Sánchez y Feijóo pactan que la Comisión Europea medie en la negociación para renovar el Poder Judicial

A pesar del clima bronco y crispado que domina la relación entre el PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han llegado este viernes a su primer acuerdo, que implicará la tercera reforma puntual de la Constitución en 45 años. La reunión mantenida hoy entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición ha tenido dos frutos: el primero, ya cerrado, ese acuerdo para modificar de forma exprés —en enero— el artículo 49 de ...

A pesar del clima bronco y crispado que domina la relación entre el PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han llegado este viernes a su primer acuerdo, que implicará la tercera reforma puntual de la Constitución en 45 años. La reunión mantenida hoy entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición ha tenido dos frutos: el primero, ya cerrado, ese acuerdo para modificar de forma exprés —en enero— el artículo 49 de la Ley Fundamental para eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por “personas con discapacidad”; y el segundo, también de relieve aunque con un recorrido más incierto, el pacto para que la Comisión Europea medie en la negociación que reabren ambos con el objetivo de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace más de cinco años. Una propuesta, la de la mediación o “supervisión” de la UE, que ha puesto sobre la mesa el PP y ha aceptado el PSOE.

El CGPJ, que es el órgano de gobierno de todos los jueces de España, está formado por 20 vocales: 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio. A todos los designan el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos (por eso es necesario el acuerdo de los dos principales partidos), aunque en el caso de los 12 vocales jueces las Cámaras deciden a partir de una lista de candidatos elaborada por los propios jueces de carrera. El PP está dispuesto a renovar el órgano con el sistema vigente, pero pide que, a la vez, se “registre” de forma “simultánea” una propuesta de ley firmada por populares y socialistas para cambiar el método de elección del consejo en la siguiente renovación —la que tocaría dentro de cinco años— de modo que sean los jueces los que elijan directamente a los 12 vocales jueces, sin que el Parlamento tenga en ese caso la última palabra. En La Moncloa no contemplan ese escenario y están seguros de que Bruselas, en su papel de mediación, dará la razón a los socialistas y determinará que la renovación del CGPJ no esté condicionada a la modificación simultánea de la ley que regula la elección de sus componentes.

El comisario de Justicia, el liberal Didier Reynders, instó a principios de diciembre, como viene haciendo de manera recurrente, a renovar con “urgencia” el CGPJ e iniciar “inmediatamente después” el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales, dejando claro que ese es el orden de acontecimientos que prefiere Bruselas, aunque añadió que estaba abierto a examinar soluciones alternativas si así lo acordaban PSOE y PP.

“Lo importante es dar normalidad institucional y constitucional al principal órgano de gobierno de los jueces y renovar el CGPJ. Hoy se abre esa puerta a hacerlo posible con la mediación y verificación de la Comisión Europea. Bienvenidas sean todas las fórmulas que se planteen para hacer posible de una vez por todas la renovación del CGPJ”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que ha evitado aclarar si el PSOE estaría dispuesto a explorar el cambio legal que plantea el PP para cambiar el modelo de elección.

El PSOE y el PP estuvieron a punto de acordar la renovación del CGPJ en el otoño de 2022. Feijóo rompió esa negociación cuando supo que el Gobierno había pactado con ERC la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición, y desde entonces —al igual que con anterioridad a ese momento— ha alegado otros motivos o pretextos para negarse a negociar. Fuentes gubernamentales remarcan que el acuerdo para renovar el órgano de los jueces “se cerró por completo” el 26 de octubre de 2022, con un pacto sobre 32 nombres (20 vocales titulares y 12 suplentes) y el compromiso de impulsar una proposición de ley de reforzamiento de la Justicia. “El acuerdo se alcanzó cuando el PP ya conocía, y se le había preguntado por ello, que la reforma de la sedición estaba encima de la mesa”, inciden. Los populares aseguran, por el contrario, que el ministro Félix Bolaños les mintió sobre este extremo.

La mediación

La comparecencia de Feijóo en rueda de prensa tras la reunión con Sánchez se produjo justo cuando saltaba la noticia del Gordo de la Lotería. La sala se sumió en un murmullo de periodistas y asesores mientras el líder del PP se interesaba desde el atril por el número premiado. Cuando tomó la palabra, Feijóo soltó el chascarrillo que traía preparado por el día especial en el que se había reunido con el presidente: “A España tampoco le ha tocado el Gordo, que está reservado para los socios del Gobierno y el independentismo”. El jefe de la oposición quiso de inicio rebajar el resultado de la reunión que duró algo más de hora y media: “El encuentro ha respondido a las expectativas. Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco”, dijo. Sin embargo, acababa de acordar con el presidente del Gobierno dos cuestiones de calado.

Las negociaciones para renovar el CGPJ, rotas desde hace un año, se retomarán, pero con la novedad de que estarán “supervisadas” —en palabras de Feijóo— por la Comisión Europea, que deberá estar presente en las reuniones entre los dos negociadores de PSOE y PP: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons. La intención del Gobierno es que todos se reúnan ya la próxima semana. Feijóo intentó apartar a Bolaños de las conversaciones, al que acusa de “mentir reiteradamente” al PP en la anterior etapa, pero Sánchez le respondió que la presencia de su ministro es innegociable, y el líder popular ha transigido.

Feijóo propuso a Sánchez la mediación de la Comisión Europea después de que el PP, explicó, haya hecho un “sondeo discreto” en el que ha constatado que la institución comunitaria está dispuesta a ejercer ese papel entre Bolaños y González Pons. Los populares consideran que la persona “adecuada” y “procedente” para desempeñar ese papel es el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la idea es que él esté presente en las reuniones. Al Gobierno no le parece mal y no entra en quiénes deberían ser los mediadores: su objetivo es cuadrar las agendas y que Bolaños y González Pons retomen las negociaciones antes de fin de año. “Estamos encantados”, resumían en La Moncloa sobre la mediación de Bruselas que Feijóo ha propuesto, y los términos empleados, para desencallar las negociaciones.

El líder del PP justificó su propuesta de que la Comisión “supervise” la negociación con el mismo argumento que utilizan los partidos independentistas para defender la presencia de mediadores internacionales en sus conversaciones con el Gobierno: que no se fía de Pedro Sánchez. No obstante, Feijóo defendió que no se puede comparar a la Comisión Europea con los mediadores que han propuesto los independentistas, por tres razones: que la institución comunitaria es una institución “española”, ya que España deposita parte de su soberanía en la UE; que la supervisión se haría “con transparencia” y que, de hecho, la Comisión ya ha estado mediando de alguna manera con sus reuniones con ambas partes, aunque hasta ahora han sido por separado y ahora serían en reuniones a tres.

“Comprendo que hagan similitudes de esta naturaleza. A fuerza de ser sincero, si los socios del Gobierno no se fían del Gobierno, la oposición tiene muy difícil fiarse del Gobierno”, sostuvo Feijóo. “Entiendo sus suspicacias, pero yo pido respeto por la Comisión Europea, que es una institución española. Equiparar la Comisión a un mediador salvadoreño especializado en bandas armadas que es algo en lo que ni los políticos ni los medios españoles podemos caer”, dijo en alusión a Francisco Galindo, el verificador del diálogo entre el PSOE y Junts. “¿Qué mejor que sea la Comisión la que supervise el Estado de Derecho en España?”, reiteró el líder del PP. La portavoz del Gobierno no desaprovechó la ocasión que le brindó el PP tras las críticas de los últimos meses: Alegría destacó en cinco ocasiones, durante su comparecencia, el papel “de mediación y verificación” que ejercerá la Comisión Europea.

“Discapacitados” en lugar de “disminuidos”

El otro asunto que han acordado Sánchez y Feijóo es una reforma constitucional quirúrgica para eliminar el término “disminuidos” de la Constitución y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”. El acuerdo tiene como condición mantener el texto que ya habían consensuado el PSOE y el PP hace meses, y presentar una propuesta de reforma conjunta antes del 31 de diciembre de este año. Además, ambos partidos se comprometen a que solo aceptarán las enmiendas de otros grupos si PP y PSOE están de acuerdo con ellas. En ningún caso se celebrará un referéndum sobre la reforma —algo que podrían solicitar 35 diputados del Congreso— y en enero habrá un pleno monográfico con el único punto de la modificación de ese artículo 49. “Es una reforma social, de justicia y necesaria, que da respuesta a una deuda que nuestro país tenía con las personas con discapacidad y que contará con un gran consenso”, ha destacado Alegría, que ha recordado que Sánchez ya se la planteó a Feijóo en la primera reunión que mantuvieron en abril de 2022.

La reforma del artículo 49 ya se dio por hecha a principios de año. Bolaños y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, llegaron a presentar un texto acordado en una reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), según recuerdan fuentes conocedoras de las negociaciones. Pero el calendario electoral del 28-M y del 23-J truncó esa iniciativa. El PP ha instado al PSOE a que garantice que Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, renuncia expresamente a pedir la convocatoria de un referéndum para esa mínima reforma constitucional. Eso podrían pedirlo 35 diputados (el 10% de los diputados del Congreso); Sumar cuenta con 26 y ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG agrupan otros 31. Los populares temen que esos grupos quieran aprovechar la ocasión para plantear un cuestionamiento mayor de la Constitución a través de un referéndum. Pero se trata de un escenario que las fuentes del Ejecutivo de coalición consultadas rechazan por completo.

Por si las dudas, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha sido tajante este viernes: “La reforma del artículo 49 nos hará un país mejor y debería contar con el apoyo de todas las formaciones políticas. Le pido al señor Feijóo que deje a un lado las excusas y las mentiras y ponga por delante los derechos de las personas con discapacidad”, se ha pronunciado en X (antes Twitter). La primera iniciativa de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, de Sumar, fue una declaración de impulso incondicional a la reforma del artículo 49. “Ampliará los derechos de millones de personas con discapacidad en España. Confío en que salga adelante con celeridad y el apoyo unánime de todos los partidos”, dijo.

La Constitución española de 1978 ha sido reformada solo dos veces, ambas por el procedimiento ordinario. La primera, en 1992, para permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los ciudadanos comunitarios, por exigencia del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. La segunda, en 2011, para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria, durante la crisis económica de 2008.

El líder popular fracasó este viernes, en cambio, en su intento de que Sánchez aceptara frustrar la moción de censura en Pamplona que el PSOE ha pactado con EH Bildu y que se votará el 28 de diciembre, que retirara la ley de amnistía y que revirtiera algunos de los nombramientos que ha aprobado para instituciones, como la Fiscalía General del Estado. Tampoco hubo acuerdo con el sistema de financiación: el modelo vigente se diseñó y aprobó en 2009 y está pendiente de renovar desde 2014. Pese a los profundos desacuerdos entre ambos, al menos el día de la Lotería dejó como premio un primer deshielo.