El PP insta a Armengol a definir la posición jurídica de la Cámara tras la discrepancia de los letrados sobre la ley de amnistía
Los populares no ven posible recurrir en amparo al Tribunal Constitucional la tramitación de la norma pese a las dudas sobre su constitucionalidad
El PP quiere que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (PSOE), defina la posición jurídica del Parlamento sobre la ley de amnistía tras la discrepancia entre los letrados sobre la constitucionalidad de la norma. Los populares instan a la presidenta a promover un criterio único de los letrados, después de que un nuevo informe de los juristas de las Cortes, esta vez de los adscritos a la Comisión de Justicia d...
El PP quiere que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (PSOE), defina la posición jurídica del Parlamento sobre la ley de amnistía tras la discrepancia entre los letrados sobre la constitucionalidad de la norma. Los populares instan a la presidenta a promover un criterio único de los letrados, después de que un nuevo informe de los juristas de las Cortes, esta vez de los adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso, mostrara dudas sobre la constitucionalidad de la proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE; mientras el pasado noviembre, un primer informe de los letrados de la Cámara baja, firmado por el secretario general, Fernando Galindo, dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley al no apreciar “defectos formales” en ella. Pese a las dudas sobre si la ley es constitucional, los populares no ven posible recurrir en amparo al Tribunal Constitucional la tramitación de la norma.
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha descrito esta mañana como “demoledor” el análisis de los letrados de la Comisión de Justicia, que considera que “certifica negro sobre blanco” que la amnistía no cabe en la Constitución y requeriría una reforma constitucional. Tellado lo ha calificado como “el informe de la dignidad” y ha defendido que evidencia que la ley es un “misil en la línea de flotación del Estado de Derecho”. Poco después, en un encuentro con periodistas en la sede del partido en la calle Génova, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha instado a la presidenta Armengol a aclarar cuál es la postura jurídica del Congreso tras “el dilema jurídico” de los letrados. “Es la presidenta de la Cámara quien debe aclarar cual es la posición jurídica del Congreso”, ha instado el dirigente del PP, que se ha preguntado también si “el letrado general va a reconsiderar su informe” sobre la amnistía, ya que dio luz verde a su tramitación parlamentaria.
Fuentes del equipo de Armengol apuntan que los informes de los letrados son una cuestión que afecta a la comisión de Justicia, y no a la presidencia del Congreso, y por tanto es un asunto que compete a los grupos políticos dirimir.
El PP ha acusado además a Armengol de retrasar la publicidad del informe de los letrados de Justicia, que tiene fecha del 10 de enero y se trasladó a los grupos parlamentarios el pasado martes, día 16, una vez transcurrido el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía. Fuentes de la presidencia del Congreso afirman que el informe se trasladó a los grupos “antes de la reunión de la Comisión [de Justicia], como estaba previsto”, y que, en todo caso, también se podrían presentar enmiendas en ponencia, mañana jueves. El informe, alegan estas fuentes, se hace para mejorar los textos en comisión, y esta se reúne también la semana próxima.
Los populares se reafirman en su tesis de que la amnistía es inconstitucional, pero pese al último informe que sí les da la razón, no ven posibilidades de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional la tramitación de la norma. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha descartado esa vía, que el partido sí utilizó, paralizando la votación, la pasada legislatura con la reforma del Código Penal.