene sobre su mesa la exposición razonada enviada en noviembre al Supremo por el juez Manuel García-Castellón —partidario de investigar a Puigdemont por terrorismo—; los escritos presentados hasta ahora por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo —contrario a esa investigación—; y el informe en la misma línea redactado por Redondo y que fue rechazado por la junta de fiscales. Pero a Sánchez Conde, que no participó en la junta, le faltan los argumentos de los fiscales favorables a imputar al expresidente catalán. La teniente fiscal, según fuentes consultadas, se los reclamó la semana a los dos jefes de la sección que debatió el caso, Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, después de que estos le informaran del resultado de la votación y de que dejaban en su mano la decisión definitiva por las discrepancias entre ellos (Cadena es partidario de abrir una investigación a Puigdemont por terrorismo y Sánchez Covisa, no).

Los fiscales enviaron a Sánchez Conde un breve escrito que daba cuenta de que la junta de fiscales había tratado el asunto, quiénes habían participado en la reunión y cuál había sido el resultado de la votación. Pero la teniente fiscal, según las fuentes consultadas, lo consideró insuficiente y reclamó un informe con todos los argumentos jurídicos que se expusieron en la reunión a favor de imputar a Puigdemont y que fueron secundados por la mayoría de los fiscales. Sánchez Conde sigue a la espera de ese texto, cuya autoría ha asumido, en principio, el fiscal Cadena.

Fuentes fiscales señalan que Cadena preveía redactar un texto breve con los principales argumentos esgrimidos por los partidarios de investigar al expresidente catalán, pero varios de los fiscales más duros contra Puigdemont le han convencido para que se entregue a Sánchez Conde un informe más amplio y detallado que haga de contrapeso al que llevó a la junta el fiscal Redondo. Ese texto se presentará, previsiblemente, en la junta de fiscales de este martes antes de ser remitido a la teniente fiscal.

Algunos fiscales del Supremo cuestionan que sea Sánchez Conde la encargada de fijar la postura definitiva y consideran que esa responsabilidad debería asumirla el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Para ello citan el artículo 24.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que cuando el criterio del fiscal jefe fuera contrario a la opinión mantenida por la mayoría de los integrantes de la junta, resolverá el fiscal general del Estado. Fuentes de la Fiscalía General explican que García Ortiz consultó con los cuatro fiscales jefes de lo penal (Cadena, Sánchez Covisa, Javier Huete y Pilar Fernández Valcarce) cómo interpretaban el reglamento en este caso, y los cuatro les dijeron que el informe debía elaborarlo Sánchez Conde porque no se trataba de una discrepancia entre el fiscal jefe y la postura mayoritaria, sino de discrepancias entre los dos fiscales jefes que debían ser resueltas por su superior jerárquica (Sánchez Conde).