Claves | ¿Qué pasa ahora con el texto de la ley de amnistía? ¿Se pueden introducir nuevos cambios?

El resultado de la votación de la ley de amnistía ha provocado una situación insólita. El dictamen de la norma registrada por el PSOE —modificada la semana pasada para blindar tanto a Carles Puigdemont como a los CDR—, ha sido aprobado en el pleno celebrado en el Congreso este martes con el apoyo de Junts. Sin embargo, la formación independentista ha votado en contra del texto final y ha impedido así que la tramitación de la iniciativa...

El resultado de la votación de la ley de amnistía ha provocado una situación insólita. El dictamen de la norma registrada por el PSOE —modificada la semana pasada para blindar tanto a Carles Puigdemont como a los CDR—, ha sido aprobado en el pleno celebrado en el Congreso este martes con el apoyo de Junts. Sin embargo, la formación independentista ha votado en contra del texto final y ha impedido así que la tramitación de la iniciativa siga su curso en el Senado. Esta segunda votación era necesaria porque se trata de una ley orgánica y este tipo de leyes tienen como requisito una segunda votación que ha de superarse por mayoría absoluta. Este movimiento del partido independentista catalán implica que el texto tal como estaba redactado hoy volverá de nuevo a la Comisión de Justicia de la Cámara baja. Ese órgano tendrá como máximo 15 días para, sobre dicho texto, emitir un nuevo dictamen. Y, durante ese plazo, se podrán añadir cambios pactados por los partidos.

Cumplida esa hipótesis, el nuevo dictamen volverá a debatirse y votarse en pleno. Si prosperara, se votará otra vez el texto final que resultase. Esta es la sucesión de acontecimientos que han provocado este escenario y el proceso que se inicia ahora:

Dictamen. Hace una semana, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen final del texto de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La norma pasó el filtro de este órgano después de que PSOE, Junts y ERC pactasen una enmienda parcial para modificar la proposición de ley registrada en solitario por los socialistas. El cambio permitía exculpar a los acusados de terrorismo siempre que en sus actuaciones no hubiera “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos”. Y dejaba fuera a quienes hubieran “causado violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario”.

Acciones judiciales. Tras la aprobación del dictamen se han sucedido durante los últimos días distintas decisiones judiciales, protagonizadas tanto por el magistrado Manuel García-Castellón como por Joaquín Aguirre. Unas acciones que complicaban la futura amnistía de Puigdemont incluso con la enmienda pactada por socialistas e independentistas el martes pasado. En esa línea, Junts ha exigido al Gobierno hasta hoy que aceptase todas las acusaciones de terrorismo dentro del ámbito de aplicación de la ley. El Ejecutivo se ha negado. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha insistido en su posición durante el pleno. “Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos”, ha dicho al defender en la tribuna una amnistía “integral, que no deje a nadie atrás”.

Votación. Junts ha intentado hasta el último momento incluir en el ámbito de aplicación de la ley todos los casos de terrorismo. Para ello, ha mantenido vivas una serie de enmiendas (cambios a posteriori) que se han votado también en el pleno de este martes. El PSOE se ha opuesto y ha votado en contra de todas. Así, los socialistas se han mantenido en el dictamen ya elaborado la semana pasada y que excluía los delitos que hubiesen causados “violaciones graves de los derechos humanos”. Frente a su oposición final, la formación de Carles Puigdemont ha utilizado otra estrategia: votar a favor del dictamen (que ha sido aprobado por mayoría simple de 177 síes frente a 172 noes), pero en contra del texto final de la ley orgánica (por lo que no ha logrado mayoría absoluta: 171 síes frente a 179 noes).

Si Junts hubiera votado en contra del dictamen final, la proposición de ley habría decaído del todo. Y, en esa hipótesis, el PSOE tendría que haber redactado y registrado una nueva proposición en el Congreso. Es decir, empezar el proceso desde cero. De ahí que Junts haya tomado la decisión anterior.

Comisión de Justicia. Las comisiones del Congreso son órganos donde un grupo de diputados, más reducido que el total de los 350 que forman el arco parlamentario, debaten y tramitan las iniciativas parlamentarias, entre otras cuestiones. A la Comisión de Justicia tiene que volver ahora el texto tal como estaba redactado a día de hoy. Por tanto, el órgano debatirá sobre la norma en la que ya se incorporaba los delitos de cuyos acusados no hubiera “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos”. Pero ese texto podrá modificarse otra vez mediante acuerdos de los partidos. No se podrán registrar nuevas enmiendas, pero sí incorporar las vivas de Junts contra las que el PSOE ha votado en contra hoy. También transaccionar sobre las mismas. En la práctica, eso supone que hay gran margen de maniobra para retocar el texto final. El nuevo dictamen de la Comisión tiene que estar listo como máximo en el plazo de 15 días por haber sido calificada de urgencia la norma.

Senado. Entretanto, el Senado no recibirá finalmente el texto ahora. Está por ver si se aprueba un nuevo dictamen o no por la Comisión de Justicia. En ese escenario, el nuevo dictamen volverá a debatirse y votarse en el pleno del Congreso en las próximas semanas. Si recibiera mayoría simple de la Cámara baja, después tendría que aprobarse por mayoría absoluta y durante el mismo pleno el texto final. Es decir, se repetiría el debate con el mismo procedimiento que hoy.

Después, entonces sí, y llegado ese caso, la norma pasaría ya al Senado. Allí, el PP atesora mayoría absoluta y dilataría su tramitación lo máximo posible: dos meses en lugar 20 días tras haber reformado el Reglamento de la Cámara alta. Un cambio recurrido en el Tribunal Constitucional pero que sigue vigente hasta que el tribunal de garantías no se pronuncie. Durante ese plazo, los populares quieren llevar juristas y expertos para opinar en contra de la norma. En paralelo, este martes, la Mesa del Senado ha sacado adelante la propuesta del PP de celebrar tres plenos al mes en lugar de dos y ha diseñado el nuevo calendario. La nueva agenda arranca la semana que viene.