España fuerza la salida de al menos dos espías de EE UU por infiltrarse en el CNI
El Gobierno protestó ante la embajadora de Estados Unidos por la acción hostil contra el servicio de inteligencia español
El descubrimiento de que dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron sobornados por facilitar información clasificada como secreta a Estados Unidos ha creado una situación inédita entre Madrid y Washington. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, convocó a su despacho tras el verano a ...
El descubrimiento de que dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron sobornados por facilitar información clasificada como secreta a Estados Unidos ha creado una situación inédita entre Madrid y Washington. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, convocó a su despacho tras el verano a la embajadora estadounidense en Madrid, Julissa Reynoso, para pedirle explicaciones por una acción que se considera hostil e insólita entre dos países aliados. También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó a la representante de la Administración Biden en Madrid y le trasladó el malestar del Ejecutivo, según fuentes gubernamentales. Al menos dos agentes estadounidenses destinados en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, implicados directamente en la captación de los espías del CNI, han sido expulsados discretamente de España.
La operación, que culminó hace dos meses con la detención de dos agentes del servicio secreto español comenzó antes del verano, cuando en un control de seguridad del CNI se descubrió que habían accedido a información clasificada que no necesitaban para su trabajo ni estaban autorizados a conocer. La investigación interna confirmó que al menos uno de los agentes, un cuadro intermedio del centro de inteligencia, había sido captado por espías estadounidenses para que les consiguiera información secreta a demanda a cambio de una fuerte suma de dinero. Se trata, según fuentes próximas al CNI, de un jefe de área, una de las secciones que forman parte de la división de inteligencia, mientras que el otro detenido es su ayudante.
Cuando el CNI dio por concluida su investigación, la directora del servicio secreto, Esperanza Casteleiro, denunció los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que a su vez trasladó el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Consideró que esta última era la competente para estudiarlo y, como finalmente hizo, presentó la correspondiente denuncia ante el juez de guardia de los juzgados de instrucción de la plaza de Castilla.
Fue en ese momento, explican las fuentes consultadas, cuando el Gobierno decidió comunicar los hechos de los que había tenido conocimiento a Estados Unidos y trasladarle su protesta. Se trataba de un asunto muy grave, pues la captación de agentes secretos del Estado anfitrión para que traicionen a su propio país se considera una acción abiertamente hostil, que se practica con gobiernos enemigos o adversarios, pero nunca con amigos y aliados. Fuentes de los servicios de inteligencia españoles no acaban de comprender lo sucedido. “¿Para qué tienen que pagar los americanos si les damos todo lo que nos piden?”, se preguntan. La colaboración y el intercambio de información son permanentes, insisten las mismas fuentes, y las ocasiones en que España se niega a compartir una información de interés para Washington “se cuentan entre una y ninguna”.
Las fuentes consultadas explican que, cuando la embajadora Reynoso fue convocada por la ministra Robles, aseguró con toda rotundidad que ella no estaba al corriente de los hechos y que los agentes estadounidenses que habían captado a los espías españoles trabajaban al margen de la titular de la Embajada. Dijo que se trataba de un programa que se puso en marcha antes que llegara a la Casa Blanca el actual presidente Joe Biden y, por razones que desconocía, se había mantenido hasta ahora. Reynoso, agregan las mismas fuentes, pidió disculpas por lo sucedido, que dejaba en una situación embarazosa a la propia Embajada, y prometió la máxima colaboración con la investigación en curso.
Los ministerios de Defensa y Exteriores acordaron la expulsión de al menos dos espías estadounidenses —algunas fuentes aseguran que han sido más— implicados en la captación y compra de los agentes del CNI, que se hizo de manera discreta, ya que Washington se apresuró a retirarlos. Por su parte, el juzgado de instrucción número 22 de Madrid, a quien correspondió la causa por reparto, declaró secretas las diligencias y ordenó la detención de los dos espías denunciados y el registro de sus domicilios. Ambos ingresaron en el módulo de la prisión de Estremera (Madrid) reservado para el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones que cumplen condena o prisión preventiva y que se encuentran aislados del resto de los reclusos. No obstante, el ayudante fue puesto el mes pasado en libertad con cargos, mientras que su superior continúa en prisión.
La detención de este último, según fuentes del CNI, ha causado una fuerte conmoción entre sus compañeros, ya que se trata de un agente muy veterano y ampliamente conocido en el centro. Tanto él como su subordinado están acusados de un delito de revelación de secretos y podrían ser condenados a una pena de entre seis y 12 años de cárcel, según el artículo 584 del Código Penal. Este último castiga al “español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional”.
No es la primera vez que el servicio secreto español denuncia a alguno de sus agentes por traición. En 2007, el CNI denunció al exespía Roberto Flórez, que había trabajado para el centro entre 1992 y 2004, después de que se encontrara documentación clasificada en un local y dos apartamentos de su propiedad en Puerto de la Cruz (Tenerife). También se le incautó de una carta dirigida a los servicios secretos rusos en la que se ofrecía a trabajar para ellos a cambio de un primer pago de 200.000 dólares. Aunque no se pudo probar que la entrega de documentos secretos se hubiera consumado, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó en 2010 a una pena de 12 años de cárcel, que el Tribunal Supremo rebajó posteriormente a nueve.