La Audiencia analiza la persecución de las cloacas de Interior a Podemos
La Sala de lo Penal encarga al juez Pedraz, y no a García-Castellón, estudiar la querella contra la cúpula política y policial del ministerio
La cúpula política y policial del Ministerio del Interior bajo Gobierno del PP espió presuntamente de forma ilegal a Podemos y a sus dirigentes durante al menos dos años (2015-2016), según las pruebas que constan en varios sumarios de la Audiencia Nacional que siguen vivos, aunque en ellos se investigan otras cuestiones y en ningún caso se ha procedido a investigar esas actividades irregulares. Esa persecución a Podemos sin respaldo judicial se tradujo en informes, muchos de ellos elaborados con datos falsos, qu...
La cúpula política y policial del Ministerio del Interior bajo Gobierno del PP espió presuntamente de forma ilegal a Podemos y a sus dirigentes durante al menos dos años (2015-2016), según las pruebas que constan en varios sumarios de la Audiencia Nacional que siguen vivos, aunque en ellos se investigan otras cuestiones y en ningún caso se ha procedido a investigar esas actividades irregulares. Esa persecución a Podemos sin respaldo judicial se tradujo en informes, muchos de ellos elaborados con datos falsos, que los jefes policiales y políticos de Interior filtraron antes a determinados medios de comunicación y, sólo en contadas ocasiones, fueron judicializados después, según las pruebas reunidas hasta ahora. Los casos basados en esos informes que llegaron a los juzgados contra Podemos fueron archivados, al demostrarse falsos o sin pruebas suficientes. Ahora, un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tiene sobre su mesa una querella de Podemos y tendrá que decidir si investiga la persecución a este partido por parte de las llamadas cloacas del Estado.
El juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Kitchen —el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle pruebas que pudieran incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en la financiación ilegal del partido— incorporó hace un año al sumario la transcripción de unas conversaciones que el secretario de Estado de Seguridad en esa época, Francisco Martínez, mantuvo con los principales jefes policiales a través de Whatsapp. En ese intercambio de mensajes se trataron numerosas operaciones presuntamente ilegales que la policía puso en marcha contra dirigentes de Podemos. Esta formación presentó en octubre pasado una querella contra los exjefes del Ministerio del Interior en la que denunciaba esa persecución y aportaba documentos para acreditar los supuestos delitos cometidos. Esas pruebas estaban sacadas de sumarios que se instruyen en la Audiencia Nacional en el denominado “caso Tándem”, la mafia policial que dirigió durante 20 años el comisario José Manuel Villarejo.
El juez Santiago Pedraz, al que correspondió por reparto la querella, la envió al juzgado número 6 que dirige Manuel-García Castellón, al entender que los hechos relatados correspondían en parte al caso Kitchen, que ya instruía su compañero. Podemos recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal alegando que García-Castellón había manifestado animadversión contra su ex líder, Pablo Iglesias, al que intentó imputar en el caso Dina. El juez García-Castellón acumula en sus investigaciones judiciales numerosas pruebas de estas supuestas actuaciones ilegales de la policía contra de Podemos, pero nunca las ha investigado.
La Sala de lo Penal resolvió finalmente el pasado viernes que la competencia para entender sobre la querella corresponde a Santiago Pedraz. Si este juez la admite, será la primera vez que la Audiencia Nacional abra una investigación a dos años de persecución policial sin amparo judicial a adversarios políticos del PP durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy.
La querella de Podemos detalla numerosas operaciones policiales contra esta formación política. Muchos de esos hechos han sido publicados por EL PAÍS en los últimos dos años. Son, entre otros, los que siguen:
1. Los antecedentes policiales de “los 69″ de Podemos
El PP perdió su mayoría absoluta en las elecciones generales de diciembre de 2015. Podemos —en sus primeras generales— logró 69 diputados y resultaba clave para arrebatar el poder al PP. En enero de 2016, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, encarga a través de Whatssapp al comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, un trabajo especial. La conversación figura en el sumario del caso Kitchen:
Martínez. Sería muy interesante saber si los de Podemos tenían antecedentes... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc.
García Castaño. Josetxu Arrieta el único que tiene pertenencia a ETA. El último que aparece en las fotos...
Martínez. ¿Y los demás nada?
García Castaño. Lo vuelvo a mirar, pero creo que no [...].
García Castaño. El cabrón de Germán [Rodríguez Castiñeira, jefe de la Brigada Provincial de Información] me dice que esta tarde, porque mirar los 69 se saca, pero hay que mirar uno a uno.
2. Informe Pablo Iglesias S. A. , archivado
La policía filtró en 2016 a determinados medios de comunicación un informe titulado Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) que pretendía denunciar irregularidades del entonces líder del Podemos y de su partido, según las grabaciones incautadas al comisario José Manuel Villarejo y los whattsapps enviados por Francisco Martínez. Interior llegó más lejos con esta maniobra policial, pues denunció los hechos ante el Tribunal de Cuentas por supuesta financiación ilegal. Pero este órgano archivó la denuncia. Otras denuncias en los juzgados —una de ellas, del sindicato de ultraderecha Manos Limpias— también fueron archivadas.
García Castaño. Lo que hay es suficiente para montarle un escándalo, aunque diga que todo es legal... Este paria [Pablo Iglesias] cómo ha vivido? Por qué tanto dinero? quién les ha subvencionado? con qué fin? qué pinta Irán en esta movida, país amigo de Venezuela, una bronca cojonuda.
Martínez. Y además del escándalo político, hay delitos?
García Castaño. Pues no sé el tema fiscal...
3. La Fundación CEPS y Venezuela. “A tres por abajo en portada”; “Aplausos”
El Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, filtró informaciones sobre el dinero pagado por el Gobierno de Venezuela a la Fundación CEPS, en la que trabajaron antes de fundar Podemos algunos de sus principales dirigentes. El secretario de Estado de Seguridad seguía puntualmente los resultados de las filtraciones en El Mundo y Abc y aplaudía a los periodistas que le daban cuenta de cómo saldrían publicadas esas informaciones.
El Mundo. “A 3 por abajo en portada. La fundación afín a Podemos rastreaba la prensa para Chávez”.
Martínez. Aplausos. Alguien se ha acordado de Abc.
El Mundo. No jodas que llevamos lo mismo.
Martínez. No es lo mismo pero también son informes de CEPS. Pero otros. Hay mucha movilización. Jajajaja.
4. El pago falso a Iglesias en las islas Granadinas
OkDiario publicó una información, filtrada por Interior según las conversaciones entre el secretario de Estado y el máximo jefe policial, en la que acusaba a Pablo Iglesias de haber cobrado 275.000 dólares del régimen venezolano en 2014 a través de una cuenta a su nombre en el Europ Pacific Bank, en el paraíso fiscal de las islas Granadinas. El Director Adjunto Operativo de la policía, Eugenio Pino, informó sobre esta operación a su jefe político, Francisco Martínez.
Pino. Están buscando el cheque.
Martínez. Pues mejor, porque empiezan a decir los periodistas que es chungo. Ya lo tiene la Fiscal General. Parece que abrirá diligencias. Tú sigues convencido de que es bueno?
Pino. Totalmente. No lo dudes.
El documento bancario resultó falso y la fiscal general nunca abrió diligencias. El banco hizo un comunicado: “Euro Pacific Bank nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una trasferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo. Además, el banco no mantiene cuentas para personas expuestas políticamente (PEP) ni acepta pagos de Venezuela bajo ninguna circunstancia”.
Podemos relata en su querella otros episodios parecidos y acusa a los altos mandos de Interior bajo mandato del PP (ministro, secretario de Estado y varios comisarios) de los delitos de revelación de secretos, malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial o uso de documento oficial falso y organización criminal.