El Gobierno confía en la “decisión final” de la Fiscalía sobre la implicación de Puigdemont en terrorismo

La ley de amnistía se complica un poco más cada día, con una evidente oposición de sectores muy relevantes de la justicia que está provocando un gran nerviosismo en Junts, y de esta manera pone en riesgo lo que supuso la medida clave para que Pedro Sánchez pudiera lograr su investidura. Sin embargo, y pese a que cada vez parece más oscuro el futuro de esta norma, en La Moncloa aún confían en darle la vuelta poco a poco al ambiente hostil contra la ley, y sobre todo, en revertir las recientes decisiones que complican su recorrido, como la última de la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal ...

La ley de amnistía se complica un poco más cada día, con una evidente oposición de sectores muy relevantes de la justicia que está provocando un gran nerviosismo en Junts, y de esta manera pone en riesgo lo que supuso la medida clave para que Pedro Sánchez pudiera lograr su investidura. Sin embargo, y pese a que cada vez parece más oscuro el futuro de esta norma, en La Moncloa aún confían en darle la vuelta poco a poco al ambiente hostil contra la ley, y sobre todo, en revertir las recientes decisiones que complican su recorrido, como la última de la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, que por 11 votos a 4, ve indicios para implicar a Carles Puigdemont en un delito de terrorismo en el caso Tsunami.

El Gobierno confía en que la “decisión final” de la Fiscalía, tal y como la definió el martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, esté en línea con lo que han planteado tanto el fiscal del caso como el ponente en el Supremo; esto es, que no hay indicios ni para imputar por terrorismo —sino por desórdenes públicos agravados—, ni para implicar a Puigdemont. Alegría cuidó sus palabras, que tenía escritas, pero se podía deducir de ellas claramente lo que explican otros miembros del Gobierno en privado: confían en que la última decisión de la Fiscalía será diferente a lo que han votado los fiscales de lo Penal. “Hay un debate jurídico en la junta de fiscales. El Gobierno quiere trasladar respeto, así como respetaremos la decisión definitiva que habrá de adoptarse por los órganos establecidos. Respetaremos la decisión final del ministerio fiscal”, remató Alegría, que claramente apuntaba a la confianza del Ejecutivo en que quien tomará la decisión final, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la progresista María de los Ángeles Sánchez Conde, lo hará en un sentido diferente al de la junta de fiscales y más cercano al del fiscal del caso.

En el Gobierno y en el PSOE nadie niega que la ley de amnistía se ha puesto mucho más difícil que hace unas semanas por una conjunción de dos elementos delicados: por un lado, la actuación de los jueces; en especial, el de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, cuyos autos casi van a la par de las decisiones políticas sobre la ley en el Congreso, y buscan desactivarla para que no ampare ni al caso Tsunami Democràtic ni a Puigdemont. Y por otro lado, la reacción de Junts, que ante estos movimientos de los jueces exige más cambios y un blindaje total que el PSOE rechazó en el Congreso y piensa seguir haciéndolo. Los dos asuntos han provocado que algunos sectores del Gobierno y del partido socialista empiecen a pensar que la ley realmente podría no salir, aunque eso no implicaría que la legislatura esté en riesgo, porque Sánchez podría seguir, y está decidido a hacerlo, con los Presupuestos prorrogados.

Sin embargo, el presidente y algunos de los miembros de su núcleo duro sí están convencidos de que finalmente sacarán la ley y lograrán convencer a Junts de que tiene que aprobarla tal como está o con cambios mínimos, y confiar en que la instrucción por terrorismo quedará en nada porque es prácticamente imposible probar, como dice la última redacción pactada del texto, que Puigdemont tuvo “de forma manifiesta” la “intención directa” de causar “violaciones graves de derechos humanos, en particular las previstas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”. El artículo 2 habla del derecho a la vida, esto es, tendría que haber tenido intención directa de causar muertes, y el 3 habla de la tortura. Por tanto, en el Gobierno, y esto es lo que le transmiten casi a diario a Junts, están convencidos de que Puigdemont entrará en la amnistía: si no el día que se publique en el BOE, porque su procedimiento puede estar aún abierto, sí en cuanto este pase a la fase siguiente, como mucho en unos meses. Y por eso, Sánchez está planteando la posibilidad de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir que los jueces prorroguen indefinidamente la instrucción de estas causas. Aun así, fuentes del Ejecutivo enfriaron un poco esta posibilidad o la idea de que Junts pudiera conformarse con ella.

De momento, es solo una idea, casi un globo sonda lanzado por el presidente, pero no parece haber ni una redacción concreta ni una negociación específica con Junts. Esta idea está encima de la mesa, pero diversas fuentes del Gobierno admiten la complejidad de llevarla adelante, porque hay que hilar muy fino para que cualquier límite que se ponga no perjudique a instrucciones muy complejas y muy lentas en casos de delincuencia internacional, corrupción, blanqueo de capitales o narcotráfico, que requieren de mucha colaboración entre países que puede tardar años. El PSOE, de hecho, rechazó la reforma del PP en 2015 cuando limitó los plazos precisamente con el argumento de que podía ayudar a la impunidad de algunos delitos graves. Aun así, Patxi López, el portavoz socialista, señaló que si una reforma como la que hizo el PSOE en 2020 sobre este asunto, dando más poder a los jueces para las prórrogas, se está utilizando mal por parte de los magistrados, se puede rectificar para evitar dilaciones indebidas. Desde Junts llegaron algunos mensajes positivos sobre esta posible reforma, aunque el grupo de Puigdemont sigue reclamando un blindaje total del delito de terrorismo en la propia ley de amnistía, algo inviable para los socialistas porque llevaría a su inconstitucionalidad.

La situación está muy enmarañada, y la oposición de una gran parte de los jueces y fiscales, y no solo del PP y Vox, augura una batalla muy compleja con mucho desgaste para el PSOE. Algunos sectores incluso creen que tal vez habría que pensar si vale la pena, si no sería mejor plantarse. Pero Sánchez, que no parece dispuesto a tocar nada fundamental de la ley, sí está dispuesto a explorar soluciones para convencer a Junts y garantizar que la amnistía sigue adelante y con ella, la mayoría que le dio la investidura. El proceso será largo, y se reactivará probablemente después de las elecciones gallegas, que ya se están viendo salpicadas por este asunto, algo que el PP cree que le beneficia claramente. Algunos en el PSOE empiezan a inquietarse, pero Sánchez acostumbra a redoblar sus apuestas y sigue convencido de que la ley saldrá adelante y la legislatura se consolidará con ella.